Violentos allanamientos a comunidades mapuche en Chubut
En una escalada de tensiones sin precedentes, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales llevaron a cabo una serie de violentos allanamientos en la madrugada de este miércoles contra comunidades mapuche en Chubut y Corcovado.
Los operativos, denunciados por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) como una "cacería contra el pueblo mapuche", han suscitado fuertes críticas por la criminalización de las comunidades indígenas y las presuntas violaciones de las garantías constitucionales e internacionales de derechos humanos.
Allanamientos, detenciones e incautaciones
Según el SERPAJ, los allanamientos se llevaron a cabo simultáneamente en varios lugares, entre ellos las comunidades de Lof Canio (El Maitén), Pillan Mawiza (Corcovado), Catriman Colihueque, Nahuelpan y la radio comunitaria mapuche Petu Monguelein en El Maitén. Durante los operativos, las autoridades confiscaron celulares, computadoras, herramientas y otras pertenencias. En Pillan Mawiza, Victoria Dolores Fernández Núñez, integrante de la comunidad, fue detenida y trasladada a una comisaría de Esquel.
SERPAJ calificó las acciones como desproporcionadas y violentas, enfatizando que los allanamientos ocurrieron sin diálogo previo con los líderes comunitarios ni respeto por los protocolos indígenas. "No se trata de justicia, se trata de persecución. El brazo armado del Estado ha venido a aterrorizar a las comunidades que han vivido en estas tierras durante generaciones", afirmó la organización.
Persecución sistemática
El grupo de derechos humanos condenó los allanamientos como parte de una estrategia más amplia para desplazar a las comunidades mapuche de territorios codiciados por intereses financieros. "Detrás de estas acciones se esconden poderosos actores económicos que buscan explotar las tierras indígenas", afirmó SERPAJ, vinculando los operativos a disputas históricas por los recursos naturales, la propiedad de la tierra y los recientes incendios forestales en la región.
La organización acusó a los gobiernos de Chubut, Río Negro y a la administración nacional argentina de "estigmatizar y amenazar" a las comunidades mapuche a través de campañas mediáticas y acoso judicial. "Repiten mentiras hasta que la sociedad comience a creerlas, enmascarando el verdadero objetivo: borrar la presencia indígena de territorios ricos en agua, minerales y bosques", se lee en el comunicado.
Violaciones legales y de derechos humanos
SERPAJ enfatizó que los allanamientos violan tanto la Constitución argentina como los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos marcos garantizan a las comunidades indígenas el derecho a la consulta, la integridad cultural y la protección contra la discriminación.
"Los hechos de hoy muestran que las autoridades están actuando en oposición directa a sus obligaciones bajo la ley de derechos humanos. El racismo y la discriminación cultural están impulsando estos abusos", declaró el grupo, instando a los funcionarios judiciales a detener los esfuerzos de criminalización y garantizar procesos legales culturalmente sensibles.
Una historia de conflicto
Las comunidades mapuche de la Patagonia han resistido durante mucho tiempo la invasión territorial por parte de las industrias extractivas, la agroindustria y las empresas turísticas. Las tensiones se han intensificado en los últimos años, con enfrentamientos por títulos de propiedad, destrucción ambiental y acusaciones de incendios provocados. Los líderes indígenas argumentan que el Estado favorece los intereses corporativos por sobre los derechos ancestrales, una afirmación compartida por SERPAJ: "Cuando la justicia se convierte en una herramienta para los poderosos, abandona su deber de proteger la vida y la dignidad".
SERPAJ llamó a la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales a exigir rendición de cuentas. "Hacemos responsables a las autoridades judiciales y políticas de la seguridad de los pueblos indígenas y de la violencia racista desatada hoy", afirmaron, instando a la liberación inmediata de los detenidos y la restitución de los bienes confiscados.
Al cierre de esta edición, las autoridades provinciales y nacionales no han emitido declaraciones públicas sobre los allanamientos. Mientras tanto, las comunidades mapuche y sus aliados planean protestas para exigir el fin de lo que describen como una "guerra colonial" contra su pueblo.
Los acontecimientos en Chubut ponen de relieve una crisis cada vez más profunda en el reconocimiento de los derechos indígenas en Argentina, una crisis en la que la justicia, para muchos, parece llevar la máscara de la opresión.
