El Salvador de los Rosarios
Cuanto menor sea la posibilidad de mostrar una propuesta de una economía sustentable a corto plazo, el tema seguridad será el caballo de batalla en el campo de la carrera electoral, sin distinción de colores políticos, y es aquí donde se oyen los mayores disparates, como la posibilidad de importar el modelo Bukele a nuestro país, sin la prudencia de verificar mínimamente las consecuencias económicas y jurídicas.
Mucho se ha enfocado en los últimos días el problema del narcotráfico en el país y los índices de violencia vinculados a este fenómeno criminal, bajo la modalidad de ajuste de cuentas en clave de sicariato, extorsiones a comerciantes y demás civiles, o bien, guerra entre bandas que se disputan el territorio del comercio de drogas de modo violento, con víctimas también en clave de daño colateral.
Todo este fenómeno, concretamente en una ciudad santafesina de millón habitantes, gran polo agropecuario por su deseado puerto, como lo es Rosario; sin perjuicio que en otras zonas del país no existan fenómenos criminales a los que hay que prestarle la debida atención pero no con la premura que exigen un número elevado de tasa de homicidios cada 100 mil habitantes y el aspecto cualitativo de este número, ligado directa e indirectamente en un gran porcentaje a la violencia narco.
A esto se le sumó un ingrediente. Todo este debate sobre qué hacer en la búsqueda de una solución - que viene escalando hace 20 años - se da en un contexto de año electoral de cara a las presidenciales de octubre y al que se le suma las imágenes provenientes de Centroamérica, donde el dictador Bukele, quien hoy dirige los destinos de El Salvador, se ufana de mostrar al mundo el encarcelamiento masivo de integrantes de pandillas de las Maras, como el modelo de exportación a seguir.
El peligro de una bukelización de la seguridad
Rápidamente el desfile de candidatos, periodistas y pseudoespecialistas penitenciarios se hizo presente en los estudios de televisión justificando y avalando sin tapujos la medida del dictador, y en razón de que – según Bukele – la ciudadanía le otorgó un alto índice de confianza reflejado en encuestas, y que la tasa de homicidios se redujo a cero; por ende, habría que tomar la misma medida con el problema narco en Rosario, con posibilidades de exportación a otras jurisdicciones del país, y en eso se incluye cero comunicación con el exterior, cero tecnología, y como castigo profundizado, limitación en la alimentación y acceso a televisión.
Sin embargo, el problema de las Maras en Centroamérica es particular y mucho mas grave que lo que se vive en nuestro país. Pandillas que surgieron en barrios de Los Angeles en los ochenta y en los años noventa fueron deportados de los EEUU, con medidas antiinmigración (previa firma de acuerdos de paz), radicándose en Centroamérica, disputándose el terreno y proliferando el mercado de tráfico de drogas, tráfico de personas, extorsiones y sicariato, de modo sistemático.
En el caso de El Salvador, uno de los epicentros de violencia, anteriores gestiones han dispuesto medidas de mano dura similares (endurecimiento de penas, encarcelamientos masivos) que, si bien han tenido impactos positivos iniciales, al tiempo no hicieron mas que incrementar aún más los índices de violencia de estas pandillas. Estas están compuestas por un alto número de jóvenes sin estudios o que han desertado de los mismos, por la imposibilidad del acceso a un mercado de trabajo, es decir, la carencia de un sentido de pertenencia e identidad, por lo que acceder a las pandillas compensaría estos déficits.
El Salvador es un país pobre, y en razón de no poder ofrecer políticas públicas tendientes a evitar que los jóvenes ingresen a las Maras, nuevamente recurre al encarcelamiento masivo de personas, flexibilizando derechos de reclusos, con la previa construcción de un establecimiento con capacidad para cuarenta mil presos y un discurso simbólico tendiente a asustar a eventuales criminales ligados a estas pandillas. La creación de un Guantánamo en Centroamérica, sin mencionar quién abonará el costo del sistema. Solo para contrastar, EEUU gasta 400 millones de dólares para financiar Guantánamo hasta hace un par de años quien solo tiene a 40 reclusos. Es una pregunta que va mas allá de lo ideológico.
¿Rosario siempre estuvo cerca?
El caso de Rosario no posee estas dimensiones como para efectuar un modelo de importación del esquema Bukele, aunque ello no significa que no sea un problema grave del que hay que ocuparse. Rosario en 2022 padeció una tasa de homicidio de entre 22.1 y 23 homicidios cada cien mil habitantes, en su mayoría con directa e indirecta incidencia relacionado con el tráfico de drogas en menor escala, al que se suman casos de extorsión a civiles que no se relacionan con esta criminalidad. El único punto en común con la situación de las Maras es la captación de jóvenes sin recursos y con privaciones, no solo para el narcomenudeo sino el sicariato.
