El piquetero que le dio un sillazo a un ministro la sacó bien barata

El 5 de abril de 2021, por la tarde, el entonces ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, recibió en su despacho de Casa de Gobierno a algunos referentes de movimientos sociales que venían reclamando distintos tipos de asistencia por parte del Estado. Chapo los escuchó pero como las respuestas no fueron las esperadas por sus interlocutores, uno de ellos, Gustavo Alfredo Monzón, se puso de pie, tomó entre sus manos una de las sillas que había en la sala y la arrojó con fuerza sobre el ministro, que sufrió algunas lesiones.

El episodio, claro, generó un gran revuelo en la sede gubernamental y el ambiente piquetero. Chapo, que tenía una mirada crítica sobre la manera en que la administración de Jorge Capitanich se vinculaba con la dirigencia piquetera, no dejó pasar lo ocurrido. Formuló la denuncia pertinente y tres años después la justicia se acaba de expedir: Monzón deberá pagar a modo de reparación económica una suma de 10.000 pesos, prestar 30 horas de servicios en alguna entidad de bien público y hacer terapia con un psicólogo.

TAMBIÉN UN HERMANO

La medida fue resuelta por el Juzgado Correcional 1, de Resistencia. La causa no llegó a juicio, porque la defensa de Monzón pidió la suspensión del juicio a prueba, una figura prevista en el Código Procesal Penal del Chaco. A cambio de evitar el juzgamiento, el acusado de un delito (que no tenga penas previstas superiores a los tres años de prisión) puede ofrecer algún tipo de reparación. La suspensión tiene un tiempo definido, durante el cual esa persona no debe cometer nuevos delitos ni romper las condiciones que le fije el tribunal. En caso contrario, el beneficio de la suspensión del juicio cae.

En esta causa en particular, Monzón ofreció una reparación de 10.000 pesos. Aunque en el expediente declaró como actividad la de "comerciante", dijo que pagar esa suma (equivalentes a unos dos kilos de asado) le representaba un "gran esfuerzo" por "no contar con trabajo estable". La jueza actuante aceptó el ofrecimiento y fijó que podrá abonarla en dos cuotas de 5000 pesos cada una. Sumó que Monzón deberá prestar servicios en alguna organización de bien público (treinta horas en total) y hacer terapia psicológica por el tiempo que el profesional que lo atienda considere necesario.

A la vez, se le notificó a Monzón que durante los tres años de suspensión del juicio deberá "abstenerse de abusar del consumo de bebidas alcohólicas o de consumir estupefacientes" y "no cometer nuevos delitos y/o contravenciones".

La resolución impone las mismas medidas para Hugo Ramón Monzón, hermano de Gustavo, porque en septiembre de 2022 ingresó con otras personas en oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos, golpeando puertas y amenazando a personal y autoridades.