Polémica por tecnologías de reconocimiento facial
El empleo de tecnologías de reconocimiento facial para vigilancia masiva de los ciudadanos puede afectar derechos como la libertad de expresión, de reunión y asociación y también la privacidad.
Así lo advierten organizaciones no gubernamentales que advierten que se trata de una herramienta que carece de precisión y puede arrojar un alto porcentaje de falsos positivos
En nuestro país la Asociación por los Derechos Civiles sostiene que uno de los problemas más serios que plantea esta tecnología de vigilancia es que invierte la carga de la prueba. Es decir, en principio todas las personas que son captadas por las cámaras son culpables hasta que el sistema o algoritmo diga que no lo son, con lo cual se afectan las garantías del debido proceso. Por otra parte, según la organización, la tecnología es imprecisa y arroja un alto porcentaje de falsos positivos contra mujeres, personas de tez no blanca y de otras comunidades vulnerables. Es por eso que, ante una eventual aplicación de estos sistemas, se plantea la necesidad de una mayor transparencia en la información relacionada con la implementación, que permita conocer cómo se evalúan las tasas de error y si se llevan a cabo análisis sobre la discriminación (tanto racial como de género) que pueda resultar de los falsos positivos.
Un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts en colaboración con sus pares de la Universidad de Toronto reveló que la tecnología de detección facial pierde precisión al identificar a mujeres, afroamericanos y latinos. Por su parte, Amnistía Internacional también se expresó en contra del uso masivo del reconocimiento facial por considerar que amenaza el derecho de los ciudadanos a la manifestación y puede dar lugar a prácticas racistas por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. En Suecia, la Agencia de Protección de Datos resolvió prohibir el uso de esta tecnología en las escuelas con el fin de proteger el derecho a la privacidad de los niños y adolescentes.
A nivel local, la Asociación de Derechos Civiles explica que debido a que el reconocimiento facial emplea algoritmos para evaluar los rasgos de cada persona y contrastarlos para determinar el nivel de probabilidad en la identificación, es fundamental que se conozca la tasa de error que puede generar falsos positivos, es decir, que el sistema identifique en forma errónea a una persona como si fuera alguien que es buscado por infringir la ley. Eso es lo que, en 2019, ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un joven profesional de la informática que fue demorado por policías de esa jurisdicción en la Estación Callao de la línea B cuando iba a su oficina. El sistema lo había asociado con otra persona que tenía pedido de captura por un robo a mano armada. El caso fue visibilizado por la Asociación de Derechos Civiles para alertar sobre el uso de esta tecnología.
Las organizaciones que rechazan el uso de estas tecnologías en el Reino Unido, por ejemplo, aseguran que no son compatibles con los sistemas democráticos, carecen de marco legal y violan la privacidad de las personas. A pesar de ello, sostienen, es una herramienta cada vez más empleada por gobiernos de distintos países del mundo. Si bien en nuestro país el empleo de la biometría en el espacio público no está muy extendido aún, queda en claro que es necesario dar un debate serio sobre este controvertido tema que involucra temas que tienen que ver tanto con la privacidad de las personas, como con la presunción de inocencia y el problema de la seguridad pública.
Una tecnología, en sí misma, no es buena ni mala. Es el uso que se haga de ellas lo que, en ciertos casos, como éste que nos ocupa desata controversias. Eso es lo que pasa en los países donde ya se utiliza esta sofisticada herramienta biométrica que detecta y reconoce rostros, de forma similar al reconocimiento de huellas dactilares o iris, donde los que están de acuerdo con su empleo sostienen que se trata de una medida que contribuye a mejorar la seguridad en las ciudades, pero quienes cuestionan su uso niegan que aporten ese beneficio a la comunidad y advierten que, por el contrario, podría incluso lesionar derechos fundamentales de los ciudadanos.
