Parientes de provincia
Se detectaron al menos 146 familiares de gobernadores, vices e intendentes en las administraciones provinciales argentinas. Jujuy, Formosa, Catamarca, La Rioja y San Luis, en el "top 5".
La mayoría de las provincias argentinas (56%) no tienen normas contra el nepotismo; en las municipalidades capitalinas, esa carencia alcanza al 80%. En algunas provincias que tienen normativas al respecto, no se cumplen. El 92% de las provincias no respondieron los pedidos de acceso a la información.
Estas son algunas conclusiones a las que llegó la organización periodística RUIDO, una red nacional de periodistas, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, que realizó una investigación nacional sobre el tema.
En las 23 provincias argentinas más la Ciudad de Buenos Aires, gobernadores, vicegobernadores e intendentes de las capitales provinciales tenían en febrero de 2023 al menos 146 parientes -directos o indirectos- que trabajaban en el Estado. Si bien la mayoría implica casos de nepotismo ("Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos", según la RAE), en otros se trata de personas que ocupan cargos electivos y/o en otros poderes del Estado.
De las 146 personas detectadas, 94 (64%) trabajan en las administraciones públicas locales, que dependen de los poderes ejecutivos provinciales, mientras que las otras 52 (36%) lo hacen en otros poderes del Estado, en otros distritos, o bien con cargos electivos.
El relevamiento se basó en la escasa información disponible en cada una de las provincias, y a través de datos obtenidos en una consulta pública que RUIDO realizó entre enero y marzo de 2023.
El 92% de los gobiernos provinciales no respondió los pedidos de acceso a la información realizados para conocer estos nombres (y casi no hubo respuestas útiles en el 8% restante), no hay información oficial que permita saber hasta dónde puede llegar la cifra de parientes. Estas son dos de las características del fenómeno del nepotismo en Argentina: su inmensidad y la imposibilidad de precisarlo.
El ranking
Es, lejos, la provincia donde esta investigación halló más parientes, contando solo a los tres funcionarios investigados. Suman 38, pero el gobernador Gerardo Morales bate récords: tiene 25 en total. Al menos 10 son funcionarios o funcionarias del Ejecutivo, mientras que el resto se reparte entre el Poder Judicial, la Legislatura local y el Congreso de la Nación. En ese listado desfilan hijos, hermanos, primos, tíos, sobrinos, yernos, parejas actuales y pasadas, y excuñadas.
Por su parte, el vicegobernador jujeño Carlos Haquim tiene al menos 8 parientes; mientras que los del intendente de la capital provincial, San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, son cinco. Se trata, además, de una de las provincias que tiene una ley de ética pública (5.153), en donde se menciona la restricción de cargos para parientes. Pero, como en todos los demás casos, suelen ser artículos ambiguos, incluidos en normas que no se monitorean.
A Jujuy le sigue Formosa, con 15 casos (13 de ellos familiares del gobernador, Gildo Insfrán); mientras que con 10 casos totales aparecen Catamarca; La Rioja (8 son parientes del gobernador, Ricardo Quintela) y San Luis (6 familiares de los Rodríguez Saá). Luego sigue Corrientes, con 9; y Santa Cruz, también con 9 (6 parientes de los Kirchner). Se contabilizan familiares de Insfrán que ya no están activos, pero que cobran jubilaciones provinciales como exempleados públicos.
Sin contención legal contra el nepotismo
La mayoría de las provincias (56%) no tiene ninguna ley relacionada con la prevención del nepotismo en los gobiernos centrales. Es decir, 13 de 23 distritos.
Eso quiere decir que no dictaron una normativa propia, pero que tampoco adhirieron a la ley nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública 25.188, ni al decreto 93/2018 ("Designación de personas con algún vínculo de parentesco") sobre nepotismo en la administración pública.
En relación con los municipios capitalinos, la ausencia de esas normas es aún mayor: 80%. Sólo CABA, La Plata, Mendoza, Santa Rosa (La Pampa) y Viedma (Río Negro) poseen ordenanzas locales al respecto.
Pero incluso en muchos distritos que disponen de un ordenamiento legal contra el nepotismo, este no ha sido reglamentado, o bien no se controla, o bien no se cumple. O las tres cosas al mismo tiempo. En otros casos, la norma es muy limitada. Por ejemplo, cuando solo impide que gobernador y vicegobernador sean parientes. Pero no dice nada del resto.
