Prisión preventiva a hermanastros acusados de liderar un clan narco
Son considerados dos de los capos más relevantes del norte del país. Fueron detenidos tras más de 30 allanamientos en Jujuy y Salta.
Dos jefes de una organización narcocriminal que opera en el norte del país desde 1978 y que fueron detenidos la semana pasada en el marco de una serie de allanamientos en Salta y Jujuy quedaron imputados de transportar estupefacientes y lavado de activos agravado, y seguirán presos de manera preventiva.
Desde el Ministerio Público Fiscal Federal informaron que las juezas federales de Garantías -en feria- de dichas provincias, Mariela Giménez y Carina Gregoraschuk, respectivamente, formalizaron la acusación contra Abel Liquitay y David Liquitay Choque, y dictaron la prisión preventiva de ambos.
En los allanamientos también fueron apresado Darío Giménez y Daniel Suárez, quienes quedaron imputado con preventiva por dos traslados de más de 450 kilos de cocaína, ocurridos en noviembre de 2023, en el sur de Salta, y en enero pasado, a la altura de la finca El Pongo, en la provincia de Jujuy.
Se trata de una investigación conjunta de los titulares de las Áreas de Casos Complejos de las Unidades Fiscales de Jujuy y Salta, Federico Zurueta y Ricardo Toranzos; y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; junto al responsable de la región NOA de esa área, Eduardo Villalba; y al fiscal de feria, Carlos Amad Martín.
Por distintos caminos, los fiscales llegaron hasta Liquitay y su hermanastro, Liquitay Choque, quienes estaban señalados como los líderes actuales del clan narcocriminal "Los Liquitay", que desde 1978 opera en el norte del país, lleva tres generaciones implicadas en actividades del narcotráfico y es considerado un importante proveedor de drogas en otras provincias.
Los hombres fueron detenidos en el marco de una redada de 31 allanamientos simultáneos en inmuebles de Salta y Jujuy, en los que además se secuestraron 49 vehículos, $4.718.000, USD13.603, 100 euros, 420 pesos bolivianos y documentación de interés para la investigación.
Las tareas investigativas, dirigidas por las distintas áreas especializadas del MPF, estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Procedimientos Judiciales y de la Unidad de Reunión de Información de Jujuy, de Gendarmería Nacional y del Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico NOA.
Los fiscales entendieron que la modalidad de la organización era la obtención de la droga a través de proveedores en la frontera, en la localidad de La Quiaca, tras lo cual, con la participación de otros eslabones, coordinaba el traslado de la sustancia hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Allí se reacondicionaba la droga y se la enviaba a destinos como Salta, Tucumán, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, tráfico que le dejaba grandes ganancias con las que luego adquirían bienes, por lo general vehículos.
Por su parte, la jueza jujeña hizo lugar a la acusación formulada por el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, de la Procunar NOA, respecto de a Abel Liquitay y David Liquitay Choque, por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, agravado por la habitualidad y por ser cometido por un grupo organizado.
La acusación se fundamentó en las pruebas recabadas, que incluían un listado de vehículos adquiridos o administrados por los acusados o intermediarios, entre los que había siete camiones, seis automóviles de alta gama, cuatro cuatriciclos y otros rodados en un galpón de la localidad jujeña de Palpalá.
La fiscalía destacó que, pese al enorme volumen de dinero necesario para la adquisición de estos vehículos, ninguno de los acusados registraba trabajo formal, ingresos registrados en la AFIP, ni tampoco tenían sus declaraciones juradas actualizadas.
Asimismo, recordaron los vínculos de los acusados con otras cuatro investigaciones que involucraban a Alberto Estanislao Liquitay, padre de Abel.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva de ambos, fundada en la gravedad del hecho y la logística desplegada para darle apariencia lícita a los bienes adquiridos con ganancias del narcotráfico.
A su vez, resaltaron el peligro de fuga, la posibilidad de entorpecer los peritajes y otras medidas de la investigación, el riesgo de que alerten a sus familiares prófugos, y la escala penal excesiva, la que les impediría acceder al beneficio de morigeración.
Las fuentes recordaron que, el 5 de febrero de 2020, el Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a Alberto Estanislao Liquitay, Darío Alejandro Acevedo, Raúl Ricardo Farías y Ariel Estelino Georgevitch, a penas de entre 4 y 10 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes, por el hallazgo de 11,672 kilogramos de cocaína en encomiendas, en julio de 2019, investigado por el fiscal del Área de Casos Complejos, Ricardo Toranzos.
En tanto, en junio de 2020, Toranzos llevó a juicio a la pareja de Liquitay, María Virginia Quispe, a quien se le impuso una condena de 3 años de prisión condicional.
Por su parte, el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, acusó a Darío Giménez y a Liquitay Choque por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, por un cargamento de 418 kilos de cocaína, por el que también hay otros tres acusados.
