CARTAS DE LECTORES

Carta abierta al gobierno provincial

Señor director de NORTE:

Ante los acontecimientos producidos por la detención del Clan Sena y la desaparición de Cecilia Strzyzowski y las consecuencias que sufre la ciudadanía chaqueña incluida la familia de la víctima y la afectación  política del gobierno y el crucial momento definitivamente para el Chaco. 

Cabe que reconstruyamos objetivamente los acontecimientos para arribar a un consenso de tranquilidad social y una realidad lacerante y triste, debemos partir de la estadística oficial del Indec que calificó a la Provincia del Chaco con el 54% de pobreza, la mayor de todas las provincias de la República Argentina. 

Inevitablemente es caer en el interrogante del por qué hace años se generó progresivamente una matriz piquetera que vincula inevitablemente con el poder político de turno. 

El régimen genera la protección de los desocupados con un insostenible gasto y deuda pública que financia las llamadas misiones de asistencia social, de empleo, dirección desde planes sociales, fundaciones, aportes, barrios, escuelas, universidades y por medio del privilegio y ventajas que proporciona el Poder, se configura del uso y abuso de los recursos del Estado. 

La convivencia política con los piquetes trasvasó los otros Poderes del Estado; el Poder Judicial se abstiene de cualquier tipo de intervención nos preguntamos los fiscales de turno, ante obstrucción de calles y/o rutas constitucionalmente protegido, se desconoce la ley vigente, no se considera delito (…) en tanto derecho garantizado por el art. 14 de la Constitución Nacional (en adelante CN) y la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449 (arts. 3, 21, 23, 27, 48 inc. t, 59, 77 inc. b, 80 inc. a); y asimismo las consecuencias legales que se derivan para quienes, además de la posible comisión de alguno de los delitos contra las personas (homicidio, lesiones o abandono de personas), impidan o entorpezcan la circulación y alteren la libertad, funcionalidad y fluidez del movimiento viario (art. 194 del Código Penal). 

Teniendo como referencia los principios generales de libertad de tránsito y de no dañar a otro (del latín "alterum non laedere o naeminem laedere") de fuente constitucional (art. 19 CN) y legal (arts. 1708, 1716, 1717 y concordantes del Código Civil y Comercial, en adelante CCC), y como norte y anhelo, la prevención del daño (arts. 1710 a 1713 CCC). 

También afectó por omisión y sospechoso silencio al Poder Legislativo que no desarrolla ninguna ley que proteja a los comercios, transeúntes y ciudadanos molestados.  

Modus operandi: se constituyen como "grupos de presión" sobre causas nacionales, provinciales, con logística económica y funcional de carácter violento e intimidatorio, ocupacional de vías públicas que consideran su "territorio de ocupación", que opera como mecanismo de extorsión, con fines de resultado económico. 

Configuran feudos y barrios cerrados: que funcionan como Estado y municipios paralelos, educación, desarrollo, servicios de luz, agua sin contralor técnicos y de servicios por las propias empresas estatales. 

Es injusta la asignación de fondos que bien podrían ser aplicados a las políticas públicas de una provincia global con programas sustentables y de una visión macro económica para evitar el empobrecimiento de una población con un régimen genuino. 

Entonces nos preguntamos, a esta altura de los tiempos y teniendo en cuenta la utilización sistemática y serial del corte de calles y caminos por parte de las organizaciones sociales: ¿el reclamo perseguido justifica el medio empleado (piquete) para lograrlo?

 ¿La sociedad debe continuar siendo espectadora y tolerando los cortes?

 ¿El Estado está cumpliendo con su función preventiva de velar por el libre tránsito de bienes, servicios y personas, y en su caso, sancionar penalmente a los sujetos que organizan y ejecutan los piquetes?

El piquete surgió como una alternativa de protesta social, alejada de las formas tradicionales de movilización. 

Así la decadencia de las condiciones económicas, sociales y políticas en nuestro país, lo que necesariamente produjo el crecimiento de los niveles de desempleo y pobreza.

Por lo que el Estado no puede y no debe seguir con su rol pasivo y permisivo, actuando en forma preventiva a los fines de evitar el corte (más aún cuando se trata de cortes programados) o bien cuando el piquete se está llevando a cabo (delito in fraganti), pudiendo la autoridad policial intervenir —sin orden judicial— para restablecer el orden, la libertad, funcionalidad y fluidez del movimiento viario; y a su vez debiendo el fiscal de turno declarar el caso como flagrancia, proceso judicial rápido y sencillo regulado por la Ley 22.272.

