"El Gobierno impulsa una reforma universitaria inspirada en recetas del FMI"

   Bajo el título "La reforma de Capital Humano, el CIN, el CRUP y el FMI: un nuevo ataque al sistema universitario", la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) lanzó una contundente denuncia contra el proyecto impulsado por el gobierno nacional y los consejos rectores universitarios. El comunicado alerta sobre una iniciativa que, según sostiene, busca "desguazar las carreras de grado y el sistema universitario tal cual lo conocemos", en línea con antiguas prescripciones del Fondo Monetario Internacional.

Modelo copiado del FMI y ensayado en los 90

   Según AGD-UBA, el plan se basa en una resolución elaborada conjuntamente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), con el aval del Ministerio de Educación de Javier Milei. La propuesta prevé implementar un sistema de créditos para todas las nuevas carreras de grado y pregrado a partir de 2027, aunque ya se promueve su aplicación progresiva en planes existentes.

   Este cambio, señala el gremio, no es novedoso ni innovador, sino que "exhuma el viejo proyecto menemista", inspirado en modelos como el Plan Bolonia europeo, orientado a la reducción de la duración de las carreras gratuitas y al fortalecimiento de posgrados arancelados. En ese marco, se avanza hacia una mayor precarización del nivel formativo universitario, a la vez que se abren espacios para una expansión del sector educativo privado.

   "En otras palabras, asistimos a un nuevo intento por profundizar la mercantilización de la educación superior, con el guion –otra vez– del Fondo Monetario Internacional", afirma el comunicado.

Más trabajo, menos tiempo para estudiar

   La crítica fundamental de AGD-UBA apunta a que esta reforma ignora la realidad social de la inmensa mayoría del estudiantado. Según datos manejados por el sindicato, el 60% de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trabaja mientras cursa sus estudios. Frente a ello, el discurso oficial insiste en que el problema está en la duración de las carreras, cuando en verdad se trata de una cuestión estructural de acceso, permanencia y condiciones laborales.

   Lejos de ofrecer soluciones reales como más becas o mejor financiamiento estudiantil, el proyecto promete títulos acelerados, pero con menor calidad académica, que formarían profesionales menos calificados, adaptados a las necesidades de un mercado que prioriza la precariedad laboral.

Un ajuste desde adentro

   AGD-UBA también responsabiliza a los rectores universitarios por su complicidad con este plan, destacando que han sido testigos pasivos del deterioro institucional, la caída del salario docente y la expulsión de miles de estudiantes del sistema educativo.

    "Nada nos sorprende de quienes, más allá de alguna declaración de emergencia, asisten impávidos al derrumbe de las universidades", sentencia el comunicado, criticando especialmente la falta de acción frente a la crisis presupuestaria y salarial que afecta al sector docente.

Llamado a la unidad 

   Frente a este escenario, el sindicato convoca a construir un gran frente común entre docentes, estudiantes y no docentes para rechazar lo que consideran una reforma "antieducativa y privatista". Además, plantea que la tercera marcha universitaria en defensa del presupuesto y los salarios debe incluir como eje central esta denuncia y resistencia.

   "Como lo hicimos hace treinta años, tenemos que impulsar un gran movimiento estudiantil, docente y no docente para voltear esta resolución", concluye AGD-UBA, comprometiendo toda su organización a esta lucha.

¿Hacia una universidad de élite?

   Más allá de los discursos oficiales sobre "flexibilidad curricular" e "interdisciplinariedad", la preocupación del gremio docente radica en que esta reforma profundiza una tendencia histórica: concentrar la educación superior en sectores privilegiados, desfinanciar la universidad pública y transformar el conocimiento en un bien exclusivo del mercado.

   En este contexto, la comunidad universitaria argentina se enfrenta nuevamente a una encrucijada: defender la gratuidad, la calidad y el acceso universal a la educación, o aceptar resignadamente una reforma que, bajo el manto de la modernización, repite viejas recetas de exclusión y ajuste.