Desnacionalización de los servicios públicos, fin de la justicia social

Hace 30 años y más, el 10 de marzo de 1993, se cancelaban la totalidad de los servicios interurbanos y de larga distancia que todavía prestaba Ferrocarriles Argentinos. La Ley 23.696 declaró en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos. Se dispuso también la intervención de todos los organismos que los administraban. 

Se decía: "achicar el estado es agrandar la Nación", "nada permanecerá en manos del Estado". Se justificaba diciendo: obtener recursos para paliar el déficit fiscal y equilibrar el presupuesto del Estado. Dar eficiencia a los servicios públicos, con mejores servicios de los inversores. Generaba mayor competitividad en el sector privado y mayor eficiencia en el sector público.

Perdimos el control de empresas de energía, telecomunicaciones, el transporte y de la construcción. Le siguieron Aerolíneas Argentinas, la red vial, los canales televisivos menos ATC, hoy la Televisión Pública. Casi todas las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Gas del Estado, Subterráneos de Buenos Aires, el CEAMSE y la Casa de la Moneda.

El espantoso proceso de desnacionalización significó que los teléfonos quedaron para españoles, franceses e italianos, la distribución de gas de los que es hoy CABA para los británicos. La generación y distribución de electricidad para capitales chilenos, la red cloacal y de agua para los franceses. La paradoja fue que mientras nuestras empresas públicas se extranjerizaron, se expandían las de los países compradores.

No quedó nada afuera, se privatizó hasta para la emisión de documentos de identidad. Los lobos estuvieron (y están siempre a la expectativa), para acelerar el proceso lo más rápido posible, asegurar sus inversiones, ocupar mercados y multiplicar sus ganancias, se llevó cabo con la dirección técnica y financiera de los organismos internacionales como el FMI, BID y el Banco Mundial.

Pese al costo social para los argentinos, con el pretexto de reducir el déficit fiscal las empresas fueron entregadas como parte del pago de la deuda externa. Pagar la deuda decían -y dicen-, daría señales favorables de cambio de rumbo a los agentes económicos y a los gobiernos de los países desarrollados, obteniendo así el apoyo de los acreedores externos y un incentivo para los grupos interesados a nivel local. Nada que fuera justicia social.

Otro perverso argumento rondaba en torno de la estabilidad. La hiperinflación posterior a las  privatizaciones fue la herramienta para actuar de manera acelerada en este proceso. Dijeron que las empresas públicas eran una de las causas fundamentales de la crisis; reduciendo el déficit público se volvería la estabilidad. Con la emergencia económica por ley posterior quedó allanado el camino para la entrega del patrimonio nacional. 

Lo corrupto fue que para reducir el precio de las empresas públicas y venderlas rápidamente fueron salvajemente desmanteladas sin legislación, con requisitos orientados y dirigidos sólo para los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Se limitó el aporte del Tesoro Nacional para que solo con los recursos genuinos ingresados se financiara el total de los gastos de funcionamiento y las inversiones previstas.

Todo fue organizado para favorecer a los capitales oferentes. En el caso de las centrales térmicas, se cotizó teniendo en cuenta la vida útil restante, en algunos casos fueron cotizadas entre un 10 y un 30% del valor de reposición. Hizo que en muchos casos el valor base de la licitación no llegara a cubrir el valor de los edificios y terrenos de la empresa. Una rebatiña de los bienes de los argentinos. 

Los beneficiados con las adjudicaciones en la parte energética solo se esmeraban en reducir costos. Y no contando con una legislación para el control efectivo, devengó una real falta de calidad en todos los servicios. Cuatro empresas nacionales y dos binacionales garantizaban casi el 90% de la provisión de energía y eran propietarias del 100% del transporte (redes de alta tensión). Más los servicios provinciales y de cooperativas.

Este proceso de entrega del patrimonio nacional significó que en todas las áreas que se desnacionalizaron se produjo una intensa reducción de personal, con la devastación de los planteles profesionales. A propósito, no había control estatal, los organismos creados a ese fin nunca cumplieron sus funciones. Mientras que nosotros padecimos un limitado acceso a los servicios, aumentaron las tarifas con calidad disminuida.

Decisiones políticas muy perjudiciales para nuestro país, con nuestros FFCC miles de familias quedaron a la deriva. Se empleaba a 106.000 personas en 1990, había 36.000 km de vías, 51 talleres de vía y obra, 23 talleres de mecánica, 2.200 estaciones, 4.350 galpones de carga, 635 galpones de encomiendas y equipajes, 2.100 puestos en cabinas y señales y 43.000 unidades de material tractivo y remolcado. (Fuente Argenpress Juan Carlos Cena).

Somos parte de esa generación de argentinos que sufrimos la pérdida de justicia social en todos los aspectos, pero tenemos memoria para recordar. Los viejos, los pobres y los humildes pasamos a formar parte de la "teoría del descarte" por ideas trasnochadas de algunos liberales. Las seguimos escuchando, y la cantinela ha sido siempre un gasto y no una inversión que repercute directamente en las economías regionales y obviamente en la nacional.

Advertimos a las generaciones presentes y futuras, nuestra memoria les hace saber que se anularon los derechos sociales a partir de la mal llamada Revolución Libertadora con políticas neoliberales respaldadas por el Banco Mundial y el FMI. Salvemos a nuestras generaciones presentes y futuras, el sistema es perverso.

*Abogado, especialista en evaluaciones ambientales, escritor, historiador del Chaco y sus ancestros.