En España juzgan a activistas ambientales como "organización criminal"

   En junio de 2023, una activista de Futuro Vegetal fue detenida por participar en una protesta climática en la embajada británica en Madrid. Un total de 22 activistas enfrentan cargos, incluidos acusaciones de "organización criminal", con penas de hasta ocho años de prisión y multas considerables. Las imputadas denuncian represión y vigilancia constante desde que comenzó la investigación en diciembre de 2023, con seguimiento policial, intervención de sus móviles y bloqueo de cuentas bancarias.

   Las acciones de protesta, como manifestarse desnudas y cubiertas de líquido rojo, son calificadas como "desorden público" y "daños contra el patrimonio". Hasta ahora, nueve activistas fueron llamadas a declarar, pero solo dos lo hicieron. Las activistas expresan su agotamiento emocional, ya que el proceso podría prolongarse hasta ocho años, lo que genera ansiedad y afecta su salud mental.

   Victòria Domingo, portavoz de Futuro Vegetal, destaca el impacto de estas acusaciones en el movimiento ecologista, señalando que disuaden a otros de realizar protestas similares y consumen los recursos del colectivo, alejándolo de sus proyectos principales. Las imputadas, además, sufren en su vida personal, con sus planes y proyectos en suspenso debido a los cargos legales.

Represión a los movimientos sociales

   La portavoz de Futuro Vegetal, Victòria Domingo, denuncia que la acusación de "organización criminal" criminaliza a los activistas y vulnera el derecho a la protesta, afectando no solo al movimiento ecologista, sino a todos los movimientos sociales. Esta acusación busca desalentar la protesta no violenta. Desde la plataforma "Absolución caso Spora", que agrupa a 15 imputadas y sus simpatizantes, se pide el archivo del caso, defendiendo la desobediencia civil no violenta como herramienta histórica efectiva, citando ejemplos como Gandhi y Rosa Parks.

   Nunu Sala, otra activista implicada, atribuye la criminalización al auge de la ultraderecha y su negacionismo climático, lo que ha intensificado la represión frente a las acciones mediáticas de Futuro Vegetal. Además, señala que la acusación de organización criminal ha aprovechado un conflicto interno en el colectivo para imponer este calificativo.

  Las activistas también enfrentan múltiples denuncias, sumando un costo de casi 6.000 euros para el movimiento. A pesar de las acusaciones de daños al patrimonio, insisten en que sus protestas no buscan destruir propiedades, ya que utilizan materiales inofensivos como acuarelas infantiles y toman medidas para evitar daños. Las activistas mantienen su compromiso con la desobediencia civil no violenta y esperan que la modificación de la Ley Mordaza reduzca las penas por sus acciones.

*Publicado en https://www.elsaltodiario.com/