CARTAS DE LECTORES
La justicia mediática como alternativa social
(Respuesta social a la parsimonia legal)
Señor director de NORTE:
En los últimos años, especialmente a partir de la aparición de Internet y de las redes sociales, hemos asistido todos a los fenómenos de los escraches o de las movilizaciones reclamando Justicia, que no es otra cosa que la búsqueda de una sentencia a favor de lo que se reclama.
La vieja administración de justicia, tal como lo manda la Constitución Nacional y como lo replican las Constituciones provinciales, comienza a hacer crisis, y va surgiendo una nueva forma de "reparación social" frente a un conflicto que ha roto el orden y la paz social.
El fenómeno social de los piquetes (reclamos con cortes de calles) dejó de ser la herramienta de reclamo y lucha de trabajadores desocupados, para pasar a ser de propiedad colectiva, donde cualquier grupo social, sean vecinos, familiares o compañeros de trabajo, lo ejercitan.
Ahora bien, la gran pregunta a realizarnos es si ésta forma de "administrar justicia" es Justa, en el más correcto sentido de la acepción, o si es —por otra parte— la aceptación de la crisis institucional del Poder Judicial y sus instituciones, y con ello, la crisis de la democracia representativa y republicana.
Resulta claro que el derecho a movilizarse, a peticionar a las autoridades, a reclamar por nuestros derechos, es un derecho humano y el respeto del mismo es obligación del Estado. Pero ése derecho sin dudas choca contra el resto de los derechos de los que no participan en el reclamo que fuere. Entonces: ¿cuál es la solución?
Lo cierto es que un Poder Judicial que no brinda respuestas a la sociedad compleja de este tiempo no resulta acorde ni válido. Y es importante comprender que la crisis de este poder del Estado tiene múltiples causas, y sus necesarias consecuencias, por lo que precisamos discutir su rol, su mejoramiento y su validez como forma de mantener la paz social aplicando las leyes que nos rigen.
La cosa en realidad es así: el orden y la paz social son uno de los fines del derecho, y para ello se crea un Estado que tiene tres poderes. Uno administra la cosa pública y tiene la obligación de garantizar el acceso de las personas a los derechos reconocidos y garantizados por la Constitución. Otro debe dictar las reglas de convivencia social, estableciendo condiciones y consecuencias legales para las diversas situaciones hipotéticas de la sociedad. Finalmente, el otro poder debe aplicar lo que dicen las leyes, y debe controlar lo que hacen los otros poderes, dando a cada persona lo que merece o le corresponde, en el marco de la convivencia social.
Pues bien, esto último no ocurre, y la sociedad le ha perdido el respeto en forma progresiva al Poder Judicial, acudiendo a las medidas de acción directa, sea marchando, sea reclamando en redes sociales o sea recurriendo a la violencia a fin de obtener las respuestas que exigen, según sus necesidades o aspiraciones.
La gran cuestión a analizar es si esto es lo que corresponde o conviene, si la parsimonia y la falta de respuesta del Estado, a través del Poder Judicial habilita esta forma de respuesta social, o si debemos detenernos a diagnosticar y buscar respuestas que permitan la recuperación del respeto y la consideración social a las instituciones judiciales, como forma de garantizar y asegurar la paz y el orden social.
Caso contrario, deberemos asistir al cuestionamiento de las bases sobre las que asentamos la organización social y de las instituciones que la gestionan, cosa que —estimo— no está tan lejos.
La forma de reclamar derechos, de pretender sentencias favorables a las propias pretensiones, demuestra esta situación y describen esta problemática, la que pasa frente a nuestros ojos con la mirada impávida de los que conducen este poder del Estado.
Los hechos de violencia se multiplican, y tenemos la fortuna de que la misma no ha sido dirigida aún contra personal judicial o contra los jueces y fiscales en particular, pero ello es óbice para entender dónde estamos parados y para adónde estamos yendo.
Creo que los ciudadanos nos debemos una buena charla, incluyendo a todos los actores del sistema Judicial, porque aún estamos a tiempo de revertir la situación, y de evitar el caos que está a la vuelta de la esquina, cuando las situaciones peligrosas se siguen repitiendo. Es mi palabra.
JUAN ANTONIO ARREGIN
DNI 23.271.880
ABOGADO MP 8356
CORRIENTES
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Niños y niñas deben conocer sus derechos jugando
Señor director de NORTE:
El momento vivido en el interior nos dejó claro que el objetivo que nos planteamos años atrás era el correcto y la necesidad de abordar temáticas relacionadas al sano crecimiento de las infancias es fundamental para que, en sus diferentes etapas, sepan tanto las chicas y chicos, como los padres, que cuentan con ayuda teórica y asistencia profesional para garantizar derechos.
En la localidad de Pampa del Indio, junto con Elba Rojas, presidenta de la Comisión Provincial Multisectorial de la Mujer, y con la colaboración de Librería Contexto, entregamos a la biblioteca 8 de Marzo libros infantiles que aportaran a la educación a través de la lectura.
Además, visitamos junto a la diputada provincial, Zulma Galeano el merendero Rincón de la Alegría, donde pudimos conocer sobre las diferentes situaciones que atraviesan, cuáles son sus necesidades más urgentes y que aportes podrían serles realmente satisfactorios.
Para finalizar, declaro mi compromiso de continuar trabajando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes de toda la provincia, para que posean el sistema de protección que merecen y puedan desarrollarse con diversidad de oportunidades.
MARÍA TERESA CELADA
RESISTENCIA
