El gobierno quiere vender 27 mil hectáreas de 22 campos experimentales del instituto 

   (Por Matías Longoni *) – Pero hay un punto de ese proyecto libertario para el INTA todavía más extremo, ya que el gobierno de Javier Milei planea poner "a diponibilidad" de la AABE, la Administradora de Bienes del Estado, un total de 27 mil hectáreas de tierras productivos en más de 20 centros experimentales de todo el país, de aquí a 2027. El objetivo es venderlas.

  "Disponibilizar" los campos del INTA podría implicar en el corto plazo la venta de esas propiedades o la posibilidad de arrendarlas a un tercero a cambio de un canon. En todos los casos, lo que se modifica desde la situación actual es que la plata obtenida no quedará dentro del INTA para cubrir gastos de funcionamiento (hoy existen cooperadoras que utilizan los fondos recaudados para el mantenimiento de las experimentales), sino que serán absorbida directamente por el Tesoro Nacional. Es decir que la decisión es realizar un gran negocio inmobiliario a partir de los campos en poder del Instituto.

   La AABE ya puso a prueba la resistencia de la comunidad "inteana" al avanzar en la venta de un campo del INTA Cerrillos (Salta) y del histórico edificio de Cerviño 3101, en CABA. Pero su plan es mucho más ambicioso y en una primera etapa involucra a 22 campos experimentales, que ya han sido mensurados y puestos a consideración de las autoridades. Muchos se relamen.

   Del documento interno y "confidencial" surge con claridad que perderán el control y manejo de sus terrenos varias de las Estaciones Experimentales más emblemáticas del INTA, como la de Balcarce, Pergamino, Concepción del Uruguay, Rafaela, Hilario Ascasubi, Anguil, San Pedro, Reconquista, Junín de Mendoza, etcétera. Además, en esta primera etapa del plan oficial se prevé la venta del edificio que posee el organismo en Esquel, en Chubut.

   En total, esta lista de 22 experimentales y campos forestales se despliega sobre 30.874 hectáreas, de las cuales pasarían "a disponibilidad" de la AABE el  87,5% del total, es decir unas 27.019 hectáreas. Como "reserva" del propio instituto de investigación quedarían apenas 3.990 hectáreas.

   El proyecto de desguace es explícito y fue bautizado como "Plan de Acción Comercial Propuesto según superficies a disponibilizar". En el caso de Medianos y Grandes Campos, se propone directamente la "venta en subasta pública". Para lo que queda del año 2024 la idea es llevar adelante el "desarrollo de tramitaciones tendientes a la evaluación técnica, desafectación y obtención de autorización del PEN para enajenar los inmuebles". A partir de 2025, se procederá al "desarrollo de operaciones de subasta pública de los inmuebles, continuando en forma semestral con el mismo proceso".

   En una segunda categoría de "pequeños, medianos y grandes campos", la estrategia oficial incluye la "concesión de uso por un plazo de una campaña agrícola renovable y posterior venta por subasta pública". En este caso, después del papeleo se propone para el primer semestre de 2025, la "evaluación progresiva de los campos licitados en 2024 para incorporar a procesos de venta, en forma conjunta con en el desarrollo de licitaciones públicas nacionales tendientes a otorgar la concesión de uso para explotación agropecuaria de otros campos".

   En definitiva, la intención del programa es que esas más de 27 mil hectáreas pasen finalmente a manos privadas. De hecho, en el catálogo de campos -y como dato tentador para los posibles compradores, se pone la distancia de cada predio al puerto más cercano.

   Este es el listado completo de campos del INTA que ingresarán a este proceso en la primera etapa.

   El documento "confidencial" establece claramente que esta será una primera etapa e incluye, en ese sentido, un largo listado de "otros campos del INTA" que podrían correr la misma suerte y que abarcan cerca de 100.000 hectáreas adicionales, aunque cerca de la mitad de estas (45.149 hectáreas) corresponden a un mismo predio ubicado en la AER Santa Victoria Oeste, en Salta.

   Por supuesto que no se puede determinar ahora un valor tentativo por cada una de estas 27.000 hectáreas que pondrá en venta el INTA en los próximos años, y que equivalen a 1,3 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, pues la calidad de los suelos y los usos posibles de cada predio es diferente y depende mucho de la región donde su ubican. Pero vale decir que conviven en esta posibilidad de subasta algunos de los mejores campos de la Argentina con otros de menor aptitud productiva.

   Por eso, el documento de esta nueva Inmobiliaria INTA aclara que "la delimitación de los polígonos a disponibilizar resulta tentativa y preliminar, encontrándose sujeta a determinación y validación definitiva mediando intervención de profesionales con competencia en materia de ingeniería agronómica, debiéndose considerar en dicho marco las condiciones del inmueble, del suelo, y de la unidad productiva mínima en la zona, entre otros factores".

   Esos profesionales serán los que, luego de un mejor análisis, deberían definir "las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares" en el caso de concesiones, así como "revisar, aprobar y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Explotación que presente el Concesionario". Como sea, el canon base será establecido en quintales de soja, como es uso y costumbre en todo el sector.

   Para la venta por subasta pública, todavía resta "evaluar las condiciones del suelo, determinar los tipos de cultivos y la forma de producción, así como la unidad productiva mínima a concesionar (lotes); determinar el proyecto de fraccionamiento del inmueble, del cual surgirán los lotes a concesionar o enajenar, conforme condiciones de la unidad productiva mínima y del inmueble".

   La buena noticia es que ese trabajo podría ser realizado por los profesionales del propio INTA, que están sobradamente capacitados para ello. Salvo, claro, que ya no quede ninguno.

"Atropello denigrante y mercantil"

   Un grupo de expresidentes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) redactó una carta en la que rechazan de manera contundente el proyecto de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

   El texto, firmado por destacados exdirectivos del instituto, denuncia un ataque a la ciencia y a la capacidad investigativa del país, que podría poner en riesgo los avances logrados en más de seis décadas de trabajo.

   En la misiva, argumentan que las medidas propuestas por el Gobierno afectarían gravemente el patrimonio histórico y el futuro de la institución, uno de los pilares de la innovación agropecuaria en Argentina.

   Los exfuncionarios que firman la carta, entre los que se encuentran la ingeniera agrónoma Susana Mirassou, el veterinario Amadeo Nicora, y los ingenieros agrónomos Francisco Anglesio, Carlos Paz y Carlos Cheppi, cuestionan en particular la decisión de vender una importante cantidad de inmuebles del INTA.

*Publicado en Bichos de Campo