La Defensoría del Pueblo del Chaco analiza una presentación judicial contra el DNU nacional

El defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj, confirmó que analiza la presentación de un amparo ante la justicia contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, por el cual el Poder Ejecutivo Nacional busca derogar y modificar gran cantidad de leyes, y que entra en vigencia hoy 29 de diciembre.

La presentación será en la justicia ordinaria de la provinciay, frente a un posible rechazo por jurisdicción, ante la justicia federal, durante el próximo mes de enero. "Estamos viendo si hacemos la presentación de un amparo, para que no tenga efectos este DNU", le dijo ayer a NORTE el funcionario. 

El defensor del Pueblo explicó los motivos de la impugnación a través de una medida de amparo: "Este DNU es contrario a la Constitución Nacional, porque la confronta y también confronta la división de poderes", sostuvo. 

"No hay ninguna circunstancia excepcional que imposibilite seguir el trámite por vía ordinaria en el Congreso. Tampoco fue explicitada la cuestión de la necesidad y de la urgencia, porque el instrumento del DNU atiende cuestiones permanentes, de extrema necesidad y no una coyuntura ni una subjetividad tan amplia. Además, el artículo 99 de la Constitución resulta pisoteado porque el Poder Legislativo queda con un papel decorativo", enumeró al ofrecer más fundamentos sobre la "inconstitucionalidad" del decreto. 

"Hay una confrontación de este decreto a la Constitución Nacional, un atropello",resaltó como idea central, y advirtió que, dadas las características de este decreto del Poder Ejecutivo "se rompe la idea central del republicanismo con la división de poderes en lo institucional".

A la vez, como otro punto central, Voloj advirtió que en el DNU "no se entiende la urgencia ni la necesidad en una cantidad de temáticas y competencias, que superan lo normal o lo afectado cuando el Poder Ejecutivo, cualquiera sea, utilizó un DNU". 

Excediendo los límites 

Al margen de analizar la utilidad de una herramienta como un decreto de necesidad y urgencia, el defensor del Pueblo sostuvo que en este caso, el Ejecutivo nacional está "solicitando legislar en cuestiones que no le son propias", y por eso "se excede en los propios límites que la Constitución establece". 

Para no caer en lo que denominó "juegos políticos ni ideológicos", Voloj ponderó que el DNU 70/2023 fue cuestionado por un amplio arco de especialistas, desde el abogado Daniel Sabsay, "alejado de las ideas populares" –según definió-, hasta quienes se identifican "con las ideas más sociales afines al peronismo y al radicalismo". Dijo así que este decreto, en definitiva, "genera un repudio de casi toda la sociedad". 

Además, sobre la vía judicial para cuestionarlo, estimó que "claramente llegará a la Corte Suprema de Justicia". "Horacio Rosatti –presidente de la CSJ- planteó sus dudas sobre los avances irrestrictos del Poder Ejecutivo Nacional, violentando la división de poderes", recordó, y agregó: "A nuestro entender, será la Justicia la que termine de resolver sobre el DNU". 

Otras presentaciones 

Voloj recordó que la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires ya presentó un amparo en la justicia para detener los efectos del DNU, haciendo "reserva federal", lo que significa que "si la justicia provincial lo rechaza, deja habilitada la vía federal". 

Mencionó también la presentación que hizo –entre otras ya hechas ante la justicia- del abogado Andrés Gil Domínguez. Mientras que el amparo de la CGT, recordó que fue rechazado por la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires porque el DNU todavía no tenía vigencia. 

Las Defensorías 

Por otra parte, Voloj destacó que las Defensorías del Pueblo "son organismos que tienen distinta variedad en su composición. No las unen cuestiones partidarias, sino que son organismos garantes de aspectos constitucionales, de derechos fundamentales de los ciudadanos en las provincias". 

Mencionó a la vez que, si bien existe la Defensoría del Pueblo de la Nación, hace 14 años que no hay un defensor designado. De ahí la importancia de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), ya que ocupa ese lugar. "La intención es presentar, como asociación, alguna medida judicial", adelantó. 

Hay una confrontación del decreto a la Constitución Nacional, un atropello. Se rompe la idea central del republicanismo con la división de poderes en lo institucional, dejando al Poder Legislativo en un papel decorativo y simbólico.

Los puntos cuestionados al decreto  

Más allá de las mencionadas cuestiones de fondo, en el análisis particular de los puntos que considera de mayor gravedad por la afectación o el impacto que generan en la sociedad, Voloj alertó que el DNU pretende legislar sobre "cuestiones aduaneras", y otros temas que "no hacen a la esencia de un decreto, como cambios en la Ley de Tierras y la de manejo del fuego", donde existe "claramente un llamado a hacer algún tipo de negocios con la tierra pública, o con tierras que intencionalmente son quemadas para desmontes o para hacer un cambio de uso de suelo". 

Otro punto que cuestionó el defensor es la modificación en materia laboral: "No se termina de comprender por qué va dentro de un DNU", indicó. Sumó a eso la derogación de la Ley Alquileres: "Está claro que no cumplió los objetivos (que le dieron origen), porque dejó en una situación de incertidumbre a los inquilinos, y dejó lugar a una especulación muy grande, pero tampoco se entiende la necesidad de modificarla bajo un DNU", contrastó. 

Mencionó además puntos del decreto que tienen un impacto directo en el bolsillo de los habitantes en general, como las modificaciones en operaciones del sistema financiero, los intereses que pueden cobrar las tarjetas de crédito, lo que "deja lugar a una suerte de libre albedrío en la fijación de tasas", y que generará un perjuicio para personas que "usan la tarjeta de crédito para financiarse y tratar de ganarle a la inflación", sostuvo. 

