En EEUU, YPF cerró un acuerdo para evitar juicio por más de u$s 14.000 millones

   YPF recordó que en 1995, ya privatizada y bajo la  conducción de José Estenssoro, desplegó una estrategia de expansión internacional y adquirió Maxus, empresa norteamericana de petróleo y gas. Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizar a esa empresa por numerosos pasivos ambientales derivados de sus operaciones.

   Posteriormente, en 2005, el Estado de Nueva Jersey (de EEUU) demandó a Occidental y a Maxus -añadiendo más tarde a YPF y Repsol- por la contaminación del Río Passaic (a 10 km de la ciudad de Nueva York) con residuos químicos. En consecuencia, Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, la empresa que había adquirido YPF en 1995, pagó sus  obligaciones hasta que el 17 de junio de 2016 tomó la decisión de presentarse en concurso y posteriormente se decretó su quiebra.

   En junio de 2018, el fideicomiso de liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y subsidiarias por un monto de hasta u$s 14.000 millones ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, alegando que Maxus tuvo la intención de "obstaculizar, retrasar, o defraudar a sus acreedores", de acuerdo con un comunicado distribuido por YPF.

   Tras años de litigio y negociaciones, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación bajo el cual aquel fideicomiso  desistiría de los reclamos (actuales y futuros) contra ambas petroleras. A cambio, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al fideicomiso u$s 287,5 millones cada una, por un total de u$s 575 millones, sin  que ambas admitan responsabilidad alguna.

   Este acuerdo, sujeto a aprobación judicial, procura resolver una disputa que ha estado en curso durante casi 20 años. Asimismo, YPF y Repsol han firmado un acuerdo transaccional con Occidental y algunas de sus afiliadas, bajo el que esta última ha renunciado a todos los reclamos que pueda tener contra YPF o Repsol, en relación con el Río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.

   También firmaron un acuerdo con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental de los EEUU, y los Estados de Ohio y de Wisconsin, bajo el que las entidades se han comprometido a no presentar reclamos contra las dos petroleras.

     "Los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes, y que permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina", de acuerdo con la información oficial.

Prat Gay quiere denunciar a Kicillof

   El exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay consideró necesario "denunciar penalmente" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por juicios que el país perdió en el exterior. Según el economista, "el costo de las malas políticas de Kicillof es muy alto, u$s 35.000 millones, pero actualizado por la inflación de EEUU, ya son más de u$s 40.000 millones".

   Prat Gay detalló que "Expropiar YPF fueron u$s 5.000 millones, la negociación con el juez Thomas Griesa en Nueva York fueron u$s 12.000 millones, con el Club de París más de u$s 3.000, otros juicios por u$s 8.000 millones, y por último el cupón PBI".

   Esta semana, la Argentina perdió una demanda presentada por cuatro fondos ante el Tribunal Superior de Londres vinculada con bonos "cupones PBI‘" y deberá pagar unos 1.330 millones de euros. Esos fondos demandaron al país en 2019 y solicitaron una indemnización de hasta 643 millones de euros (u$s 704 millones).

   Sobre este punto, Prat Gay comentó: "En su momento, denunciamos penalmente a Cristina Kirchner y a Guillermo Moreno porque pagaron de más con el cupón de PBI, porque inflaron el crecimiento económico y había que pagarles a los bonistas por un crecimiento que no había existido. El juicio no avanzó, pero quedó demostrado que pagaron de más, calculamos u$s 2.386 millones‘", puntualizó el exministro.

   Además, aseguró: "Es inconcebible que vengan bonistas y reclamen que el gobierno pagó de menos, pero lo que sucedió es que Kicillof cambió la cláusula de cálculo de PBI y los bonistas dijeron que eso fue de mala fe y que, por lo tanto, tienen que ser resarcidos. Eso es absurdo, no podría haber prosperado con una buena defensa del Estado. Entonces, fue muy desprolijo lo que hizo Kicillof, pero no creo que eso deba haber llevado a los bonistas a reclamar. Sin  duas, hubo gente que manejó el Estado como si fuera un centro de estudiantes", añadió.

   Y sostuvo que ahora "están llegando las consecuencias de todas las malas decisiones, de las canchereadas, de las prepotencias, que no pagan ellos, sino todos los argentinos a través del endeudamiento". Por otra parte, Prat Gay fue duro con el ministro de Economía, Sergio Massa: "Podría resolver al menos un problema, en vez de patear para adelante cien problemas", se quejó.

  "Massa devalúa todo el tiempo tratando de que no se note, pero aún así no resuelve el problema del tipo de cambio, porque algunas exportaciones tienen ventajas pero el resto siguen regidos por un dólar artificial", enfatizó.