En La Pampa, por ejemplo, la ley 643 (estatuto para agentes de la administración pública provincial) establece la prohibición, pero sólo para que el pariente trabaje en la misma repartición. Nada impide que lo haga en otras, por lo cual los funcionarios podrían ejecutar la práctica de intercambiar favores con sus pares.
La provincia de Corrientes sancionó en 2009 la Ley 5.911 de Ética Pública. Pero aún no se pone en vigencia, por una cláusula que ordena la confirmación de una comisión para avanzar en su reglamentación. Y la comisión nunca se formó. En otras provincias hay diversos proyectos de ley de ética pública o contra el nepotismo a la espera de ser tratados, desde hace años.
Cómo se hizo la investigación
Entre diciembre 2022 y enero de 2023 se presentaron pedidos de acceso a la información (PAI) en todas las provincias argentinas, más CABA. Solo en la provincia de Catamarca se envió más tarde, por un error técnico inicial, por lo que aún habría tiempo para que la provincia responda. Se requirió información sobre parientes en el Estado de tres funcionarios en cada distrito: gobernador/a, vicegobernador/a e intendente/a. Los PAI se enviaron a las administraciones provinciales, a las legislaturas locales y a cada municipio capitalino. En todos los casos se requirió información sobre parientes de alguno de estos tres funcionarios en cada área especificada.
Además, en enero de 2023, convocamos a nuestra audiencia a colaborar con datos que consideraran útiles para hallar parientes de algunos de estos tres funcionarios en cada provincia.
De los 24 distritos consultados, 21 no respondieron los pedidos de acceso a la información que preguntaban sobre parientes de esos tres funcionarios principales.
La joyita
Es la provincia donde más parientes en el Estado se encontraron en relación con los tres funcionarios relevados. El detalle es el que sigue.
Parientes del gobernador Gerardo Morales:
Hector Fredy Morales, hermano, en la Secretaría General de la Gobernación; Marcelo Fernández, excuñado, directorio Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado); Gastón Morales, hijo, presidente de Cannava (la empresa estatal jujeña que Gerardo Morales puso en funcionamiento en 2018 para la producción de cannabis medicinal); Walter Rolando Morales, hermano, presidentre del Inprojuy (Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy) y presidente del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy; Facundo Morales, hijo, coordinador general del Ente Autárquico del Festival Internacional de Cine de las Alturas, presidente del Instituto de Artes Audiovisuales; María del Carmen Morales de Cuéllar, hermana, trabaja en el Congreso de la Nación; Osvaldo Cuellar, cuñado, trabaja en la Legislatura; María Inés Fernández, expareja, trabaja en el Congreso de la Nación; Marcelo Cuéllar, cuñado, empleado en Tribunales de la Provincia; Patricia Morales, prima, coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación; Néstor Navarro, primo, empleado en la Legislatura; Luis Morales, tío, trabaja en la Legislatura; Jorge Sebastián Morales, primo, secretaría General de la Gobernación; Andrea Arco, prima política (esposa de Luis Morales), trabaja en la Legislatura; Ángela Patricia Reyna, excuñada, esposa de Fredy Morales, trabaja en el Senado de la Nación; Gonzalo Agustín Morales, sobrino, hijo de Fredy Morales, trabaja en la Legislatura; María Florencia Aguilar Cruells, esposa de Gonzalo Morales (sobrino de Gerardo), trabaja en el Poder Judicial; Nicolás Morales, primo, trabaja en la Legislatura; Ana Martinich, prima, subdirectora provincial de la Unidad de Control Previsional; Lucía Fabiana Morales, sobrina (hija de Freddy Morales), Poder Judicial; Ricardo Rubén Santoro, yerno de Fredy Morales, trabaja en Agua Potable Sociedad del Estado y es contador en la Dirección General de Transporte; Mauricio Lezcano, sobrino, trabaja en el Poder Judicial; Julián Morales, sobrino, es director de Políticas Municipales; Aldo Carlos Alejandro Reyna, excuñado de Fredy Morales, trabaja en el Congreso de la Nación; Ernesto Nucci, cuñado de Walter Morales, trabaja en el Congreso de la Nación.
