El asedio padecido por los concejales del bloque de San Martín llegó a su fin y hay dos detenidos
En un despliegue con equipos de fiscales especiales se concretaron allanamientos en la torre Sarmiento y en dos domicilios más, donde se arrestó a los acusados. todos los concejales son representados por el abogado penalista Pablo Vianello, quien impulsó la investigación ante los fiscales.
Una denuncia conjunta en la sede judicial, presentada por los concejales de todos los bloques de General San Martín Clarisa Soledad Vallejos, Joana Lorena Monfardini, Orlando Rodolfo Ivanoff, Elda Mariela Coronel, Guido Swagemakers, Ángel Romero, María Cabrera y Gustavo Leiva, originó la causa principal que terminó con las detenciones de dos sujetos con domicilios en la capital chaqueña: Diego Ricardo Ávalos y Pablo Enrique Verón que fueron atrapados luego de allanamientos en sus domicilios.
Ambos hombres, desde el 2 de junio, habrían amedrentado a ediles y familiares. Los sospechosos usaron las redes Facebook, TikTok para dejar mensajes intimidantes y difamaciones constantes. Los hechos más graves se produjeron tras el 26 de julio de 2024, cuando los denunciados realizaron una transmisión en vivo en la que amenazaron directamente a los afectados y a los trabajadores del Concejo Municipal de General San Martín.
En el video, Verón y Ávalos anunciaron que, al inicio de las sesiones del concejo, se presentarían en el edificio para "dar su medicina" a los concejales, es decir, realizar agresiones físicas y causar desorden dentro del recinto. Además, manifestaron que posteriormente irían casa por casa de cada concejal para impartir justicia por mano propia.
Paralelamente, Aldo Adolfo Leiva, diputado nacional, también radicó una denuncia indicando que recibió mensajes intimidatorios de Verón a través de redes sociales.
En estos mensajes Verón exigía dinero a cambio de no divulgar fotografías, videos y otra información personal del denunciante. En respuesta a estas denuncias, el Departamento de Investigaciones Complejas ha iniciado una serie de actuaciones bajo la coordinación del Equipo Fiscal de Coordinación "D", dirigido por Graciela Griffith Barreto. Las investigaciones incluyeron tareas de campo y análisis de comunicaciones y billeteras virtuales, lo que permitió identificar los domicilios de Verón y Ávalos.
En la madrugada de este martes se llevaron a cabo varios allanamientos conforme a decretos fundados expedidos por el Juzgado de Garantías 4. La causa se tramita por la fiscal de San Martín, Andrea Langellotti, y los de Resistencia, Griffith Barretto, Francisco De Obaldía Eyseric y Víctor Recio.
Una denuncia que movilizó al Ministerio Público Fiscal
La concejal radical, Clarisa Soledad Vallejos, fue la principal propulsora de la causa que impactó fuertemente en el Poder Judicial. El procurador general, Jorge Canteros, designó a cuatro fiscales para investigar en la causa principal, que luego sumó otro incidente por presunta extorsión. El Concejo municipal de General San Martín declaró personas no gratas a Diego Ricardo Ávalos y a Pablo Enrique Verón.
Tres domicilios fueron requisados
En la madrugada de este martes se llevaron a cabo varios allanamientos conforme a decretos fundados y expedidos por el Juzgado de Garantías 4, Juan Carlos Codina. Las acciones se realizaron en calle Juan D. Perón al 1451, en la Torre Sarmiento, donde no se halló nada de interés en la causa.
Los sabuesos de Investigaciones Complejas también requisaron los inmuebles ubicados en Los Aromos al 3800, Barrio Monte Alto, donde secuestraron dos teléfonos celulares y tres computadoras notebook.
Además, en este domicilio se encontró un revólver calibre 22 largo con 14 cartuchos, un rifle calibre 308 con mira telescópica y 27 cartuchos del mismo calibre. Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino. Diego Ricardo Ávalos fue notificado de estas actuaciones.
Por otro lado, en Salta al 1682 secuestraron tres computadoras notebook, dos teléfonos celulares, dos tarjetas SIM y una tarjeta de memoria. Pablo Enique Verón también fue notificado de las actuaciones correspondientes.
La operación fue solicitada por la fiscal coordinadora, Graciela Griffith Barreto, y se concretó a través del Departamento de Cibercrimen y del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana.
