"El STJ y el Consejo hicieron todo para juzgar a la jueza Fanta"

Privilegios es una de las primeras sensaciones que quedaron en el aire al conocerse la decisión de que el juicio contra la jueza del Civil y Comercial 22 de Resistencia, Teresita Fanta, se encamina hacia una destitución por inhabilidad física y se deja atrás su supuesta responsabilidad por maltrato y violencia laboral, que a priori la hubiese privado de acceder a una jubilación.

No fue fácil llegar a la instancia de sentarla como acusada, Fanta hizo lo imposible con dilaciones procesales y recusaciones a los integrantes del Consejo de la Magistratura.

NORTE dialogó con el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, que si bien es parte del órgano que designa y remueve jueces y fiscales se excusó del juicio contra Fanta porque fue uno de los denunciantes de la magistrada.

"El Superior Tribunal y el Consejo de la Magistratura hicieron todo para juzgar a la jueza", señala para marcar que es política de la Corte provincial promover entornos laborales saludables y habilitar los canales institucionales, mediante oficinas específicas las posibilidades de denuncias por presuntos violencia hacia subordinados como ocurrió con Fanta.

En ese sentido, recordó que fue el Superior el que instruyó a la Procuración para que presente la acusación al Consejo, se evalúe y para sustanciarse el juicio, lo que llevó a que la primera medida que se tomara contra la magistrada fue el inicio de un sumario y apartarla provisoriamente del cargo.

"Nosotros junto con la ministra Emilia Valle y el procurador Miguel Fonteina, que actuó como subrogante somos los denunciantes", rememora Del Río como el hecho que marcaba el posicionamiento de la Corte con el asunto.

DISCAPACIDAD Y JUBILACIÓN

Fanta estaba con licencia médica hace un tiempo prolongado, mientras se investigaba su responsabilidad por supuesto maltrato, pero cuando el jury parecía inevitable avanzó con un pedido de jubilación por invalidez.

La legislación sostiene como regla general que, sobre la base de un nomenclador, quien lo pide tiene que tener un grado de incapacidad que llegue a 66% de lo que se evalúe. Tanto para la Justicia como para el Insssep no superaba 40 %.

Pero toda ley tiene excepciones a la regla general y entonces el ente de la seguridad social entendía que le comprendía la posibilidad de una readecuación de tareas de acuerdo a las capacidades que profesionales señalaban que le quedaban. En STJ entendieron que era imposible porque ya había un jury en marcha.

Lo que ocurrió el jueves fue que la parte acusadora desistió de la acusación de maltrato y ante la decisión de Fanta de allanarse a la acusación de inhabilidad fue por ese carril.

Así, a fines de 2023 en el Insssep le denegaron avanzar con el trámite jubilatorio. Fanta apeló y en abril de 2024 el actual Directorio entendió que lo que resolvieron antecesores no era lo correcto y que si no le asignaban nuevas tareas correspondía la baja por jubilación.

Así, ¿qué hubiera pasado si se la destituía el jueves por maltrato laboral y no por inhábil con una venia para jubilarse por invalidez? Lo más probable es que Fanta hubiera apelado con grandes posibilidades de un resultado favorable con el argumento de que tenía un derecho adquirido.

Ahora restará saber lo que ocurrirá el próximo 29 de abril, la fecha en la que volverá a sesionar el Consejo de la Magistratura y la que dictará la sentencia contra Fanta, pero por lo ocurrido hace 48 horas, se descuenta que sea destituida.