El abstencionismo electoral
Argentina cuenta con una larga tradición de participación electoral, consolidada por la obligatoriedad del voto. Sin embargo, en los últimos años, el país ha experimentado una tendencia sostenida a la baja en la concurrencia a las urnas. Este fenómeno, que refleja un desapego de la ciudadanía hacia el sistema político, plantea interrogantes sobre la salud de la democracia y la efectividad de las políticas públicas.
El voto obligatorio en Argentina fue establecido por primera vez en 1912, con la sanción de la ley 8871, conocida como Ley Sáenz Peña. Esta reforma electoral tuvo como propósito central combatir la apatía cívica de una sociedad marcada por el fraude y la falta de transparencia. La obligatoriedad, en ese sentido, fue concebida como una herramienta para ampliar la participación y fortalecer el sistema democrático. Desde sus inicios, la medida generó fuertes debates. Mientras algunos la defendían como un mecanismo para construir ciudadanía, otros la consideraban una imposición que restringía la libertad individual. Aun así, el sistema se fue afianzando. Un hito clave fue la sanción del voto femenino en 1947, lo que permitió que las mujeres participaran por primera vez en las elecciones nacionales de 1951, alcanzando una participación de 88% del padrón, un récord histórico.
Otro punto culminante ocurrió en 1983, con el retorno a la democracia tras la última dictadura cívico militar. En esas elecciones presidenciales, la participación fue de 85,6%, impulsada por un fuerte clima de compromiso ciudadano. Finalmente, en la reforma constitucional de 1994, el sufragio obligatorio fue consagrado en el artículo 37, que establece que el voto en Argentina es "universal, igual, secreto y obligatorio".
En los últimos años diversos estudios identificaron variables que, de un modo u otro, afectan la predisposición de las personas a participar en elecciones. Entre ellas, se destacan el interés político, la identificación partidaria, el nivel educativo, el contexto socioeconómico y la confianza en las instituciones. La mayoría de las investigaciones señalan que el interés por la política, junto con la simpatía por ciertos partidos, aumenta la probabilidad de participación. Otro aspecto que destacan es que las personas con mayor nivel educativo tienden a votar más, en parte por una mayor comprensión del sistema electoral y sus consecuencias. En cambio, quienes desconfían del sistema político o no ven impacto tangible en su vida cotidiana suelen mostrarse indiferentes o desmotivados.
El capital social también juega un rol importante. Es decir, las personas más involucradas en redes comunitarias o con vínculos sociales sólidos tienen más predisposición a votar, al percibir su participación como parte de una responsabilidad colectiva.
El problema es que, desde 1983, la participación en elecciones presidenciales registró una baja sostenida: de 85,6% en aquel año se pasó a 78,2% en 2003. Si bien hubo una recuperación entre 2003 y 2011, los últimos años marcaron mínimos preocupantes. Por ejemplo, en las elecciones de medio término de 2021, en pleno contexto pospandémico, la participación en las PASO fue de solo 66,2%, y en las generales alcanzó 71%. Las elecciones de 2023 no revirtieron la tendencia: en la primera vuelta presidencial votó 74% del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia para una elección presidencial.
Durante el primer semestre de 2025, el ausentismo se consolidó como un fenómeno estructural. En las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones, la participación fue inferior a 55%, generando alarma entre analistas y estrategas políticos. Hoy, lograr que la ciudadanía vaya a votar se ha convertido en un objetivo de campaña en sí mismo.
¿Cómo se explica este fenómeno? Las causas son múltiples. La más destacada es la "crisis de expectativas": una sensación extendida de que el voto no tiene impacto real en la vida de las personas. A esto se suma un profundo desencanto con la política, percibida como un ámbito autorreferencial y desconectado de las urgencias sociales. La polarización extrema, las campañas poco atractivas y la desinformación también han contribuido a la apatía.
Otro dato que tener en cuenta es que entre los jóvenes y las personas de menores recursos se registran niveles más bajos de participación. En particular, los votantes de entre 16 y 30 años muestran una fuerte distancia respecto al sistema político, lo cual indica un riesgo para la sostenibilidad democrática a mediano plazo. La baja participación pone bajo la lupa la legitimidad de los gobiernos electos. Aunque el sistema sigue siendo formalmente representativo, el desinterés erosiona la base de confianza necesaria para implementar políticas públicas sostenidas.
