Belliboni denunció ante el juez "persecución política" 

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El giro de la causa

   La causa involucra principalmente a tesoreros e integrantes de cooperativas vinculadas al programa Potenciar Trabajo. Comenzó investigando presuntas extorsiones de dirigentes que obligaban a beneficiarios a participar en movilizaciones bajo amenaza de quitarles el beneficio. Tras allanamientos, se abrió una nueva causa por posible desvío de fondos destinados a cooperativas.

   La defensa argumentó que las organizaciones no pueden dar altas y bajas en los programas y que los beneficiarios pueden cambiar de organización fácilmente. También presentaron pruebas de que los fondos fueron correctamente utilizados y las facturas fueron aprobadas por la cartera de Desarrollo Social y la AFIP..

Persecución política

   Concluida su declaración, Belliboni dijo a la prensa que "Están las máquinas, las impresoras y también los lugares donde hacían cursos miles de compañeros. Se los mostramos al juez con certificación de escribano y lo invitamos que viniera a verlas a los lugares que, por otro lado, fueron allanados".

   El dirigente insistió en el carácter "persecutorio" de la causa por "motivos políticos". Señaló que "denunciamos las arbitrariedades de los allanamientos y también denunciamos que medios de comunicación tuvieran datos personales de los allanados antes de que los tuvieran la Justicia y la defensa, demostrando, y eso le dijimos al juez, que estamos claramente frente a una persecución política".

   La persecución, según Belliboni, "comenzó el 20 de diciembre cuando la ministra Bullrich prohíbe las movilizaciones populares por reclamos que lógicamente iba a tener una población golpeada por la inflación. Una población a la que le habían sacado la comida, que en realidad estaba escondida y que no se la daban a la gente para castigarla por formar parte de una organización".

   El dirigente piquetero que vive hace 50 años en un monoblock en la localidad de Burzaco señaló que "el mismo juez Casanello está investigando filtraciones en su propio juzgado, le dijimos que eran funcionales al gobierno para atacar a las organizaciones populares".

   Belliboni denunció que "nuestras organizaciones cumplen una enorme función social que el Estado ha abandonado. ¿Qué es lo que le debemos al Estado?", se preguntó y, continuó, "¿saben cuánto cuesta poner un comedor? Se lo dijimos al juez también. Cuesta seis millones de pesos, los ponen los compañeros y compañeras que están acá y lo hacen voluntariamente". 

   Un informe del ministerio de Capital Humano reconoce que los aportes del Estado Nacional a los comedores representan apenas el 16% de sus ingresos, mientras que el 38% se explican por aportes propios que surgen de colectas, aportes, rifas y actividades sociales.

   Consultado sobre el desenlace que espera de la fase indagatoria, Belliboni señaló que "no sabemos qué hará el juez. No es momento para pedir sobreseimiento, es el momento para declarar y contar todo lo que sabemos sobre la acusación. Si hay justicia, se debe invertir la situación. Los que deben estar en el banquillo son los funcionarios que escondieron los alimentos, los que le sacaron los planes a la gente en medio de una escalada de la pobreza. A una compañera le sacaron el plan por caminar tres cuadras, por cruzar de La Quiaca a Villazón".

   En diez días el juez deberá decidir si avanza en la causa imputando a todos o parte de los acusados, si dicta el sobreseimiento o establece la falta de mérito de los indagados.