Además, en cuanto a medicina prepaga, los cambios significarán "un salto fuertísimo en las cuotas, porque queda desregulada la capacidad de intervención del poder estatal, fijando un libre juego de precios a cargo de las empresas", indicó, aunque recordó que en provincias como el Chaco este tipo de coberturas en salud está limitada a un sector de la población, porque la mayor parte de los habitantes están cubiertos por obras sociales. 

Al margen de ese análisis, y como excepciones, consideró que hay aspectos sobre los cuales podría llegar a entenderse la solicitud del Poder Ejecutivo Nacional en materia de "urgencia y la necesidad", sobre todo en los cambios propuestos en la estructura política necesaria para llevar a cabo las reformas que promueve esta administración nacional. "No son aspectos positivos ni negativos, sino necesarios para el gobierno en cuanto a la modernización de estructuras del Estado, para lograr una mayor eficiencia", indicó. 

Un Decreto de Necesidad y Urgencia atiende cuestiones permanentes, de extrema necesidad, y no una coyuntura ni una subjetividad tan amplia.

El corazón es la sesión al Ejecutivo de facultades extraordinarias para legislar

Un proyecto de ley tan "extraño" como peligroso 

"El gran problema es la mezcla de introducir tantos temas, que sean prácticamente inabarcables. Muchos muy bien fundamentados y otros redactados a las apuradas", describió Voloj sobre el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", también llamado "Ley Ómnibus", al que también catalogó como "muy extraño". 

"Los argumentos son también muy extraños, porque estamos hablando de la modificación de 665 artículos, en un proyecto que compagina en 183 páginas cuestiones que van desde impuestos aduaneros hasta la modificación de la Ley de Hidrocarburos, el transporte y el tránsito, el derecho penal, el ambiente, los consumidores, cuestiones vinculadas a la justicia, al régimen de partidos políticos y al sistema electoral, y la privatización de 41 empresas públicas, entre otras temáticas disímiles", enumeró. 

Más allá de ese listado, para Voloj "el corazón del proyecto de ley apunta a otorgarle al Presidente facultades extraordinarias para legislar". "El Ejecutivo Nacional le pide al Congreso la sesión de facultades para que, en dos años, y casi con la suma del poder público, considere que Argentina está en una situación que hace necesario cambiar 150 años de historia, y hacer desaparecer el rol del Estado, con los eslóganes de la libre competencia y el libre mercado", opinó. 

En el análisis sobre las propuestas de la ley, el defensor consideró "interesantes" aquellos aspectos vinculados a la modernización y la transparencia del Estado, normativas sobre el orden en las oficinas anticorrupción, y el paso de la justicia federal a CABA. 

"Salvo esos pasajes innovadores, luego se introduce en la privatizaciónde empresas públicas, sin distinguirlas y considerándolas a todas por igual. Por ejemplo, a Corredores Viales S.A. la hemos cuestionado desde esta Defensoría del Pueblo en su rol de contralor del estado de las rutas nacionales. Y luego pasando por YPF y Nucleoeléctrica, que es una empresa pública que regula las centrales de energía nuclear, y que son rentables y exitosas", expuso Voloj. 

Asimismo, sobre la privatización de los ferrocarriles argentinos de cargas y de pasajeros, ponderó que "se generó un fortalecimiento institucional de todo el sistema de logística y, con más y menos, se avanzó en la recuperación del sistema ferroviario"; pese a lo cual se propone avanzar con la venta de estas empresas en lugar de continuar por un camino de mejora. 

"Un disparate"

Por otra parte, en cuanto a modificaciones en el derecho penal, consideró "un disparate" al requisito para las reuniones en espacios públicos, puesto que en el caso de participar tres o más personas se deberá pedir permiso al Ministerio de Seguridad de la Nación, con una antelación de 48 horas. Y también cuestionó la elevación de penas por cortes de calles y rutas. 

Otro aspecto que consideró grave es la modificación a la Ley de Hidrocarburos, ya que "deja al mercado sin control, con el Estado en un papel simbólico". Y, algo que tendrá directa incidencia en el Chaco: la modificación Ley de Bosques, permitiendo los desmontes en las zonas rojas, y modificando el fondo, lo que deja sin financiamiento a esta norma. 

"Está perfecto que esta mal llamada Ley Ómnibus se haya enviado al Poder Legislativo, y que sea allí donde se resuelva. Pero hay una sesión de facultades que pide el Ejecutivo nacional, una mezcla de temáticas, y cuestiones que hacen al entendimiento del rol del Estado", resaltó Voloj, y sumó: "Es preocupante, es una discusión política que debe darse, pero es difícil descifrar aquellos puntos en que el Ejecutivo tiene interés o si significa directamente un ‘vamos por todo’ modificando todas esas leyes".  

Por último, dijo que "los 257 representantes en el Poder Legislativo son quienes resolverán sobre una ley genérica con un abordaje de temáticas complejas", con la cual el gobierno "busca introducir de golpe una serie de cuestiones que pueden modificar la vida y los derechos y las y los argentinos". 

La presentación de las Defensorías del país 

La semana pasada, Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, como instituciones que tienen la misión de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, expresaron su preocupación frente al DNU. 

En un comunicado – que además fue enviado a las autoridades del Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo- marcaron que "el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación".

Así, exhortaron a que la propuesta del Poder Ejecutivo "se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos".

Indicaron además que el tratamiento de un DNU plantea a los diputados y senadores "la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen".

Las Defensorías del Pueblo son organismos garantes de aspectos constitucionales, de derechos fundamentales de los ciudadanos en las provincias. 

"La utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29", alertaron.

También las Defensorías señalaron como cuestionable "que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos; constitucionalmente previstos como una excepción". "La vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país", agregaron.