El que se mueve pierde
La seguridad social es un asunto que quema en casi todo el mundo, incluso en los países desarrollados, donde el envejecimiento poblacional va apretando cada vez más las ecuaciones que en otros tiempos permitían un financiamiento holgado de las cajas de jubilaciones. En las naciones subdesarrolladas, como la nuestra, se agregan otras dificultades, como la potente precarización del mercado laboral, que hace que millones de personas no existan para el sistema: ni ahora como aportantes ni en el futuro como beneficiarios.
Con algunos elementos parecidos y otros distintos por la especificidad del asunto, con las obras sociales "solidarias" también hay desafíos por resolver, aunque -a diferencia de los asuntos previsionales- en esta cuestión todo está mucho más atravesado por las leyes del mercado.
Los criterios economicistas dejaron de ser patrimonio exclusivo de las empresas de medicina prepaga. Muchas obras sociales "sindicales" son, en realidad, servicios tercerizados a gerenciadoras que aplican reglas de juego parecidas. Lo "solidario" está en extinción. No es, vale la pena repetirlo, un mal local. Pasa en buena parte del planeta.
EL INSSSEP
En ese contexto, el Insssep (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos) es un caso que agrega características singulares. Para empezar, conviven en él la administración del sistema jubilatorio estatal y la gestión de la obra social. Dos aspectos que tienen bastantes puntos en común pero también fines y circunstancias que van (o debieran ir) por caminos separados.
Ese maridaje no molestó históricamente a nadie, porque así fue desde el principio de los tiempos (o sea, desde la creación del Instituto de Previsión Social en los albores de la provincialización del Chaco); porque el IPS tuvo números azules hasta pasados los ’70; y porque la presencia de las dos cajas en una misma jurisdicción presupuestaria siempre permitió enjuagues varios y pases mágicos que -cuando las cuentas comenzaron a complicarse- permitían desvestir a un santo para dejar menos desnudo a otro.
Así llegó a ser común que cuando el sistema jubilatorio empezó a ser deficitario, la brecha en rojo se cubriera -totalmente o en parte, según las épocas- con los excedentes de la obra social. Eso al principio no le hizo ruido a casi nadie, pero con el paso de los años derivó en que las coberturas médicas se fueran comprimiendo (sobre todo retrasando el valor de los aranceles que se pagan a prestadores, medida que terminó dando a luz al hoy vigoroso "plus médico") para que al final de cada mes quedaran más fondos que tirar por encima de la medianera de la caja previsional.
PRESENTE COMPLICADO
Las últimas décadas acentuaron las dificultades, y los años más recientes las llevaron a niveles inéditos. Es una bola de nieve que va ganando velocidad. En octubre el Estado tuvo que destinar 15.700 millones de pesos a cubrir el desfinanciamiento del organismo, nada menos que 50% más que lo que había hecho falta en marzo. Para colmo, ya no solamente estaría en rojo el sistema de jubilaciones, sino también el de obra social. Aquí las fuentes consultadas dan versiones distintas. Algunas sostienen que el sistema de prestaciones de salud todavía deja un resultado financiero positivo, otros dicen que alterna meses en rojo (hasta -1000 millones) y otros más nivelados.
El tema es que, aunque el Insssep es una papa caliente del tamaño de su edificio central (involucra nada menos que a 275.000 afiliados a la obra social y casi 50.000 beneficiarios de pasividades), los gobiernos vienen pasando sin hacer nada por esquivar el iceberg. La última reforma importante cumplió en septiembre treinta años. Fue la aprobación de la ley 4044, una norma impulsada por el peronismo local para frenar el deseo de Rolando Tauguinas (gobernador por Acción Chaqueña) de traspasar la caja previsional chaqueña a la Nación, camino que siguieron varias provincias a instancias del entonces poderoso Domingo Cavallo, bajo la presidencia de Carlos Menem. Esa ley fue la que convirtió al viejo IPS en el actual Insssep.
VIVA EL PARCHE
Desde entonces, nuestro sistema institucional hizo lo que mejor sabe hacer frente a los problemas estructurales: meter parches a diestra y siniestra, y luego silbar mirando hacia un costado. Eso a pesar de que en treinta años cualquier sistema de seguridad social experimenta cambios drásticos en sus circunstancias y variables.
Por ejemplo, cuando se sancionó la ley 4044, los jubilados, retirados y pensionados que cobraban haberes del Insssep eran unos 15.000. Hoy triplican esa cifra, sin que haya sucedido lo mismo con los agentes activos aportantes. Si ya en aquel momento la ecuación carecía de sustentabilidad, ahora el escenario es mucho más adverso.
Sucede además que la expectativa de vida es significativamente mayor a la del siglo pasado. En 1960, un argentino al nacer tenía una proyección promedio de tiempo de vida de 67 años si era mujer y 60 años si era hombre. En 2022 esos números ya eran de 79 y 72 años, respectivamente.
UN SÍMBOLO
El viernes, en la Legislatura fracasó una sesión extraordinaria convocada por el oficialismo, con el acompañamiento de la CER (la agrupación de Gustavo Martínez) para incrementar los aportes de los empleados públicos provinciales y municipales al Fondo de Alta Complejidad, un segmento especial de las prestaciones del Insssep a los afiliados de su obra social. Como lo indica el nombre, es un área que cubre tratamientos sensibles y más costosos que los habituales. Según el gobierno, en el último año los aportes de los trabajadores y del propio Estado al FAC apenas cubrieron una tercera parte de los pagos efectuados por la obra social para sostener tratamientos médicos complejos. El déficit de esta caja ya está en el orden de los 4900 millones por mes.
Los gremios, como era de esperar, se pintaron la cara cuando el Poder Ejecutivo planteó la idea de incrementar los aportes al FAC, pasándolos de 1% a 2%. Luego, el despacho de Juntos por el Cambio agregó un punto porcentual más, tanto para trabajadores como para el Estado. En números gruesos, significaría que una persona que gana un millón de pesos "de bolsillo" cada mes, pasaría de aportar unos 15.000 pesos al FAC a tener un descuento de 45.000. Es decir, un extra de 30.000 pesos.
Hay muchas preguntas que surgen. Una es si los gremios no creen que vale el esfuerzo para financiar una prestación vital que está garantizada para los hombres y mujeres que representan. Las entidades sindicales suelen plantear que "los dueños del Instituto son los trabajadores", pero pareciera que no en las cuestiones bravas.
Lo que sí es atendible de las afirmaciones gremiales y de la oposición parlamentaria es que estas cuestiones no se pueden encarar sin transparentar toda la información involucrada (que no es solamente el dato de ingresos y egresos del FAC) ni buscando victorias pírricas con convocatorias parlamentarias sorpresivas que están más cerca del ardid futbolero que de la política con pantalones largos.
El Insssep es un buen símbolo de la incapacidad imperante (no solo política, sino probablemente del conjunto social) para afrontar los problemas vertebrales. Más aún cuando la verdad -mal que le pese a la canción- no tiene remedio, pero además es triste. El Instituto es un agujero negro que cada vez consume más recursos, mientras alrededor los que deberían construir las decisiones juegan a las estatuas vivientes. Si algo parecen tener claro todos, es que en esas cuestiones el que se mueve pierde.
