La pirámide de edad invertida
Los resultados del último censo de población, recientemente difundidos por el Indec, revelan que la cantidad de nacimientos en nuestro país disminuyó en forma significativa en los últimos años. 
Se trata de un asunto que, a largo plazo, provocará un cambio importante en la estructura de la población, como ya se observa en países europeos donde cada vez hay más personas adultas mayores, que niños. Las implicancias son enormes, ya que el buen funcionamiento de la economía depende, entre otras cosas, de la incorporación de las nuevas generaciones al mundo del trabajo.
Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el total de población por sexo registrado al nacer y grupo de edad, correspondientes al censo de 2022, la base de la pirámide poblacional (de niños en edades de 0 a 4 años) es cada vez más chica. En los censos de los años 1960, 1970 y hasta el de 1980 en la forma de la pirámide era, por llamarlo de alguna manera, "normal".
Sin embargo, en el censo de 1991 se observa que la cantidad de niños de 0 a 4 años empieza a disminuir y, por lo tanto, la base de la pirámide comienza a achicarse. Y así se mantuvo en los censos siguientes: en los de 2001, 2010 y el último de 2022 (en este último el fenómeno es más pronunciado) ¿Qué implicancias puede tener esto?
Si la tendencia persiste, surgirán problemas a largo plazo, ya que cada vez habrá menos trabajadores activos y más personas adultas que dependen de una jubilación o una pensión. Y, como todos sabemos, son los activos los que realizan los aportes para mantener las cajas jubilatorias. Para tener una idea de la importancia del asunto, basta recordar que actualmente las erogaciones en prestaciones sociales representan el 55% del gasto del Estado Nacional, siendo las jubilaciones y pensiones contributivas el componente principal.
Lo llamativo es que el debate por la declinación de la tasa de natalidad estuvo prácticamente ausente en la última campaña electoral, lo que confirma que el problema de la visión de corto plazo sigue muy presente en buena parte de la dirigencia. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2020 se registró un fuerte descenso de la natalidad, con 533,299 nacidos vivos, lo que representa un 14.7% menos que en años anteriores.
Se trata, en rigor, de un problema que afecta a muchos países occidentales, donde los estilos de vida actuales hacen que los más jóvenes posterguen la decisión de tener hijos o bien directamente decidan no tenerlos.
Más allá de la posición que asuma cada uno frente a ese fenómeno, lo cierto es que el descenso en la cantidad de nacimientos puede impactar en forma negativa en la estructura demográfica, generando un envejecimiento de la población y una disminución de la fuerza laboral.
De hecho, ya se observa un aumento en la proporción de personas mayores que requieren cuidados y una menor cantidad de jóvenes que ingresan al mundo laboral formal con aportes para sostener el sistema de seguridad social.
Hay que decir también que el problema está presente también en otros países. El año pasado, la ONU publicó un informe en el confirma que la población mundial experimenta un proceso de envejecimiento debido a un aumento de la esperanza de vida y niveles más bajos de natalidad en muchos países desarrollados. De esa manera, en 2022, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de cinco años.
La ONU advierte que el creciente número de personas que llegan a la tercera edad y demandan por un lado servicios de atención a la salud altamente especializados, y por el otro, beneficios monetarios que sustituyan sus ingresos al concluir su vida laboral, hace que los seguros sociales y en general, las instituciones que ofrecen beneficios para la seguridad social enfrenten desafíos importantes en el mediano y largo plazo.
La disminución de la natalidad en Argentina plantea desafíos económicos y sociales significativos que exigen un análisis más detallado con el objetivo de avanzar, luego en la implementación de políticas públicas que den respuestas a largo plazo.
Esas políticas públicas deberán, además, tener en cuenta que las personas adultas mayores también tienen gastos del servicio de cuidadores y requieren una atención de salud que es más costosa en esa etapa de la vida.
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