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Repercusiones de la represión en el Congreso

El gobierno buscará el juicio político contra la jueza que liberó a los detenidos

Los arrestados fueron detenidos bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad. La magistrada consideró que debe haber acusaciones concretas y pruebas, pero no detenciones aleatorias.

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   En este contexto, el gobierno de Javier Milei criticó duramente a Andrade por su "defensa de los delincuentes violentos", y advirtió que avanzará en el juicio político contra la jueza por "posible incumplimiento de sus funciones".

   El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el operativo represivo ordenado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y cuestionó a la jueza que liberó a más de 100 detenidos. "Así es difícil combatir la violencia", dijo.

   Francos sostuvo además que "el kirchnerismo" intentó promover "una especie de golpe de Estado" en la plaza del Congreso durante la marcha de los jubilados del miércoles. El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Radio Mitre: "Sin duda que detrás de esto están el kirchnerismo, La Cámpora, los movimientos políticos que gobernaron el país en las últimas décadas".

   Francos consideró: "No encuentran un elemento para poder cuestionar a un gobierno que está dando soluciones y con el que la mayoría de los argentinos está de acuerdo, después del desastre y el desorden heredado. Buscan este camino, que es desestabilizar a partir del uso de la violencia y la represión policial, que es lo que corresponde para mantener el orden".

   Francos criticó a la jueza, Karina Andrade: "Lo que debería funcionar es la aplicación de la ley con más dureza. En pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos no se puede aplicar la flagrancia, porque si no se vulneran los derechos de los detenidos. Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia organizada de sectores extremos en el país, porque en definitiva la Justicia los libera rápidamente".

El fallo de la jueza

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   La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante la manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional el miércoles. En su fallo, la magistrada argumentó que la información proporcionada por las fuerzas de seguridad sobre las detenciones era "imprecisa y deficiente", lo que dificultaba su labor judicial. Señaló que "no se brindaron detalles específicos sobre la hora, lugar y motivos de las detenciones, ni sobre los delitos imputados" a los manifestantes.

    En respuesta a las críticas del gobierno, la jueza Andrade resaltó que "ninguna de las personas detenidas había sido acusada de portar armas de fuego, causar lesiones o incendiar bienes públicos". 

   Además, Andrade destacó la importancia de "proteger derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la manifestación en democracia". Subrayó que los adultos mayores son "uno de los sectores más vulnerables de la sociedad" y que la protesta estaba vinculada con la defensa de sus derechos. 

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