El histórico 7 de octubre de 1994

Señor director de NORTE:

El proceso de privatización, a partir de 1992, de las empresas nacionales de energía eléctrica: Agua y Energia Eléctrica, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. (Segba) e Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor) fue el comienzo para que las empresas distribuidoras de energía provinciales se sumaran a esta "ola". Estas empresas habían sido el resultado de la centralidad que ocupaba el Estado en la construcción del sistema eléctrico, considerando a la energía un bien estratégico y, en consecuencia, el mismo Estado implementó importantes políticas públicas para su desarrollo por más de cuarenta años.

Sin embargo, hacia fines de la década del 80, frente a la crítica situación económica, social y, también, energética que atravesaba Argentina, las perspectivas neoliberales ganaron posición y se volcaron hacia el achicamiento del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas, la liberalización de los mercados y la mínima intervención en la economía. En este contexto se desarrolló la reforma del sistema eléctrico nacional, implementada a partir de 1992 como parte del proceso de reestructuración económica neoliberal del gobierno de Carlos Menem, en donde se fragmentaron y privatizaron estas empresas y fracasando en algunas empresas provinciales como lo fue con Secheep en el Chaco.

La ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, fue sancionada el 17 de agosto de 1989, durante los primeros meses de gobierno de Menem. Permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, como YPF, ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, las empresas de agua, luz y gas. En la Provincia del Chaco el intento en la reforma del artículo 49 de la Constitución Provincial fracasó una tarde noche del 7 de octubre de 1994, día de una gesta histórica en la ciudad de Villa Ángela, dejando por tierra lo que planteaba el ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación: "Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado" fue el fallido de entonces ministro Roberto Dromi, al anunciar el primer mandamiento del decálogo menemista de aquella reforma.

En la Nación la iniciativa fue impulsada por el oficialista Partido Justicialista y sus aliados –entre ellos la UCeDe–; en el Chaco pasó lo mismo, a vender Secheep y Sameep. Esta iniciativa llevó a una consulta popular donde el pueblo dijo "No" pero la política con algunos aliados querían el "Sí" apoyados por las medidas que estaba aplicando gobierno menemista. Álvaro Alsogaray sostenía por aquel entonces que "Achicar el Estado es agrandar la Nación". Mediante esa política, el Estado perdió el control de empresas en sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, y el transporte.

Estas políticas de carácter neoliberal que se desarrollaron durante el menemismo, las podemos encausar dentro del conocido Consenso de Washington, llevado a cabo a comienzos de 1989, el cual expresaba diez puntos con las necesidades y opciones del mundo del s.XXI: disciplina fiscal; prioridad del gasto público en educación y salud; reforma tributaria; tasas de interés positivas determinadas por el mercado; tipos de cambio competitivos; políticas comerciales liberales; mayor apertura de la inversión extranjera; privatización de empresas públicas; desregulación y protección de la propiedad privada. En este sentido, la privatización de las empresas nacionales y provinciales en relación con la reforma eléctrica, se las debe analizar a partir de sus elementos tanto políticos, económicos y sociales, como tecnológicos.

En el Chaco, algunos sectores económicos nacionales junto al gobierno quisieron imponer una nueva concepción del Estado, basada en que la privatización de Secheep y Sameep garantizarían la solución a la crisis energética como económica y a su vez generaría una mayor eficiencia y calidad de los servicios, quedando conciliados los intereses. Los efectos que demostró la privatización fue que en el corto plazo hubo una disminución del déficit fiscal, derivado de la disposición de dinero obtenido en el momento de su venta; en el largo plazo, debemos mirar las empresas privatizadas que hoy están a la par o peor que las que siguen perteneciendo al Estado. 

El efecto sobre los usuarios

Hay tres aspectos centrales por lo que se luchó para que no se privatice la empresa Secheep y que traería distintas consecuencias sobre los usuarios: 1) acceso al servicio;  2) tarifas; 3) calidad.

Del análisis del marco regulatorio del sector, surge claramente que los únicos actores reconocidos dentro del mercado eléctrico son los transportadores, generadores, distribuidores y grandes usuarios, con lo cual los pequeños usuarios industriales, familiares, o comerciales quedan excluidos, negando con esto el carácter estratégico de la electricidad en las sociedades modernas en que la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana necesitan de la energía eléctrica.

Respecto del acceso al sistema, la primera medida que tomaron las empresas fue el corte del suministro en forma indiscriminada a las villas de emergencia y barrios pobres que estaban "enganchados" a la red, esto para reducir las pérdidas en la red de distribución. EI acceso al sistema queda restringido a la posibilidad de pagarlo.

Tomando en cuenta estos aspectos, podemos decir que las privatizaciones tuvieron efectos negativos para el usuario en los tres aspectos. La razón fundamental del fracaso de las empresas estatales es el conflicto entre los objetivos económicos y los políticos. Sus gerentes persiguen y deben responder a objetivos políticos, que fácilmente pueden producir daños económicos a la empresa. La interferencia política en la dirección de las empresas estatales genera un exceso de empleo, induce inversiones ineficientes y da lugar a una selección precaria de servicios, esto quedó demostrado en estos últimos años en Secheep.

El reto más complicado no es vender Secheep, sino regularla para que sea cada vez más eficiente, especialmente cuando no tiene competencia. La regulación es necesaria no solo por razón de eficiencia, sino también para que el servicio llegue a los grupos más pobres de la población, que constituyen el segmento de mercado menos rentable en lo económico y de mucho valor en lo social. La falta de una regulación adecuada ha sido la causa más común de las privatizaciones. Es por ello que la lucha llevada a cabo ese 7 de octubre contra el poder político que la quería entregar al privado es un hecho histórico tanto para los pobladores de la ciudad de Villa Ángela como para todos los chaqueños, que se opusieron a entregarla.

MIGUEL KHAIRALLAH

DNI 13439491

FORMOSA 229