Los derechos de las personas con discapacidad
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que busca garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este tratado marcó un antes y un después en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. En nuestro país tiene jerarquía constitucional a partir de la sanción de la ley nacional 27.044.
El respeto irrestricto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es fundamental porque reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley, sin importar su condición. Esto significa que las personas con discapacidad deben tener los mismos derechos y oportunidades que el resto de los integrantes de la comunidad en lo que hace al acceso a la educación, al empleo, la atención médica y la participación en la vida política y cultural.
Ayer, organizaciones de la sociedad civil se movilizaron en distintos puntos del país en rechazo a la desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad que impulsa el gobierno nacional a través de un proyecto de decreto. La decisión del Ejecutivo nacional representa, aseguran las organizaciones no gubernamentales, un fuerte retroceso en los derechos adquiridos por las personas con discapacidad y, por ende, ataca el espíritu de la mencionada convención internacional. En ese sentido, explican que actualmente existe un nomenclador único que establece los aranceles que los financiadores deben pagar a los prestadores que brindan servicios de salud, educación y transporte y eso garantiza un piso de calidad en las prestaciones. Pero en caso de entrar en vigencia el decreto, cada ente financiador nacional estará habilitado para fijar los aranceles de acuerdo a su propio criterio, lo que se traduciría en una insuficiente remuneración del trabajo profesional de muchos prestadores que, como alertaron legisladores nacionales de la oposición, perderán interés en ofrecer sus servicios a los sectores con menor cobertura. De esta manera, se estará levantando una gran barrera al acceso a la salud en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Justamente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace hincapié en la necesidad de eliminar las barreras que impiden la plena inclusión y participación de este sector de la sociedad en todos los aspectos de la vida. Se supone que respetar dicha Convención internacional, implica un compromiso para adoptar medidas concretas que contribuyan a eliminar estas barreras y promover la plena inclusión de las personas con discapacidad.
Por su parte, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que el proyecto de decreto generará una situación de desigualdad porque implicaría desarticular un sistema que fue creado por ley hace más de dos décadas y que en todo ese tiempo demostró que funcionó en forma adecuada garantizando a todas las personas con discapacidad el acceso a los tratamientos, cualquiera sea la cobertura de salud que se posea, en igualdad de condiciones. Y eso es, precisamente, lo que plantea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando hace un llamado a construir una sociedad más inclusiva y justa para todos. Porque al garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente de sus derechos y libertades fundamentales, la comunidad en la que vivimos está fortaleciendo los cimientos de una sociedad basada en el respeto mutuo, la igualdad de oportunidades y la dignidad humana.
Garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad es esencial para avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Se debe recordar que el acceso equitativo a servicios médicos y programas de rehabilitación promueve el bienestar físico y emocional de este grupo de la población. Además, ofrece igualdad de oportunidades y mejora su calidad de vida. En estos tiempos de ajustes es necesario recordar que el acceso a la salud y a la educación no debería ser un privilegio, sino un derecho fundamental para todos, independientemente de las capacidades de cada uno. Porque en la plena realización de las personas radica el verdadero progreso humano.
