El Gobierno admite que nunca hizo la auditoría sobre comedores

   En 2024, el entonces jefe de Gabinete Posse aseguró en el Congreso que "casi el 50% de los comedores comunitarios no existían", supuestamente a partir de una auditoría. Esa versión fue replicada por la ministra Pettovello, por Milei y por buena parte del sistema de medios. Con ese argumento, el Gobierno frenó el reparto de millones de kilos de comida que llegaron a pudrirse en depósitos estatales, como reveló El Destape.

   Sin embargo, la diputada Natalia Zaracho pidió formalmente acceder a la auditoría citada por Posse. Ante la negativa oficial, judicializó el pedido y logró un fallo favorable. Finalmente, el Ministerio respondió: "La referencia a auditoría resulta inexistente".

   La admisión figura en la contestación enviada a Zaracho, a la que accedió El Destape. Allí, Capital Humano explicó que lo mencionado por Posse fue una "interpretación gramatical" sobre acciones de control, pero no un informe con los alcances que exige la Ley de Administración Financiera. En otras palabras: no hubo auditoría.

El argumento derrumbado

   En su exposición ante Diputados, Posse fue categórico: "Se hizo una auditoría (…) casi el 50% de los comedores no existían". La frase figura en la versión taquigráfica. Pero lo cierto es que el Gobierno apenas realizó un "relevamiento" entre febrero y abril de 2024 sobre 2.193 espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM), que cuenta con más de 35.000.

   De ese muestreo, 1.161 lugares fueron identificados como comedores o merenderos; 1.032 no fueron reconocidos como tales, aunque las razones eran múltiples: un 33% había dejado de funcionar, en un 25% los datos no coincidían y en un 16% nunca existió un comedor en la dirección declarada. Aun así, el recorte representaba apenas un 6% del total inscripto, lejos del "50% inexistente" con el que el Gobierno instaló el relato.

   Organizaciones sociales señalan además que el relevamiento no fue presencial. "Lo que hicieron fue cruzar formularios, nunca visitaron físicamente los comedores", denunció La Poderosa, que administra más de cien espacios.

Consecuencias del recorte

   El congelamiento del envío de alimentos impactó en miles de barrios populares. Muchas de las inscripciones en el RENACOM, recuerdan referentes sociales, nunca implicaron la entrega de mercadería ni apoyo económico. "Los comedores se sostenían con trabajo voluntario y donaciones. Al cortarse la asistencia estatal, varios cerraron", explicaron desde La Poderosa.

   Juan Grabois, uno de los dirigentes más apuntados por el oficialismo, advirtió entonces que el propio Ministerio había validado al menos la mitad de los comedores, donde debía estar entregando comida. El resto, dijo, fue "mal clasificado" por errores de relevamiento, dificultades de acceso en barrios populares o porque se trataba de comedores que dejaron de funcionar durante la pandemia. Además, subrayó que muchos funcionan en casas de familia y reparten viandas, algo que los funcionarios desestimaron por "falta de infraestructura".

La confesión oficial

  Más de un año después, el Gobierno reconoció lo que negó durante meses: la auditoría nunca existió. La persecución a organizaciones sociales, la estigmatización de comedores comunitarios y el freno en la asistencia alimentaria se apoyaron en una falsedad oficial.