Intervinieron la comisaría de Taco Pozo y removieron a Melchiori
El bochornoso episodio protagonizado por el jefe de la comisaría de Taco Pozo, comisario principal Daniel Melchiori, desencadenó una serie de medidas que buscarán establecer la responsabilidad del uniformado, durante la presencia de médicos , enfermeros y kinesiólogos de Córdoba, que estuvieron asistiendo con la asociación civil "Todos por Todos".
La delegación cordobesa denunció que Melchiori en estado de ebriedad, golpeó al chofer de la asociación civil "Todos por Todos" y detuvo ilegalmente a una médica. En ese sentido, por la tarde del domingo, el gobierno tomó las primeras medidas y dispuso relevar al controvertido comisario y darle licencia.
Quién asume al frente de la dependencia
La Jefatura de Policía de la Provincia del Chaco dispuso la intervención inmediata de la Comisaría Taco Pozo , dependiente de la Dirección de Zona Interior Charata, tras conocerse hechos que podrían afectar gravemente el prestigio de la institución policial.
Según el documento emitido por la Jefatura a cargo de Fernando Romero, los acontecimientos involucrarían tanto a personal superior como subalterno de la unidad, y habrían trascendido a través de medios audiovisuales y redes sociales, generando preocupación en la comunidad y en las autoridades provinciales.
En ese marco, se designó como interventor al Comisario Inspector José Luis Gómez, actual Supervisor de Zona XIV Interior. El funcionario tendrá a su cargo la reorganización administrativa y operativa de la comisaría, con el objetivo de restablecer el orden, la eficacia y la eficiencia en el servicio de seguridad pública.
La disposición establece que Gómez deberá presentar en un plazo perentorio un informe detallado sobre los procesos, servicios, recursos humanos y materiales utilizados, así como sobre el desempeño funcional del personal policial. Además, podrá proponer cambios de destino si lo considera necesario para mejorar la convivencia institucional y la calidad del servicio.
La intervención se fundamenta en la Ley Nº 2011-J de Seguridad Pública, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los ciudadanos mediante acciones preventivas, investigativas y de conjuración de delitos.
