Encierro, dudas y reclamos: una madre chaqueña denuncia ser víctima de una causa armada

La mujer, oriunda de Colonia Benítez, asegura que el aparato judicial la encarceló sin pruebas claras y que hoy sigue luchando para que se respeten sus derechos y los de sus hijos.

El caso arranca el 22 de mayo, cuando la denunciante fue privada de su libertad por orden del Juzgado de Familia N°3 de la capital chaqueña. La mujer expresó a NORTE que la medida, tomada supuestamente para proteger a sus hijos, se apoyó en testimonios ambiguos, fotografías de la vía pública y acusaciones de abuso nunca corroboradas. 

"No hay médico forense que confirme lesiones, ni pericias en serio, ni siquiera acceso a Cámara Gesell para mi hija. Y a las menores nadie les hizo un examen físico, pese a que lo pedimos hace más de un mes", señala la mujer, hoy en libertad y representada por el doctor Justo Mencia, abogado oriundo de Colonia Benítez.

La audiencia clave, celebrada en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°3 y encabezada por el juez Juan Pablo Lubary, confirmó tantas dudas como respuestas. Los tres hijos de la denunciante fueron escuchados y, según consta en el acta, los menores sostuvieron que estaban mejor con su familia y no en los espacios de contención alternativos donde terminaron por decisión estatal. 

María asergura que una de las pequeñas dijo ante la Justicia, en  una de las audiencias: "Nunca fui abusada" . Otra relató malos tratos en el hogar N°3, lejos de sus padres y hermanos. El expediente judicial sin embargo mantuvo la medida excepcional de apartar a los chicos del círculo familiar.

La madre dejó en claro que jamás quiso entregar a sus hijos por miedo a que sufrieran abusos en hogares estatales, miedo que la llevó a negarse inicialmente a cumplir la orden.

"Me amenazaron con sacármelos por la fuerza. No sé por qué armaron esta causa en mi contra, quizás porque soy pobre, pero mis hijos me aman", declaró ante las cámaras de NORTE Play. 

Su relato coincide con el de los niños y con la crítica de su abogado, que sostiene que la intervención estatal fue desproporcionada y tardía: "Más de 40 días para un control de legalidad, cuando la ley exige plazos mucho más breves. Además, hay dos niñas con discapacidad que requieren cuidados especiales".

La actuación de la Dirección de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente está hoy bajo la lupa. La familia materna sólo tiene una tía que no puede hacerse cargo de los chicos y nadie de la familia paterna aceptó la guarda temporal, lo que revela la fragilidad estructural detrás de decisiones de alto impacto emocional. Los organismos judiciales insisten en que todo responde a la prioridad del interés superior del niño, aunque las voces críticas cuestionan la falta de pruebas contundentes y la dilación del juzgado para garantizar un proceso ajustado a derecho.

"Estuve dos meses presa sin motivo. Tengo todos los papeles, las libretas, los estudios de mis hijos. Estoy destrozada pero sigo peleando, con la esperanza de que la justicia escuche la verdad", concluyó la denunciante, que desde marzo no puede ver a sus hijos.

La resolución judicial vuelve a declarar la legalidad de la medida que los apartó de su hogar y ordena seguir trabajando con terapias y revinculación progresiva, siempre bajo supervisión. Sin embargo, la herida sigue abierta y el reclamo de la madre resuena con fuerza en el silencio de los pasillos judiciales: que alguien, finalmente, la escuche.

Recuperó la libertad tras falta de pruebas, pero la justicia no la deja ver a sus hijos

Una madre chaqueña recuperó la libertad este mes tras ser detenida por una grave acusación que, finalmente, no logró sostenerse ante la falta de pruebas concretas. Sin embargo, a pesar de dejar el calabozo atrás, la vida de María Ángela Vallejos dio un brusco giro: la justicia le prohibió todo tipo de contacto con sus tres hijos.

María Ángela, de 42 años, madre viuda y ama de casa, fue arrestada en Colonia Benítez en el marco de una causa caratulada como "corrupción de menores agravada y abuso sexual gravemente ultrajante", junto a Ricardo Modesto Fernández. La medida se originó en una denuncia que causó enorme conmoción en la comunidad y que, después de la intervención del Equipo Fiscal N°2, se fue debilitando hasta quedar sin prueba suficiente para sostener la prisión preventiva.

El 15 de mayo por la mañana la policía comunicó oficialmente la salida de Vallejos del encierro, conforme una orden judicial firmada por la jueza Ana González de Pacce. Vallejos, emocionada y todavía asimilando el impacto, se enteró en ese momento de otra dura realidad: la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de sus hijos, además de no poder contactarse ni por teléfono ni por redes sociales. La distancia impuesta se extiende también a sus domicilios, escuelas y cualquier lugar que frecuenten.

"Estoy libre, pero no tengo a mis hijos", declaró María Ángeles a sus allegados, aún bajo la supervisión de la Dirección de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El dolor de la separación se suma a lo vivido durante el proceso judicial, en el que se sintió desamparada y señalada.

La justicia chaqueña mantiene firme la medida, en principio como resguardo preventivo mientras se abordan las recomendaciones de los equipos especializados. Si bien el fallo significa alivio frente al encierro, para quienes conocen la historia de Vallejos la verdadera libertad será, finalmente, poder reencontrarse con sus hijos y recomenzar juntos un nuevo capítulo.

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