Fallo correntino permite investigar a agentes de la Unidad Penal 7

Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, además de beneficiar a una imputada que fue detenida cuando tenía un hijo de 10 meses, dio vía libre para que se investigue a tres penitenciarios federales, hasta ahora procesados por formar parte de una supuesta organización narco, por cohecho.

Y como en otros casos resonantes, el principal imputado apodado "Chaquito", también acusado y condenado en otras causas por narcotráfico, dirigía la organización desde la cárcel federal de Resistencia. La empresa criminal, entre otras cosas, compraba marihuana a traficantes paraguayos para introducirla al país vía la localidad correntina de Itatí y luego la trasladaban a provincias como Santa Fe y Buenos Aires.

Al tiempo que en el fallo se corrobora que desde una cárcel, mediante el uso de teléfonos celulares, se puede manejar o coordinar, una gran organización criminal.

Asimismo, surge el uso de billeteras virtuales para hacer tanto los pagos como distribuir las ganancias que dejaban las diferentes operaciones.

También aparece la complicidad de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), no solo para facilitar el ingreso de los celulares, sino también para conseguir otros favores dentro y fuera del establecimiento carcelario.

Esto motivó a que la Cámara de Apelaciones defina "testimoniar las piezas procesales pertinentes y, mediante el juez a quo, remitirlas al Ministerio Público Fiscal para que se investigue sobre la posible comisión de los delitos de cohecho activo y pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad, presuntamente cometidos por los uniformados".

Incluso la relación era tal que se cree que uno de los agentes del SPF, se ofreció de garante para que puedan alquilar una propiedad en Corrientes.

La causa comenzó luego de dos procedimientos de Gendarmería Nacional, uno en 2021 y otro en 2023, en los que secuestraron más de 700 kilos de droga. Ambos se concretaron en la localidad de Itatí.

Durante la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal se determinó que "la organización era conformada por, al menos, quince personas que actuaban de manera coordinada, con división de roles, y que operó desde el 16 de mayo de 2021 hasta el 3 de marzo de 2023".

Mientras que el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento con prisión preventiva para ocho integrantes, pero hizo lugar parcialmente al recurso de una de las imputadas y declaró nula su detención, que ocurrió en marzo del año pasado.

Con lo dictaminado se podrá continuar con esta investigación federal y si bien los imputados aún pueden apelar este fallo, en poco tiempo más se dictaría el auto de elevación a juicio.