El freno a Insfrán
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de bloquear un nuevo intento de Gildo Insfrán por perpetuarse en el poder en la provincia de Formosa ha generado un intenso debate sobre la calidad institucional y la salud de nuestra democracia. Insfrán, que gobierna Formosa desde 1995, desafió abiertamente la resolución del máximo tribunal, minimizando su importancia y mostrando una preocupante disposición a ignorarla. Este episodio no solo pone en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial, sino que también subraya los peligros de la eternización en el poder en cualquier estado democrático.
La Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa, que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador. Este fallo histórico responde a un amparo presentado por la Confederación del Frente Amplio Formoseño, que argumentaba que la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes y conspira contra la finalidad propia del Estado de Derecho. Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz coincidieron en que las provincias deben respetar los límites establecidos por la Constitución Nacional y que la reelección ilimitada fomenta la personalización del poder, debilitando el sistema de frenos y contrapesos.
Sin embargo, la reacción de Insfrán ha sido desafiante y preocupante. En un acto público, el gobernador peronista afirmó que "ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante, el pueblo de Formosa va a elegir". Esta declaración no solo relativiza el valor la resolución de la Corte Suprema, el tribunal más importante de nuestra nación, sino que también sugiere una disposición a ignorarla. Insfrán afirmó que cumplirá con el fallo, pero sus palabras y acciones indican lo contrario. La Legislatura formoseña aprobó en octubre un proyecto de ley para reformar la Constitución provincial, lo que permitiría a Insfrán presentarse nuevamente en 2027 y 2031.
La actitud del gobernador es reprochable por varias razones. En primer lugar, desafiar abiertamente una resolución de la Corte Suprema socava la autoridad del Poder Judicial. Más aún considerando su investidura y rol institucional. Cuando un líder político ignora o minimiza las decisiones judiciales, se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita la democracia.
En segundo lugar, la perpetuación en el poder es un síntoma de mala calidad institucional. La alternancia es un componente crucial de cualquier sistema democrático, ya que garantiza que ningún individuo o grupo pueda acumular demasiado poder y fomenta la rendición de cuentas. La reelección indefinida, por el contrario, tiende a concentrar el poder en manos de unos pocos, lo que puede llevar a prácticas autoritarias y a la corrupción. La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos de líderes que, al perpetuarse en el poder, debilitaron o volvieron insignificantes las instituciones democráticas y llevaron a sus países a crisis políticas y económicas.
El caso de Formosa es un claro ejemplo de cómo la ambición personal puede afectar negativamente la calidad institucional. Insfrán gobierna la provincia desde hace casi tres décadas, consolidando un sistema político caracterizado por el clientelismo y el control del empleo público. Es verdad que mantuvo un fuerte apoyo en las urnas, notable por la perdurabilidad de su crédito popular, pero la oposición viene denunciando falta de transparencia y concentración de poder. La reciente decisión de la Corte Suprema es un intento de poner fin a su ciclo y promover la alternancia en el poder.
La situación es un buen caso testigo para medir el grado de calidad institucional en el país. A la vez, más allá de los rasgos particulares, la situación repite características, circunstancias y rasgos que se repiten mucho en la mayoría de las provincias y en el orden nacional. El común denominador es la existencia de liderazgos que priorizan lo personal y sectorial por sobre lo colectivo, e instituciones débiles que se acoplan a los intereses de quienes detentan el poder, más una ciudadanía inclinada a subestimar lo nocivo de tales situaciones.
