Un problema sin lugar para medias tintas

El narcotráfico no es solo un desafío para las fuerzas de seguridad. Es un problema complejo que impacta a la sociedad en múltiples frentes. La violencia que genera, la corrupción que engendra y el deterioro del tejido social son síntomas claros de un mal que se arraiga en la falta de acciones decisivas y coordinadas. Hasta ahora, hemos visto esfuerzos aislados y puntuales, como en el caso de Rosario, pero lo que realmente se necesita es un abordaje federal que abarque todo el territorio nacional y priorice las principales concentraciones urbanas, como el Gran Resistencia y Sáenz Peña en el Chaco. Pero ni siquiera eso basta, porque el negocio de las adicciones a estupefacientes se metió hasta en parajes que antes asociábamos con la calma pueblerina desprovista de preocupaciones por este tipo de flagelos.

Uno de los aspectos más alarmantes del problema es la forma en que el poder narco puede infiltrarse y corroer las instituciones públicas. La experiencia de otros países de la región nos muestra que cuando el narcotráfico no es enfrentado con determinación y coherencia, termina por erigirse como un poder paralelo que trafica y mata impunemente, desafiando la autoridad y la legitimidad del gobierno, y aprovechando  cada fisura del sistema. México, Colombia y Brasil son claros ejemplos de cómo la falta de una política integral a tiempo y de un compromiso decidido pueden llevar a situaciones donde los cárteles de la droga operan con una impunidad casi absoluta, generando caos y violencia en sus comunidades, erigidos como Estados paralelos que dominan porciones de territorio como si fuesen verdaderas fuerzas de ocupación.

En Argentina, es imperioso que el gobierno nacional asuma un rol de liderazgo en la formulación y ejecución de una política integral contra el narcotráfico, algo que no ha sucedido en las gestiones anteriores, trayéndonos a este presente inquietante. Esa política debe ser el resultado de un consenso institucional amplio, que involucre a todos los actores relevantes: las provincias, el Poder Judicial y los legisladores. La coordinación es clave para asegurar que las acciones emprendidas sean efectivas, evitando las brechas que pueden ser explotadas por las organizaciones criminales.

Además de la coordinación, es fundamental endurecer las penas para los delitos relacionados con el narcotráfico. Las leyes deben ser revisadas y actualizadas para reflejar la gravedad de estos crímenes y disuadir a aquellos que se ven tentados a entrar en el mundo de la droga. Pero las sanciones más severas deben ir acompañadas de una mejora significativa en la capacidad de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial para investigar, perseguir y condenar a los responsables de estos delitos. La capacitación, el equipamiento y la integridad de las fuerzas de seguridad son pilares esenciales en esta lucha. También el fortalecimiento de mecanismos de control que depuren los estamentos corrompidos que operan como cómplices de las bandas.

El enfoque integral no debe limitarse a la represión. Es igualmente vital abordar las raíces sociales y económicas del problema. La pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social, las debilidades del Estado, son caldo de cultivo para el crecimiento del narcotráfico. Programas de desarrollo social, educación y empleo son necesarios para ofrecer alternativas a quienes podrían verse seducidos por la promesa de riqueza rápida que ofrece el tráfico de drogas.

Asimismo, la prevención y el tratamiento de las adicciones deben ser componentes de esta política global. La demanda de drogas es el motor principal del narcotráfico, y sin una estrategia efectiva para reducirla cualquier esfuerzo será insuficiente. Los programas de prevención deben dirigirse especialmente a los jóvenes, con campañas de concienciación y educación que promuevan estilos de vida saludables y alejados de las drogas. Paralelamente, se debe garantizar el acceso a tratamientos efectivos y dignos para quienes ya han caído en la adicción.

Se trata de una guerra que requiere, en primer lugar, de tomar conciencia de que el tema no es un asunto más en la agenda pública. Se juega en ella hasta el futuro de nuestra democracia, porque están de por medio la salud de nuestros jóvenes y la seguridad de todos.