Erradicar el trabajo infantil
La mayoría de los países del mundo tienen leyes que prohíben el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Esto es así porque, entre otros efectos negativos, los mayores índices de abandono escolar se producen en las familias de los sectores más vulnerables, cuyos hijos ingresan en forma temprana en el mercado laboral. Frente a esa evidencia, la Argentina asumió el compromiso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de llegar al año 2030 con la erradicación total del trabajo infantil.
Cabe recordar que nuestro país ratificó convenios de la OIT referidos al trabajo infantil, y adecuó la legislación sobre niñez y aspectos laborales a estas normas internacionales. A modo de ejemplo se puede citar la ley 26.390 del año 2008, que establece la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.
La norma fija la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años, prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas, exista o no relación de empleo contractual, y sea el empleo remunerado o no. La ley prescribe también un máximo de tres horas para la jornada laboral y 15 horas semanales, en el caso de los mayores de 14 años y menores de 16 que realicen tareas en empresas de la familia, y siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas o insalubres, y que cumplan con la asistencia a la escuela. Prohíbe, además, el trabajo de menores de 18 años en jornadas nocturnas. Debe señalarse que, en gran medida, las leyes de este tipo que están vigentes en la mayoría de los países de América Latina están basadas en normas impulsadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, y como bien señala el organismo internacional, pese a estos esfuerzos el trabajo infantil sigue existiendo a escala masiva y en ocasiones tiene lugar en condiciones deplorables; en particular, en los países en desarrollo.
"Este fenómeno es infinitamente complejo, y a ello se debe que el progreso haya sido lento o aparentemente inexistente. No obstante, la base de una acción determinada y concertada debe ser una legislación en la que se establezca la eliminación total del trabajo infantil como objetivo último de las políticas, y que disponga las consiguientes medidas para lograrlo. Y en la que se determinen y prohíban de manera explícita las peores formas de trabajo infantil que se han de eliminar como prioridad", señala un informe de la OIT sobre esta compleja temática.
El trabajo en edades no permitidas por la ley muchas veces lleva a los chicos a abandonar en forma prematura sus estudios. Pero eso no es todo. También los expone a sufrir daños físicos y psicológicos que los acompañarán en su vida adulta. Los niños, niñas y adolescentes deben vivir su infancia en plenitud y por eso se debe garantizar su educación.
Esa etapa de la vida humana necesita de protección, aunque los que viven en hogares de mayor vulnerabilidad requerirán siempre una mayor contención debido a las privaciones materiales que sufren. En ese sentido, la Organización Internacional del Trabajo remarca que ninguna tarea o actividad realizada por un niño debe interferir en su escolaridad, ya sea por privarlo de asistir a las clases, obligarlo a abandonar anticipadamente las aulas o exigir combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado. Tampoco debe afectar su tiempo de juego ni de descanso, ni debe ser peligroso o perjudicial para su bienestar físico, mental o moral.
El trabajo infantil vulnera los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. Está comprobado que sus efectos negativos se perciben en términos sociales, de salud, económicos y de desarrollo humano a lo largo del ciclo de vida de la persona que se ve obligada a ingresar en forma temprana en el mundo laboral. Unicef, por su parte, recuerda que el trabajo infantil, además de vulnerar los derechos de niñas y niños, también afecta su salud, impacta en forma negativa en su acceso a la educación y limita el tiempo de juego y recreación. En conclusión, el desafío de erradicar el trabajo infantil requiere fortalecer las políticas públicas de protección de la niñez, promoviendo el acceso y el cumplimiento efectivo de sus derechos.
