Un juez de Villa Ángela denunciado por supuestas irregularidades

SÁENZ PEÑA (Agencia). La odontóloga Yanina Mercedes Niveyro, con DNI Nº 26.673.786, solicitó se haga pública la denuncia contra el juez Civil y Comercial 2 de Villa Ángela, Pablo Iván Malina, a quien acusa de haber llevado a cabo hechos "que en principio encuadrarían en conductas tipificadas en el código penal, como incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y prevaricato", según denunció.

Niveyro tiene domicilio en Villa Berthet, en carácter de madre de una menor y actuando en nombre y representación de ella, con patrocinio de los abogados Rogelio Vedoya Ott y Rubén Sánchez, formuló la denuncia penal, para que se investigue la presunta comisión de delitos de acción pública, en perjuicio de la nena de cuatro años.

La madre acusa al juez de la creación de expedientes mellizos: "La menor de tres años de edad, promovió una causa judicial, en el Juzgado Civil y Comercial 2 de esta ciudad, en el año 2023, buscando la protección de sus bienes, reclamados en un juicio civil. Esa causa se halla caratulada: Niveyro Yanina C./Arechavala Ana María S./Medida Cautelar. Expte. 285/23. La misma, por su propia naturaleza, se debía tramitar en forma reservada y confidencial, ya que así lo dispone de forma obligatoria el Código de Procedimiento", advierte la defensa.

Teniendo en cuenta que actualmente se trabaja con expedientes digitales -agrega la denuncia-, lo que esperaba la menor y su madre es que el juez Pablo Iván Malina, cumpla con la ley, y garantice la reserva y confidencialidad de dicho expediente, ya que esta es su primera obligación como juez que toma conocimiento de un hecho en el ejercicio de sus funciones".

"El mencionado Pablo Iván Malina, incumpliendo las obligaciones y deberes a su cargo, a fin de dar la apariencia de legalidad, instruyó un expediente digital con carácter reservado, el cual siempre estuvo reservado incluso para la demandante, ya que en el sistema informático del Poder Judicial dicha causa no se podía visualizar, porque el sistema lo impedía, por su carácter de "reservado"", afirman los defensores de Niveyro.

Piden allanamiento del despacho del magistrado 

SÁENZ PEÑA (Agencia). Sostiene la denunciante que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, "como, asimismo, que el mencionado Pablo Iván Malina, por sus funciones como juez tiene acceso al sistema informático del Poder Judicial, a fin de constatar la creación en dicho juzgado de expedientes mellizos, solicito se allane su despacho e incaute material probatorio de interés a la causa".

Los abogados Vedoya Ott y Sánchez solicitan que se secuestre el teléfono del magistrado sospechado de hechos irregulares para análisis y estudio por parte del Departamento Tecnológico de Gabinete Científico Judicial.

Madre de la damnificada acusa ausencia del estado

Un perjuicio de 240 millones de pesos que se esfumaron

SÁENZ PEÑA (Agencia). "Sin embargo, y paralelamente, el mencionado Malina instruía, llevaba a cabo y había cargado en el sistema informático una causa con tramitaciones idénticas, pero estas tenían el carácter de "acceso libre", lo cual permitía, claramente, que no haya confidencialidad alguna de los pedidos que hacía la menor, ya que la otra parte podía claramente acceder al contenido del expediente, incumpliendo el doctor Malina gravemente su obligación de garantizar la confidencialidad del reclamo de la menor", ampliaron los abogados de la mujer.

Hacen mención a una serie de irregularidades en este proceso. En una de ellas afirma que el juez Malina autorizó la desaparición de 500 vacas de la menor, que se hallaban bajo su custodia.

La menor logró en dicho expediente una medida cautelar a su favor, que establecía que los animales que ella reclamaba y que eran de su propiedad no podían ser enajenados.

Sin embargo, el mencionado juez, en forma también contraria a la ley, autorizó la venta de 500 animales vacunos sin tomar ninguna medida para que dicho producido de las ventas se preserve siendo ingresado en el expediente.

"El importe de las ventas, autorizadas en forma absolutamente ilegal por Pablo Iván Malina, asciende actualmente a la suma 240 millones de pesos y eran bienes que la menor podría llegar a utilizar hasta su mayoría de edad, para comprar alimentos, ropas, medicación, estudiar", agregaron los letrados en representación de la odontóloha de Villa Berthet.