Lo que se le agrega a la cuestión Rosario es que no es un fenómeno circunscrito a una banda criminal sino que trasciende al Estado, en todas sus facetas, judicial y política. El narcotráfico no puede enquistarse en el país si no es por acción u omisión de la intervención estatal. Existen muchos casos testigos en el país, ya sea por personal de las fuerzas de seguridad, magistrados y el poder político, como engranaje de la cadena de tráfico o como garantes de impunidad. La solución debe ser integral, desde el saneamiento de las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario, el poder judicial, y sin lugar a dudas, el sistema político; hasta políticas benefactoras que permitan nuevamente al Estado recuperar la calle, como urbanización de villas, devolver los pibes a los colegios, y demás políticas públicas.
Todo ello es casi una postura pragmática, el Estado no posee recursos para solventar el costo y mantención de establecimientos carcelarios con encierro masivo, sin dejar de tener en cuenta los compromisos asumidos por el mismo frente a la comunidad internacional. Es jurídica y económicamente insostenible, de insistirse no solo podría ser el Estado responsable frente a dicha comunidad sino que los motines y la violencia estarán a la vuelta de la esquina.
La comunicación de los detenidos con el exterior
Cuando hablamos de un problema de saneamiento del Servicio Penitenciario lo es en dirección al control del crimen organizado desde el interior de las prisiones y ello lo demuestra no solo que las órdenes de jefes de la organización parten de la misma sino al problema del ingreso de telefonía móvil. En ello el Servicio tampoco es ajeno, aunque en algunos casos, personal del servicio penitenciario colabora con esta clase de presos de modo coactivo, por miedo a represalias a su entorno familiar. Se piensa en la incomunicación inflexible de la población carcelaria, y es que no podemos salir de la radicalización de las posturas.
Sin lugar a dudas que la situación en algunos penales en el país, mas allá que los presos no deban poseer teléfonos móviles en las celdas, no obstante existe una masiva incautación de aparatos, debe despertar un replanteo en el sistema carcelario y los servicios penitenciarios pertinentes, ya sea en profundizar el control del uso de telefonía de los detenidos, previo saneamiento de los puntos humanos y tecnológicos de control, ya que no podemos pensar en que los presos salen a la vía pública a adquirirlos; enfocados en esta clase de población carcelaria ligada al crimen organizado.
La seguridad como tema de campaña
Las últimas crisis económicas, luego de recuperada la democracia, fueron curtiendo la piel del electorado. Uno de los fieles reflejos es cómo Argentina es uno de los pocos países (si no es el único) que piensa bimonetariamente, aunque intensamente pendiente mas del dólar y hacerse de ellos a como dé lugar. Pagar bienes y servicios con dólares en países limítrofes se hace difícil si no es paso previo por una entidad bancaria o casa de cambio, pues confían en su moneda. Y en aquellos donde los aceptan deben serlo de una serie de emisión reciente.
Lo que se quiere decir es que ya no es fácil brindar expectativas positivas creíbles en materia económica en el futuro, dentro de un eventual programa de gobierno, pues la sociedad, o gran parte de ella, se informa, pregunta, cuestiona en materia económica, busca precios, compara, contrasta la evolución de la inflación, etc. Entonces, la imposibilidad de un programa económico favorable de cara al futuro conspira con que el tema seguridad salga de la agenda de las plataformas electorales.
Cuanto menor sea la posibilidad de mostrar una propuesta de una economía sustentable a corto plazo, el tema seguridad será el caballo de batalla en el campo de la carrera electoral, sin distinción de colores políticos, y es aquí donde se oyen los mayores disparates, como la posibilidad de importar el modelo Bukele a nuestro país, sin la prudencia de verificar mínimamente las consecuencias económicas y jurídicas. Imprudente, si se tiene en cuenta que muchos de los que justifican el modelo de El Salvador, se dicen ser liberales, libertarios, etc.
Las pasiones se exacerban en tiempos electorales y el problema que padece Rosario, que data de hace dos décadas, requiere soluciones integrales y quirúrgicas que no se solucionarán en el corto plazo dada la madurez de la cuestión. Desde saneamiento de los órganos de control, poder judicial y sistema político, prevención y represión del tráfico de drogas, blanqueo de capitales y decomiso de las ganancias del delito, hasta políticas públicas benefactoras. Solo una cuota de razón debe alimentar a los responsables en la gestión de este grave problema, difícil en un frustrado mundo que exige soluciones rápidas.
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