"Nuestros hijos tienen derecho a tener una infancia sana, feliz y compartida"
Hace tres años que Emanuela Ríos no ve a su niña. Denunció que "hay tres informes de entrevistas a mi hija por videollamada con su obstructora al lado. No es trabajo serio".
En la última manifestación de familiares autoconvocados bajo la consigna "Unidos por nuestros hijos", frente al Juzgado del Menor de Edad y la Familia 6 de la Primera Circunscripción Judicial de Resistencia, volvieron a reclamar celeridad en sus casos.

"Hay un abuelo de Basail y otro de Resistencia que murieron sin volver a ver a sus nietos. Soy testigo de cómo ese hombre luchó hasta lo último para lograr la revinculación y no lo escucharon", relató Emanuela Ríos, quien hace dos años y ocho meses no puede ver a su hija.
La mujer expresó a NORTE que el Juzgado a cargo de Laura Parmetler (French 166) "no trabaja con la celeridad que corresponde" y en ese sentido pidió que "el equipo interdisciplinario haga informes serios, no de media carilla como fue en mi caso. Hay más de tres informes que realizaron a partir de entrevistar a mi hija por videollamada con la obstructora a su lado, eso no es un trabajo serio".
Por otra parte, Emanuela lamentó que "la Justicia les da impunidad a estas personas (los familiares que impiden el vínculo con los menores) porque nosotros no tenemos los recursos para exigir".
En última instancia, la mujer dijo que "hay un desamparo y abandono total de los derechos de nuestros hijos. Ellos tienen el derecho a tener una infancia sana, feliz y compartida". Unidos por Nuestros Hijos se manifestará una vez a la semana en las distintas ubicaciones con competencia en estos casos "hasta conseguir respuestas".
Otro de los casos que resonantes del Juzgado del Menor de Edad y la Familia 6 de Resistencia es el de Fernando Calera y su hijo. Desde noviembre 2022 la familia paterna no puede tener contacto con el pequeño, por lo que pide celeridad y esclarecimiento de los hechos.
"Soy docente y sé lo mucho que estas situaciones afectan a los niños. Se le están prohibiendo derechos básicos. Vivo enfrente de su casa y hace siete meses no puedo verlo", reclamó Natalia Insaurralde, la abuela del niño.
En ese sentido, Calera relató: "En diciembre de 2022 el juzgado decide con una cautelar que mi hijo sea llevado por su mamá a la casa de un familiar mío, dos veces a la semana, para poder verlo. Esto nunca se cumplió por decisión de su madre, que permanentemente restringe el vínculo privando a mi pequeño de sus derechos básicos como niño. Temo por la salud mental y emocional de mi hijo".
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