Advertencia de una arquitecta sobre el rumbo urbano de Buenos Aires
La arquitecta Bárbara Rosen, directora de Derechos de Acceso en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, no titubeó al describir el panorama urbano actual: "Se rompió el pacto social en la ciudad". Con ello apunta a un modelo de gestión que, según ella, privilegia la especulación inmobiliaria por sobre el bienestar de sus ciudadanos.
Rosen, referente en temas de desarrollo urbano y candidata en las últimas elecciones porteñas, plantea una crítica severa al rumbo que ha tomado Buenos Aires en los últimos años: "En esta ciudad, todo se piensa desde los negocios. Se venden tierras públicas, se otorgan concesiones, se subastan inmuebles. El resultado es una ciudad cada vez más desigual".
Un modelo que profundiza la desigualdad
La arquitecta describe un proceso en el que las decisiones políticas parecen guiadas por la lógica del beneficio económico inmediato y no por un proyecto urbano sustentable. Ejemplos como la venta del predio del Tiro Federal o el intento de privatización del predio de Costa Salguero, ambos terrenos estratégicos sobre la costa del Río de la Plata, ilustran para ella un patrón: "En lugar de recuperar el frente costero para el uso público, se lo propone vender en plena pandemia, cuando era más difícil organizar resistencia ciudadana".
El trasfondo, sostiene Rosen, es un modelo de ciudad que no responde ni a la normativa existente ni a los compromisos establecidos por la propia Constitución porteña. "La ciudad tiene un plan urbano ambiental, tiene una ley que establece cómo debe crecer. Pero no se cumple. El código urbanístico se modificó sin respetar esos lineamientos".
Expansión sin planificación
Buenos Aires, con sus tres millones de residentes permanentes y otros tres millones que ingresan diariamente, funciona como una ciudad metropolitana. Sin embargo, según Rosen, no se la piensa ni se la gestiona como tal. "El transporte, los residuos, las cuencas hídricas... todos esos problemas requieren una visión metropolitana. Y eso hoy no está en agenda".
Rosen también alerta sobre la presión inmobiliaria en zonas como el norte de la ciudad, donde proliferan las torres sin evaluación adecuada del impacto ambiental ni de la infraestructura disponible. "La ciudad niega la naturaleza. Se sigue construyendo donde es más rentable, sin pensar en las napas freáticas, la provisión de agua o la calidad de vida de los barrios".
Patrimonio e identidad barrial en riesgo
Otro de los ejes de su preocupación es la demolición sistemática de inmuebles con valor patrimonial. "Hay un catálogo de edificios protegidos que no se respeta. No todo lo viejo tiene que conservarse, pero tampoco puede demolerse sin criterio. La identidad barrial se diluye cuando todo se homogeniza y se construye sin respeto por el entorno".
El sur postergado y la deuda social
En contraposición al corredor norte, Rosen señala la necesidad de generar incentivos reales para atraer inversión al sur porteño, históricamente relegado. "Con programas de prestigio se puede reequilibrar la ciudad. No es solo construir por construir, hay que generar tejido urbano con acceso a salud, educación, espacios verdes".
Sobre la situación en los barrios populares, no duda: "El Estado se retiró. Estuve en la 1-11-14 y la basura desborda. Hay que entrar con infraestructura, respetando las dinámicas comunitarias. Hay solidaridad, hay tejido social. Lo que falta es decisión política".
Frente al caso paradigmático de la Villa 31, reconoce algunos avances pero también denuncia prácticas violentas. "Hubo demoliciones traumáticas, sin acompañamiento. No se puede trabajar sin escuchar a la gente".
Excepciones que se vuelven regla
Uno de los puntos más graves que señala Rosen es la proliferación de excepciones a las normas urbanísticas. "Los convenios urbanísticos permiten construir más allá de lo permitido. Se vulneran derechos ambientales y urbanos. Y eso genera desigualdad ante la ley: hay quienes deben respetar el código y quienes, con contactos, logran excepciones".
Para Rosen, esta situación refleja la falta de voluntad política para debatir en serio el modelo de ciudad. "Cuando se judicializan estos conflictos, es porque falló la política. La Legislatura debería ser un ámbito técnico, participativo, de construcción de consensos. Hoy es un espacio donde se aprueban negocios".
Hacia un nuevo pacto urbano
Frente a este panorama, la arquitecta aboga por un modelo alternativo. "Queremos construir una ciudad más justa, más humana. Que vuelva a poner lo público en el centro. Donde el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, al espacio verde, no dependa del nivel económico de cada uno".
Y concluye: "Buenos Aires no necesita copiar modelos de otras ciudades. Tiene su propia historia, su identidad, su riqueza cultural. Lo que necesita es recuperar su proyecto de ciudad. Volver a pensarse para todos, no solo para los que pueden pagarla".
