$3000 millones: una caja manejada por DDHH, suspendida y bajo la lupa

En dicha operación se gastaba más de 3000 millones de pesos anuales "sin ningún tipo de control ni rendimiento de gastos". Los organismos de derechos humanos negaron las acusaciones y afirmaron que la mayoría de los fondos está destinado al pago del sueldo de los 176 trabajadores del predio de la ex ESMA.

"Cortamos con una caja millonaria gestionada por trece organismos de Derechos Humanos, que gastaron $3.359.732.866 anuales de los contribuyentes para mantener el predio de la ESMA, sin fiscalización ni supervisión alguna: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes", informó Cúneo Libarona.

En este sentido, Cúneo Libarona remarcó: "Desde el Ministerio de Justicia iniciamos una auditoría integral para rastrear cada peso que gastaron".

Por último, el titular de la cartera de Justicia subrayó que "estas decisiones son parte de un proceso, que lidera el presidente Javier Milei, para terminar con los privilegios de la casta".

Los organismos de derechos humanos acusados le contestaron en un comunicado asegurando que los fondos suspendidos corresponden al Ente Tripartito que administra el Espacio Memoria de la ex ESMA, integrado por los gobiernos de Nación y Ciudad de Buenos Aires, además de trece organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, que cualquier gasto necesitó la firma de estas tres partes, entre ellas, la firma del secretario de Derechos Humanos de Nación, Alberto Baños.

El otro dato que señalan es que la gran mayoría de los fondos son para el pago de los 176 trabajadores del predio que contiene 35 edificios en su interior, quienes sostienen "las políticas de Memoria, Verdad y Justicia".

El comunicado lo cierran con un pedido al ministro: "Esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal". De mantenerse, pone en riesgo el funcionamiento del espacio de la ex ESMA, hoy patrimonio de la humanidad declarado por la Unesco.