El debate por el sistema previsional
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la moratoria jubilatoria que permite, según las primeras estimaciones, que más de 800.000 personas de todo el país que no cuentan con suficientes aportes puedan acceder al beneficio de una jubilación. Para algunos, la iniciativa representa un acto de justicia social. Para otros, en cambio, es un nuevo parche que se agrega al sistema de prestaciones. Pero más allá de cuál sea la postura que se asuma, quedan en evidencia las dificultades para dar forma a un sistema que garantice una efectiva protección a la población en edad de jubilarse dentro de un razonable equilibrio financiero y, al mismo tiempo, asegure la sustentabilidad de las prestaciones en el largo plazo.
La nueva norma establece que las personas que tienen edad para jubilarse, pero no reúnen los aportes exigidos, tendrán la posibilidad de regularizar los períodos que faltan hasta el mes de diciembre de 2008 inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Habilita, además, la posibilidad de que las mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años, que estiman que no podrán realizar los aportes que faltan, puedan anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes. Para algunos especialistas en estos asuntos, un aspecto a tener en cuenta es que la movilidad de los beneficios dependerá en gran medida de la recaudación tributaria, es decir, que a medida que sea más grande el número de beneficiarios, lo más probable es que reciban menores aumentos. Por este y otros motivos hay quienes advierten que se debería abordar el problema de fondo con una reforma que, entre otras cosas, estudie los regímenes de excepción y los casos de duplicación de beneficios.
La discusión alrededor del sistema previsional viene desde hace muchos años. Antes de la pandemia, un estudio elaborado por especialistas de la Asociación Argentina de Presupuesto Público ya destacaba la necesidad de hacer frente a los enormes desafíos, de carácter estructural, que plantea el aumento de déficit del sistema argentino. En ese trabajo se observa que la seguridad social, entendida como el conjunto de instituciones que tienen por objetivo la protección de las personas y las familias frente a determinadas contingencias (vejez, invalidez, enfermedad, desempleo, maternidad, cargas de familia, muerte, accidente de trabajo y enfermedad profesional), es un sistema solidario donde el Estado asume un papel fundamental. Por otra parte, se advierte que la previsión social es un componente central de la seguridad social, a través de la cual el Estado cumple la función de relacionar a las personas en su etapa activa con su etapa pasiva, dadas las circunstancias existentes que les dificultan el acumular fondos para la vejez. Lo que ocurre es que, una vez más, el problema que se plantea es que las prestaciones de la asistencia social demandan cada vez mayores fondos para su financiamiento. Es algo que ocurre en muchos países que, como el nuestro, experimentan cambios en su composición demográfica. De hecho, según las estadísticas en la Argentina de los últimos ocho años la tasa de fecundidad mostró un claro descenso.
Por otra parte, un informe elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) con el objetivo de aportar "a un debate informado sobre el sistema previsional argentino y sus posibles mejoras" recuerda que el sistema previsional argentino tiene una larga tradición de más de cien años de historia durante los cuales, a través de distintos mecanismos, el Estado asumió la responsabilidad de asegurar ingresos para las personas mayores. En ese sentido, el documento reconoce que Argentina es uno de los países con mayor cobertura en la región y el mundo, aunque advierte que como resultado de eso existe una tensión entre el porcentaje del PBI que se destina a financiar estos beneficios y las nuevas tendencias demográficas. Como ha ocurrido en otros años, otra vez la situación financiera del sistema previsional actual está muy lejos de ser la mejor. Por eso, urge pensar alternativas para dar respuestas a un desafío muy complejo: poner en marcha mecanismos que aseguren la sustentabilidad, a largo plazo, del sistema.
