Las Fuerzas Armadas ya están habilitadas para la represión interna
Amplían las facultades del Ejecutivo para determinar los "objetivos estratégicos" y las organizaciones que el gobierno califique como "criminal o terrorista" sobre las que actuarán.
El gobierno nacional publicó un decreto que amplía las facultades del Ejecutivo para definir discrecionalmente los "Objetivos de Valor Estratégico" y asignar a las Fuerzas Armadas su custodia, permitiendo su intervención en la seguridad interior. Firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, el decreto habilita el uso de las FFAA en situaciones de "conmoción interior" o conflictos interpretados como amenazas, más allá de la restricción previa de intervenir solo ante amenazas extranjeras.
Esta medida refuerza el carácter represivo del Estado, permitiendo que las Fuerzas Armadas actúen contra movilizaciones sociales, reclamos de tierras de pueblos originarios, piquetes y otros conflictos internos, lo que podría restringir aún más las libertades democráticas.
El gobierno nacional emitió un decreto que permite al Ejecutivo definir discrecionalmente los "Objetivos de Valor Estratégico" y enviar a las Fuerzas Armadas para su custodia, habilitando su intervención en asuntos de seguridad interior. Firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, la medida amplía el alcance de la Ley de Defensa, que limitaba la actuación de las FFAA a amenazas extranjeras, incluyendo ahora conflictos internos y actores nacionales o transfronterizos.
Esto podría derivar en el uso de las FFAA contra movilizaciones sociales, piquetes y reclamos de derechos, lo que representa un refuerzo represivo y una posible restricción de las libertades democráticas.
Gabriel Solano, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, denunció la avanzada represiva señalando que "el término ‘amenaza’ también queda a libre interpretación del gobierno, pudiendo recurrir en esos casos a las Fuerzas Armadas para la represión interna. Concretamente, Milei podrá dictar un estado de sitio de hecho sin pasar por el Congreso".
"El gobierno justifica esta política represiva con el combate del terrorismo y el narcotráfico" como pretexto, sin embargo se ha dedicado sistemáticamente a perseguir activistas y luchadores durante su primer año de mandato, con más de 100 allanamientos a comedores populares y un sinfín de represiones que contrastan con lo obrado contra el crimen organizado", observó Solano.
Violeta Gil, dirigente de Política Obrera en Salta, afirmó que "Con estas medidas el gobierno también busca liberar a los gendarmes a mando de Bullrich para extender su empleo en la represión interior, con saldos como el reciente asesinato de un trabajador de frontera en Orán"·.
"Este gobierno viene avanzando con fuerza contra las libertades democráticas, con su Protocolo Antipiquetes y la criminalización de la protesta social como bandera. Ahora, con esta medida, se pretende igualar las políticas de los gobiernos militares contra las libertades individuales y democráticas", dijo Gil.
El presidente Javier Milei, junto con los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, firmó un decreto que habilita la "cooperación interinstitucional", permitiendo al Ministerio de Seguridad solicitar apoyo de policías provinciales y Fuerzas Armadas para proteger "objetivos de valor estratégico". Además, el Ejecutivo podrá determinar discrecionalmente cuáles serán esos objetivos.
El decreto amplía el alcance de las Fuerzas Armadas, que antes solo podían actuar frente a amenazas extranjeras, para intervenir también contra actores "paraestatales o criminales" que el gobierno considere peligrosos, incluyendo organizaciones nacionales calificadas como terroristas o criminales. Esta medida refuerza un enfoque represivo que busca otorgar mayor protagonismo político y operativo a las Fuerzas Armadas, aunque enfrenta resistencias internas dentro de los mandos medios, reticentes a actuar sin garantías legales.
Patricia Bullrich ha buscado vincular recurrentemente movilizaciones populares con terrorismo, estrategia que ha generado conflictos diplomáticos y un rechazo generalizado. Paralelamente, el gobierno eliminó el Ministerio de Derechos Humanos y sus programas, alineándose con políticas internacionales belicistas y de control social, lo que refuerza un modelo autoritario.
