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En Buenos Aires

Barrios cerrados deberán separar y gestionar sus residuos 

Lo estableció el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

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   Ordenar, regular, concientizar y garantizar mecanismos institucionales y técnicos que faciliten el reciclado de residuos es lo que aconseja e implementa el "mundo civilizado". Con este marco, la provincia de Buenos aires acaba de poner en marcha nuevas disposiciones en materia de tratamiento de residuos para Clubes de Campo y Barrios Cerrados.

  Dentro del considerable crecimiento de las urbanizaciones cerradas en diversos municipios, el Ministerio de Ambiente estableció, mediante Resolución 190/2024 firmada por la ministra Daniela Vilar, que "todos los Clubes de Campo y Barrios Cerrados de la Provincia que sean grandes generadores de residuos deban separar y tratar sus Residuos Sólidos Urbanos (RSU)".

  A su vez, se ampliaron las obligaciones de estos generadores a la gestión de otras corrientes de residuos como los residuos orgánicos, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y los residuos de construcción y demolición (RCD).

  Cabe destacar que la anterior Resolución del año 2013 sólo obligaba a las urbanizaciones radicadas en la Región Metropolitana de Buenos Aires y apenas alrededor de un 10% se encontraba inscripta en el Ministerio provincial. Las gestiones de los RSU de las urbanizaciones no inscriptas significan una carga adicional para la recolección municipal que se traducen en logística y costos económicos para los gobiernos locales.

  Detrás de la iniciativa, se busca  "disminuir considerablemente la cantidad de residuos que terminan en basurales y genera trabajo para los recuperadores urbanos", explicó la ministra Daniela Vilar. "Es importantísimo para que la industria del reciclado crezca impulsar que las instituciones y complejos habitacionales que generen grandes cantidades de residuos separen en origen y gestionen sus reciclables", enfatizó.

  Además, con esta nueva Resolución, el Ministerio extiende la vigencia de los Planes de Gestión de uno a dos años, lo que permitirá mejorar el proceso de evaluación y de inspección y a su vez facilitará la progresividad en la incorporación de nuevas corrientes de residuos.

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