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Productividad y puestos de trabajo

Los trabajadores de los sectores más vulnerables con menor capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos representan un enorme desafío para las políticas de promoción del empleo.

De ahí la necesidad de impulsar programas que faciliten a los jóvenes la adquisición de las nuevas habilidades que demanda el mundo laboral a través de programas de aprendizaje más flexibles.

A esa conclusión llegan los autores del documento "El futuro del trabajo y los desajustes de habilidades en América Latina", preparado por Sonia Gontero, del área de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Rafael Novella, consultor de la Unidad de Estudios del Empleo del mismo organismo. En ese informe se observa que para hacer frente al mencionado desafío "es fundamental promover las innovaciones tecnológicas con potencial de ofrecer nuevas oportunidades de empleo, incrementar la productividad de los trabajadores y facilitar la adquisición de nuevas habilidades por ejemplo a través sistemas de aprendizaje flexibles". Los autores remarcan que los países de la región deben invertir en educación de calidad con el objetivo de propiciar el desarrollo de habilidades en condiciones de igualdad. En ese sentido, observan que en América Latina y el Caribe, la participación en actividades de aprendizaje formal y no formal en el ámbito laboral no está muy extendida. Además, se hace notar que en los países de la región el desajuste entre la oferta y la demanda de habilidades es una de las principales causas de los persistentes niveles de desocupación, la baja productividad y las dificultades para ocupar las vacantes laborales. "Este debate se ha potenciado en un contexto de rápidos avances tecnológicos, en el que se espera que las nuevas tecnologías exijan nuevas habilidades y procesos de adaptación a los trabajadores", sostiene el informe. En el caso particular de nuestro país, a ese panorama habría que agregar el problema que representa que un sector importante de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, donde el denominado "desajuste de habilidades" es todavía más notorio. Pero, por otra parte, hay que decir también que en nuestro país la porción de población que está en edad de trabajar es mayor que la de adultos mayores y niños que, por obvias razones, no se agrupan en el sector considerado productivo. Dicho de otro modo, la Argentina está frente a una "ventana de oportunidad demográfica", pero esa ventaja dejaría de ser tal en poco más de dos décadas, con todo lo que eso significa en términos de impacto en el sistema previsional y la caída en la participación laboral. Es, por cierto, un tema que no debería estar ausente en las agendas de los candidatos que competirán en las próximas elecciones presidenciales. En efecto, nuestro país es uno de los que ya comienza a registrar una mayor cantidad de personas adultas mayores, si se lo compara con otras naciones de países de América Latina y el Caribe. En 1914, la mitad de la población argentina tenía hasta 20 años y la de 60 años y más representaba apenas el 4%. En la actualidad, la edad mediana de los argentinos alcanza los 30 años, mientras que la población de 60 años y más asciende al 14,3%. Según los especialistas, debido a que el fin del bono demográfico está cada vez más cerca, urge comenzar a diseñar políticas públicas para atenuar el impacto en una sociedad que, para entonces, tendrá tasas de dependencia más altas. Pero mientras tanto, atravesamos un período con más habitantes en el segmento de población económicamente activa. Es de esperar, entonces, que no se desaproveche esta ventaja para apuntalar nuestra vapuleada economía nacional y, al mismo tiempo, fortalecer las bases de un desarrollo con más inclusión. 

Respecto a la productividad en los puestos de trabajo, cabe señalar que países con economías robustas como Alemania, Australia y Canadá también enfrentan el problema de la falta de trabajadores cualificados. Por esa razón, el Parlamento alemán, por ejemplo, aprobó este año una reforma a la ley que regula la migración con el fin de incorporar cerca de 75.000 especialistas al año y cubrir las necesidades laborales de ese país.

Queda claro que la incorporación de nuevas tecnologías en las cadenas de producción, así como la alta informalidad y los déficits en materia de formación son variables que hay que tener en cuenta a la hora de buscar soluciones para este problema.

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