Soberanía digital
La magnitud del flujo de datos que circulan por Internet es inmensa y sigue creciendo a un ritmo acelerado. Ese extraordinario aumento en la actividad digital trae aparejado una creciente dependencia global de la tecnología y nuevas relaciones entre las grandes potencias, como Estados Unidos y China que concentran y controlan enormes cantidades de datos, y el resto de los países.
El historiador israelí, Yuval Noah Harari, fue uno de los primeros intelectuales en poner la lupa sobre el fenómeno de la digitalización a escala global, planteando que la era digital ha dado lugar a una novedosa forma de colonialismo, donde los datos se convierten en el nuevo objeto de interés por parte de las naciones más poderosas del planeta. Harari asegura que los datos se han transformado en un modelo de negocio a gran escala, donde la información personal es recopilada y analizada por grandes corporaciones tecnológicas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la privacidad. Según el historiador israelí, en esta era de los datos, la manipulación de preferencias y opiniones a través de algoritmos pone en peligro hasta la noción misma del libre albedrío humano. Pero eso no es todo. Advierte también que esta dinámica no solo afecta a individuos, sino que además está dividiendo al mundo en bloques geopolíticos. Frente a este nuevo escenario, Harari observa que los datos no deberían concentrarse en uno o dos lugares del mundo, sino que se debería promover la creación de infraestructuras digitales en la mayoría de los países de modo tal que, en la práctica, el control de datos no esté concentrado en unas pocas manos, sino más distribuido. Entiende, además, que los Estados deberían exigir una mayor transparencia y responsabilidad a las grandes empresas tecnológicas y, al mismo tiempo, fomentar en la ciudadanía una reflexión más crítica sobre el uso de tecnologías. En ese punto coincide con el físico argentino, Gabriel Bilmes, quien sostiene que la ciencia y la tecnología no son neutrales, de lo que se desprende la necesidad de apuntalar una agenda de Ciencia y Técnica que esté en sintonía con las necesidades de soberanía. Dicho de otro modo, se debe fortalecer la capacidad de Argentina en materia de datos, hardware y software, de modo tal que pueda reducir la dependencia actual que limita su capacidad para formular políticas autónomas y proteger la privacidad de los ciudadanos. Es que, como advierte Harari, los países que ceden su infraestructura digital a empresas extranjeras pierden el control sobre los datos generados, porque cuando esos datos cruzan fronteras, los países pierden la jurisdicción sobre ellos. Esto significa que no pueden exigir acceso o repatriación de información sensible, lo que pone en riesgo la seguridad nacional y la privacidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que la falta de control sobre los datos impide a las naciones desarrollar sus propias industrias tecnológicas, lo que hace que las empresas locales queden marginadas frente a gigantes tecnológicos y vean limitadas las oportunidades de crecimiento económico y la reinversión en el país. Sobre este asunto, algunos expertos advierten que la transferencia transfronteriza de datos permite que las grandes corporaciones extraigan información dejando pocos beneficios en el país anfitrión.
El abogado Román Alberto Uez, especializado en tecnología, políticas y culturas, advierte que "si nuestra memoria humana es desplazada por memorias tecnológicas, creadas y operadas por países extranjeros, donde se almacenan todos los datos y se ponen a disposición de las corporaciones para que mediante inteligencia artificial puedan armar perfiles y manipular nuestras decisiones, perderemos el control sobre nuestra memoria, la capacidad de acordar criterios de verdad y, por ende, la soberanía. Esta pérdida discurre como un proceso invisible y paulatino, con cada entrega de datos que efectuamos en la vida virtual, que permite un mayor conocimiento sobre nosotros". El debate sobre las estrechas relaciones que existen entre infraestructura digital, información sensible de ciudadanos y empresas, marcos jurídicos, privacidad de los datos y seguridad nacional, sigue abierto. Pero en nuestro país, lamentablemente, la demora en la toma de decisiones de alto nivel para proteger la soberanía en este campo no hace más que allanar el camino a prácticas que se enmarcan en el nuevo colonialismo digital.
