En defensa de la universidad pública
El sistema universitario público argentino, además de desempeñar un papel fundamental en la democratización del conocimiento, ha sido generador de proyectos de investigación con impactos positivos en la sociedad. El desfinanciamiento de la universidad pública amenaza con clausurar uno de los últimos espacios que, a pesar de todo, fue clave para promover la movilidad social ascendente.
En nuestro país las universidades públicas abren sus puertas para brindar oportunidades educativas a estudiantes de amplios sectores de la población. En nuestra región, y a modo de ejemplo, se puede citar la experiencia del Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, que se puso en marcha en junio de 2011. La iniciativa permitió que más de 500 jóvenes de las comunidades qom, wichí, moqoít, omaguaca, coya y guaraní pudieran acceder a una formación universitaria gratuita y de calidad, sin importar el origen social ni económico de los estudiantes.
Este año, se cumplen 75 años del decreto 29 337 del 22 de noviembre de 1949, también conocido como "Decreto de Supresión de Aranceles Universitarios", un instrumento legal que sirvió de puntapié inicial para que la educación superior se constituyera como un derecho universal y dejara de ser un privilegio para unos pocos. La larga trayectoria del sistema universitario público ha permitido formar académicos reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, y contar con profesores e investigadores de alto nivel.
En los últimos días, a raíz del fuerte recorte presupuestario a las universidades que ejecuta el gobierno nacional, diversas voces evocaron las figuras de César Milstein, Luis Federico Leloir y Bernardo Houssay, cada uno de ellos distinguidos con Nobel en ciencias, y recordaron que los tres se formaron en la universidad pública. También se puede citar, como ejemplo, a la investigadora Andrea Gamarnik, reconocida, entre otras cosas, por haber liderado el equipo que descubrió el mecanismo de replicación del material genético del virus del dengue. Formada en la universidad pública, Gamarnik fue incorporada en 2021 a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en reconocimiento a su trayectoria y destacada contribución al campo de la virología molecular. En la lista de científicos de universidades nacionales y reconocidos por su labor, ocupa un lugar destacado el científico Gabriel Adrián Rabinovich, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, que en 2017 fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en reconocimiento por su descubrimiento de la Galectina 1, una proteína que puede servir para combatir distintos tipos de cáncer y otras enfermedades autoinmunes. "La ciencia genera trabajo, lo que se traduce en desarrollo productivo para la Argentina", destacó en varias oportunidades cuando fue consultado sobre la decisión de poner en marcha una compañía biotecnológica dedicada a la generación de productos para el tratamiento del cáncer y enfermedades inmunológicas. "Hoy somos aceptados como científicos productivos", dijo en una oportunidad. "Hace 30 años podríamos haber sido considerados ñoquis del Estado. El descubrimiento, los miles de experimentos, las hipótesis comprobadas una y otra vez que nos hicieron estar un paso más cerca de convertir las ideas en tratamientos y que fueron financiados por el Estado argentino y organizaciones sin fines de lucro, hubieran sido tomadas como pérdidas de tiempo", reflexionó.
Con virtudes y defectos, las universidades públicas argentinas cumplen un papel crucial en la generación de conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica. En 2018 durante las celebraciones por el centenario de la Reforma Universitaria, se realizó en la Universidad de Córdoba la III Conferencia Regional de Educación Superior. Al término del encuentro, se elaboró un documento en el que se reafirmó que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado, recordando que estos principios "se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos y la construcción de una ciudadanía plena".
La posibilidad de estudiar en la universidad pública contribuyó a la movilidad social y a una mejora en las perspectivas laborales de muchos argentinos. En este siglo XXI, la institución educativa vuelve a sufrir embates. Por eso, se impone la necesidad de fortalecer las bases de un sistema educativo que sea cada vez más democrático, con sus puertas abiertas a todos los sectores de la sociedad.
