Pide el inicio del juicio al autor de abusos cometidos cuando ella tenía tres años

El 5 de abril de 2021 Jarumi Nishishinya denunció ante la Justicia una serie de abusos sexuales que comenzaron cuando tenía tan solo tres años de edad. Al imputado se identifica como el "tío Luis" e involucra un periodo que empezó en 1982 y se extendió hasta 1985.

Buena parte de las demoras se deben a reparos interpuestos por la defensa del acusado y "por un Poder Judicial que demora en responder a grupos vulnerables", explicó a NORTE Nahir Barud, abogada de Nishishinya.

Para conocer los pasos que fue teniendo el caso aporta una cronología que ayuda también a comprender aspectos técnicos.

El recorrido 

Después de la denuncia presentada en 2021, en noviembre del mismo año pidió ir a juicio. Un mes después se remitió el expediente a la Cámara Primera del Crimen y el 2 de agosto de 2022 se fijó la fecha tentativa del 26 de octubre. Ese día se reprogramó para el 13 de febrero de 2023 y luego para junio de ese año.

En septiembre de 2023 la defensa del imputado planteó que lo denunciado prescribió y en noviembre, con el rechazo del tribunal, acudió al Superior Tribunal de Justicia, con un recurso de casación. En junio de 2024 el STJ rechazó el planteo por inadmisible, es decir que no correspondía interponer ese recurso, y en agosto la defensa insistió con un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de la Nación diga si prescribió o no el caso.

El 27 de septiembre la sala penal del Superior Tribunal dio por cerrado el plazo para debate y pruebas, que en lenguaje judicial se denomina "autos para sentencia". Y la novedad más cercana llegó un día antes de la entrevista con NORTE: el 28 de noviembre el STJ rechazó el recurso extraordinario federal. A partir de esa fecha la defensa cuenta con 10 días hábiles para insistir en su pedido de que el delito está prescripto, interponiendo un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Las demoras

Barud agrega que el recurso federal al no tener un efecto suspensivo admite que el proceso judicial que ella reclama pueda seguir adelante. Además un trámite de ese tipo, ante la Corte Suprema de Justicia, puede llevar varios años.

También menciona otros elementos que con el paso del tiempo generan nuevas demoras, por ejemplo cambios en la integración del tribunal o de otros actores del proceso. De hecho menciona que sucedió con la salida de la jueza Liliana Puppo y el ingreso del juez Héctor Sandoval; el tribunal está conformado actualmente por Glenda Vidarte, Natalia Kuray y Sandoval.

En tanto, que el rol de fiscal de la causa que desempeñaba Jorge Gómez (actual ministro de Gobierno) hoy lo desempeña una fiscal. Sobre esos cambios, la abogada explica que a cada persona le lleva tiempo para estudiar y conocer detalles de la causa. "Todos esos movimientos pueden implicar más demoras de agenda y también por los recursos que requieren otros casos penales, como el de Cecilia Strzyzowski", indica.

Impunidad biológica

Además se detiene en un aspecto más amplio: que pese a denunciar un caso de violencia en la infancia o de género, la persona que lo sufrió después se encuentra "con una demora irrisoria". En cuanto a la prioridad de otras causas admite que si bien se entiende que los casos con personas detenidas están antes porque hay tiempos para la privación de libertad, como también en los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, pero se corre el riesgo de llegar a una impunidad biológica. Esta expresión refiere, para un denunciante, a la posibilidad de deceso del imputado.

"Más allá de que en este caso es una persona que aparentemente goza de buena salud, las personas se mueren. Y no queremos que pase lo mismo que en el caso Alvarado - Pacce, donde uno de los imputados quedó excluido del juicio porque falleció y la única condenada al día de hoy no tiene sentencia firme por un recurso que también está sujeto a decisión de la Corte", describió.