Quieren interpelar a Matkovich por el despliegue en El Impenetrable
Con la firma de doce diputados de la oposición, a los que se suma Andrea Charole, la Cámara de Diputados del Chaco resolvió citar al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, para una sesión especial de interpelación durante la primera semana de septiembre.
Los legisladores buscan algunas respuestas sobre el operativo militar "Ejercicio Libertador 2025", que comenzó a ejecutarse en la provincia, "sin haber sido previamente informado a la Legislatura ni a las comunidades locales".
Los impulsores de la iniciativa expresaron su "profunda preocupación" ante el despliegue de fuerzas que abarca 7,5 millones de hectáreas durante 35 días, según se difundió en medios nacionales y provinciales. El operativo incluye el movimiento de soldados, armamento y logística en una superficie equivalente a casi el doble de los departamentos Güemes y Brown sumados, con epicentro en la región de El Impenetrable.
Uno de los puntos más sensibles es la situación de las comunidades originarias. Representantes y organizaciones del Pueblo Wichí solicitaron informes y una audiencia urgente con el propio ministro, manifestando su "legítima preocupación" frente a la falta de información pública, clara y accesible sobre la presencia de tropas en territorios ancestrales.
El pliego de preguntas que deberá responder Matkovich es extenso. Incluye cuestiones claves, como cuál fue el acto administrativo que autorizó el operativo, bajo qué hipótesis de conflicto se justifica, qué organismos participan y si se realizó la consulta previa, libre e informada a las comunidades, tal como lo establece la legislación nacional e internacional. También se solicitarán precisiones sobre la cartografía oficial del área de despliegue, posibles superposiciones con territorios relevados en el marco de la ley 26160, protocolos de actuación de las fuerzas con los pueblos originarios y medidas de resguardo de sitios sagrados.
Además, los diputados quieren saber por qué la información básica del operativo no se hizo pública, a pesar de los reclamos de las comunidades, qué canales de comunicación institucional existen para que los pueblos afectados eleven consultas o denuncias, y cuál será el mecanismo de control frente a eventuales abusos de autoridad.
