Obras sociales: entre el desfinanciamiento y el acecho de las prepagas

   Milei ha reforzado la ofensiva, al designar en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a un exejecutivo de Osde, Gabriel Oriolo. El gobierno amenaza con recortar recursos públicos y desregular prestaciones para ampliar el negocio de las prepagas de salud.

   La incorporación de un elemento directo de las empresas de la medicina prepaga, con una orientación política de desregulación de la salud, anuncia un avance total del sector privado sobre las obras sociales. El DNU de Milei habilitó el aumento discrecional de las cuotas de la medicina privada, con aumentos que promedian el 70% en solo dos meses, y plantea la igualación de las prepagas al régimen de obras sociales, lo que en los hechos implica la eliminación y quiebra de las obras sociales nacionales.

Discapacidad

   Una medida de ajuste que impulsa el gobierno es que las obras sociales se hagan cargo de la cobertura de las prestaciones por discapacidad, actualmente cubiertas (en forma deficiente) por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Gran parte del FSR se destina a la cobertura de educación y transporte para los discapacitados, y también dependen de ese fondo las compensaciones por tratamientos médicos y medicamentos de alto costo.

   Esta caja, en muchos casos fondos millonarios que hacen a la subsistencia misma de las obras sociales, es un elemento de negociación, tironeo y sometimiento entre los sindicalistas y el Estado nacional.

   El ajuste que ya comenzó a aplicar el gobierno libertario amenaza con poner en peligro las prestaciones de millones de afiliados a las obras sociales. Tal el caso reciente de una mujer diagnosticada con leucemia que tuvo que ir a la Justicia para obtener un medicamento oncológico que la obra social se negaba a entregar.

   Con la desregulación de las obligaciones de los prestadores de salud y la quiebra de las obras sociales, sobrevendría un crecimiento exponencial de la demanda sobre hospitales públicos vaciados y colapsados, lo que daría lugar políticas reaccionarias como la de Jorge Macri, que pretende retacear la atención sanitaria en CABA a ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Esta misma semana, el gobierno suspendió la atención de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), lo que deja en el desamparo a muchos pacientes con patologías terminales. 

   La política sanitaria del gobierno nacional es consolidar el negocio de la medicina privada mientras mantiene y empeora la quiebra de la salud pública y las obras sociales. La restricción del acceso a la salud condenará a millones de trabajadores a una calidad de vida inferior y empeorará la situación sanitaria de toda la población.