Clima de época

La reciente Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) puso sobre la mesa una cuestión preocupante: el uso de términos obsoletos y ofensivos para clasificar a las personas con discapacidad intelectual en evaluaciones médicas para acceder a pensiones por invalidez laboral. Las expresiones "idiota", "imbécil" y "débil mental", empleadas en el Anexo I de la norma, han provocado una avalancha de críticas por parte de organizaciones sociales, familiares y expertos, quienes señalan que el uso de esta terminología no solo es un desliz, sino un reflejo de una mentalidad retrógrada que, a pesar de los avances en derechos humanos, sigue vigente en quienes toman decisiones en la administración nacional.

La Casa Rosada, ante el rechazo generalizado, reconoció que se trató de un "error" derivado de la utilización de conceptos obsoletos, y prometió modificar la resolución. Sin embargo, el daño ya está hecho. El uso de términos tan despectivos, aún en el contexto de una intención aparentemente no discriminatoria, revela una peligrosa desconexión con los avances sociales, culturales y científicos de las últimas décadas. No estamos hablando de una simple cuestión de lenguaje: lo que está en juego es la perpetuación de prejuicios y la vulneración de la dignidad de un colectivo históricamente marginado.

La crítica no se limita a la elección de las palabras en sí, sino al clima de época que genera este tipo de normativas. La utilización de un lenguaje tan violento no es casual. Forma parte de una corriente subyacente que persiste en algunos sectores de la sociedad y que tiene su raíz en concepciones arcaicas sobre la discapacidad. Términos como "imbécil" e "idiota" fueron parte de la nomenclatura médica hace más de un siglo, pero han sido desterrados hace más de 70 años en favor de una comprensión más inclusiva y respetuosa de las diversas capacidades humanas.

Al recurrir a estas expresiones, la ANDIS no solo contradice el espíritu de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina en 2008, sino que también abre una puerta peligrosa: la normalización de discursos que podrían alentar la intolerancia y la exclusión. La sociedad argentina, como muchas otras en el mundo, ha avanzado considerablemente en términos de integración, respeto y derechos para las personas con discapacidad. Sin embargo, el uso de terminología obsoleta puede socavar estos avances y, más aún, podría desencadenar un retroceso en la lucha por la igualdad.

El "clima de época" al que nos referimos aquí no es una casualidad, sino una conjunción de factores sociales, políticos y culturales que favorecen la desinformación, el desdén y la exclusión. En este caso, el lenguaje utilizado en la Resolución 187/2025 refleja cómo una normativa, incluso sin intención explícita de discriminar, puede contribuir a afianzar una concepción del otro como inferior, en este caso, de las personas con discapacidad intelectual. De alguna manera, este tipo de medidas no solo pone en cuestión los derechos de las personas afectadas, sino que también pone de relieve una falta de conciencia crítica sobre los avances logrados en materia de inclusión.

El debate sobre este tipo de lenguaje es fundamental porque tiene implicancias más allá de la simple corrección gramatical. Se trata de cuestionar si en nuestra sociedad existe un compromiso real por derribar barreras invisibles que siguen separando a las personas con discapacidad del resto. El riesgo, por tanto, no es solo que algunas categorías médicas queden desfasadas, sino que los perjuicios construidos a lo largo de la historia, lejos de ser erradicados, resurjan como una sombra que vuelva para atrás los avances logrados.

Argentina ha sido pionera en la ratificación de convenios internacionales y en la promulgación de leyes que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad, como la Ley 26.378, que adhiere a la Convención de la ONU. Sin embargo, cuando se siguen utilizando términos como los mencionados en documentos oficiales, se envía un mensaje contradictorio: uno que no solo es inconsistente con los principios que se han adoptado, sino que también abre las puertas a prácticas discriminatorias.