Parientes del vicegobernador Carlos Haquim:
Ivonne Haquim, hermana. defensora General del Ministerio Público del Poder Judicial; Susana Haquim, hermana, exsecretaria de Derechos Humanos, exdiputada provincial, exsecretaria de Derechos Humanos, exdiputada provincial. En el Boletín Oficial figura como planta permanente de la DGR. No está claro si lo hace con o sin licencia de goce de haberes; Curten Haquim Maria Emilia, sobrina, hija de Susana Haquim, fiscal de la unidad especializada en violencia de género, violencia sexual e intrafamiliar; Pablo Martínez López, yerno de Susana Haquim, exdirector de Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy - Actual director de Control Comercial; Víctor lemme Haquim, sobrino, hijo de Ivone Haquim, en el Poder Judicial de la Nación; José Mariano Haquim, hijo, figura en Boletín Oficial como presidente de Norte Comunicaciones SA; Juan Rodrigo Haquim, hijo, asesor técnico de la Legislatura, vicepresidente de Norte Comunicaciones; Carlos Ignacio Haquim, hijo, contratado en el Senado, director Norte Telecomunicaciones; Cinthya Haquim, sobrina, directora de Atributos Sociales y Estacionamiento Medido.
Hasta febrero del año pasado, Diego Nicolás Lemme Haquim (Sobrino del vicegobernador, hijo de Ivone Haquim) era secretario del Juzgado Contencioso Administrativo de Jujuy. Presentó su renuncia tras un escándalo en el carnaval jujeño de febrero 2022, cuando provocó disturbios y agredió a policías al grito de "Soy el hijo de la doctora Haquim, quiero el nombre de todos".
Parientes del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge:
Marcelo Jorge, primo, expresidente de la Dirección Provincial de Vialidad, actual vocal de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SuSePu); Ana María Jorge, hermana, Ministerio de Salud; Celia Jorge, sobrina, coordinadora jefa de despacho de la Fiscalía de Estado; Federico Jorge, sobrino, director General de Rentas; Cristina Fernández Blanco, cuñada (viuda de Luis Jorge), convencional constituyente en Jujuy, exdiputada nacional UCR.
Santa Cruz: datos "sensibles"
El gobierno de Santa Cruz respondió el pedido de Acceso a la Información a través de la Fiscalía de Estado por encontrarse a cargo -en febrero pasado- de la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. En dicha respuesta declinó brindar la información solicitada, por considerar que se trataban de datos protegidos por la ley 25.326 de Datos Personales, y aseguraron que a su vez la información estaba dentro de las excepciones previstas por la ley de Acceso a la Información de Santa Cruz.
El fiscal de Estado, Fernando Tanarro, quien respondió el pedido, tiene a su cargo el cuerpo de abogados de la fiscalía integrado, entre otros, por Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, nombrada como "procurador letrado ad honorem" por decreto provincial N°45, en diciembre de 2015, a poco de asumir su madre en la gobernación. Aún hoy Mercado mantiene el cargo y firma fallos en temas sensibles para el gobierno de su madre.
A la par que ejerció su rol en la fiscalía de Estado, Mercado quedó procesada en las causas "Hotesur" y "Los Sauces", sociedades por las que la familia Kirchner fue investigada por maniobras de asociación ilícita y lavado de dinero proveniente de la corrupción. Hoy la causa está en la Cámara Federal de Casación Penal, para ser reabierta o cerrada definitivamente.
En la respuesta, que lleva la firma del fiscal Tanarro, se apela al artículo 10 de la ley 3.540 y transcriben el inciso "a", que comprende los casos en que "se tratare de información referida a datos personales de carácter sensible (en los términos de la Ley Nacional 25.326) cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al honor".
Sin embargo, lo solicitado no concuerda con la descripción de "dato sensible" en la Ley 25.326, que expresamente determina que sólo poseen tal carácter los datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Estos son los que quedan excluidos del acceso a la información.
Para Javier Stoessel, abogado experto en temas de acceso a la información, "una interpretación armónica e integral de la ley de protección de datos personales y la ley de acceso a la información pública obliga a distinguir entre "datos personales" y "datos sensibles" existiendo un distinto tratamiento para unos y otros, estando excluidos del acceso a la información pública sólo aquella información administrada por el Estado que además de ser dato personal, sea dato sensible".
Además de Romina, la otra hija de la gobernadora, Natalia Mercado fue nombrada en el Poder Judicial de la provincia y desde 2005 se encuentra al frente de la fiscalía de Instrucción de El Calafate, donde le tocó atender casos sensibles para el poder, como la causa de compra de tierras a valores fiscales por parte de sus tíos, Cristina y Néstor Kirchner, y de funcionarios del gobierno nacional y provincial de ese entonces. La causa nunca prosperó. En 2020 instruyó la causa que investiga el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner, causa que en septiembre de este año llegará a juicio oral.
