Buscan endurecer las penas para conductores alcoholizados que generen daños o lesiones

En un escenario de alta siniestralidad, producto de deficiencias en la infraestructura vial, pero también de aspectos nocivos en la conducción de todo tipo de vehículos (entre las que el consumo de alcohol es muy habitual).

Ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que propone modificar el Régimen de Tránsito y Seguridad chaqueño para endurecer las penas a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y generen siniestros viales.

Las multas previstas en la normativa vigente para estos casos, que ahora podrían ser profundizadas, pueden superar los 6 millones.

La iniciativa tomó estado parlamentario y se abordará cuando la Legislatura inicie el período ordinario.

El proyecto lleva las firmas de los legisladores de la oposición Tere Cubells, Analía Flores, Mariela Quirós, Rubén Guillón y Nicolás Slimel, quienes consideran que es necesario sancionar "de manera más efectiva las infracciones relacionadas con el consumo de alcohol al volante".

LAS NUEVAS PAUTAS

La modificación propuesta para el artículo 83 dispone variante para las sanciones por infracciones de cumplimiento efectivo, que no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso. En este caso, el texto establece que cuando se produzcan "daños a inmuebles y/o rodados y/o infraestructura pública y/o lesiones a las personas cuando el conductor/a tuviere más alcoholemia que 0 miligramos por litro de sangre", el conductor "deberá cubrir el 100% de los gastos que el incidente genere".

En tanto, en el artículo 84 se determina el valor de las multas. En este caso, el nuevo texto propuesto por los legisladores estipula que "se considerará agravante cuando el conductor que se encontrare alcoholizado fuere funcionario público o trabajador en relación de dependencia estatal, la multa se elevará al doble".

También se establecerá un mecanismo de reducción de puntos aplicable a la Licencia Nacional de Conducir, con base en los principios de la ley vigente.

El objetivo es "garantizar sanciones efectivas y proporcionales, que incluyan no solo multas económicas, sino también la responsabilidad directa de los infractores para cubrir los daños materiales y personales ocasionados", según los autores del proyecto.