Debemos ser conscientes de que ocupamos una provincia pobre, marginal, segmentada con cultura heterogénea y en territorio disperso, agropecuario con núcleos poblacionales más ricos y otros Charata, Villa Ángela y concentraciones dentro de Roque Sáenz Peña y Gran Resistencia y que esta última ha tenido tradicionalmente una migración urbana que concentra el 50% del Padrón Provincial sin industrias de base y solo pocas pymes.  

Es imprescindible desmovilizar las tres generaciones de abuelos, padres e hijos sin trabajo, sometidos a las jerarquías y liderazgo de jefes piqueteros. 

En este contexto es prioritario que: "Dejemos que la independencia del Poder Judicial siga su curso con legitima imparcialidad y se condene a quienes cometieron el aberrante crimen de Cecilia Strzyzowski, de no ser así el daño que la democracia puede sufrir si el Poder Judicial no es independiente y si el Poder Judicial demuestra parcialidad y sumisión frente a los otros poderes del Estado. 

Y de parte del Poder Ejecutivo representado en la persona del gobernador Jorge M. Capitanich se promueve una reunión cumbre de una declaración de compromiso global de carácter jurisdiccional para arbitrar las soluciones a la trama piquete (¿?).

Solo pretendo aportar mi experiencia y trayectoria observador político de la Organización de los Estados Americanos de 1992 y consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, en República Dominicana, en Venezuela y especialmente en Perú, en esta última seguido por la violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Me quiero referir especialmente a la etapa que viví en el Perú, en el contexto histórico nos mostraba una paz destrozada y en tal circunstancia en mi estadía en Lima la consigna que se me encomendó de "trazar un perfil de la actuación política institucional del presidente Fujimori, consecuentemente con su trayectoria y vigencia futura en los destinos del Perú. 

Fiel al compromiso asumido me instalé personalmente en el Palacio de Gobierno de Perú, llamado también casa de Pizarro; sede principal del Poder Ejecutivo y la residencia oficial del presidente del Perú. (Pirota, José Hernando, "Una vida en acción", Ed. Lumiere, Buenos Aires, 2019).

La noche que Fujimori debió dormir en la Embajada de Japón, perspicaz sabiduría para salvarse del golpe de Estado preparado por las fuerza armadas, felizmente abortado porque esa noche Fujimori no durmió en el Palacio Pizarro. Lo transcendente, por ser testigo directo de los acontecimientos políticos señalados captado por el periodismo, foto que me entrevista una periodista al salir del Palacio y que mantuve silencio, pero sí comprendí la importancia de mi presencia. 

Y me hicieron caer en la cuenta de la vulnerabilidad del poder político en su limitada permanencia en el gobierno de Perú, esa fue la conclusión de mi legado, en el cual pronosticaba en términos democráticos la vida política de Fujimori seria efímera y su trayectoria futura carecía de sustento en la ciudadanía y su irrupción había sido coyuntural y pasajera, del mismo modo su extinción tenia defunción anticipada. Vaticinio que se cumplió al poco tiempo; y además; fue encarcelado por los desmanes cometidos. 

Esta experiencia emblemática me permite trasladar al presente del Chaco la enseñanza y significado que representó este acontecimiento.  (Pirota, José Hernando, "Una vida en acción", Ed. Lumiere, Buenos Aires, 2019).

En consecuencia debería el Poder Ejecutivo representado por el gobernador de la Provincia del Chaco: contador Jorge Milton Capitanich promover una reunión cumbre unificada con todos los poderes del Estado que  culmine con de una declaración de compromiso global de carácter institucional y responsabilidad republicana para establecer las reglas claras de convivencia social en el marco de un Estado de derecho y así arbitrar las soluciones del complejo tema "piquetes" y que represente un antes y un después. 

Finalmente, confieso como ciudadano chaqueño mi imparcialidad política, comparto el clamor de la ciudadanía chaqueña, sin banderías políticas y con imparcial objetividad que exprese su claro sentido cívico, su madurez política y la verdad histórica de un "Nunca Más", que inexorablemente representa el veredicto de la voluntad popular. 

José Hernando Pirota

(Abogado, consultor en temas electorales)