La dura batalla contra la inflación
La inflación es como la fiebre, aseguran los economistas. Es la respuesta a algo que no funciona bien en el sistema, agregan. Dicho de otro modo, no es la enfermedad en sí misma, sino una señal que avisa de la existencia de una o varias anomalías.
El problema es que, en nuestro país, esa desviación de lo que se podrían denominar parámetros para poder tener una vida razonablemente más previsible se ha transformado en un mal crónico.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirmó que el índice de inflación de enero fue de 6 % respecto a diciembre, es decir que el registro arroja un 98,8 % interanual. Siguiendo con el paralelismo entre economía y salud, se podría decir que -como ocurre en la mayoría de los casos con la fiebre- si se toman las medidas adecuadas en algún momento va a bajar y, por lo tanto, se volverá a la normalidad.
Bueno, lamentablemente, eso no es lo que ocurrió con la economía. Según un documento de la organización sin fines de lucro Fundar, en 14 de los últimos 16 años, Argentina estuvo en la lista de diez países con la inflación interanual más alta del mundo. Durante ese período, sostiene el informe, el crecimiento económico del país dejó mucho que desear.
Incluso después de la recuperación post pandemia, en 2021 los argentinos fuimos, en promedio, un 13 % más pobres que en 2011. Y advierte: con una inflación de estos niveles no es posible pensar en un crecimiento sostenible, en mejorar la distribución del ingreso ni en reducir la pobreza.
Aunque existen discrepancias lógicas entre economistas de distintas corrientes de pensamiento respecto a las medidas que se deben adoptar para bajar la inflación, hay un punto en el que la mayoría está de acuerdo y es que la inflación es un fenómeno multicausal.
Para algunos, el problema argentino se agrava porque un reducido número de empresas con gran capacidad producen casi el 80 por ciento de todos los alimentos y artículos de mayor consumo de la población, lo que les permite fijar precios con cierta comodidad. En otras palabras, son los formadores de precios que tienen suficiente margen de maniobra para actuar de esa manera en lo que algunos llaman la puja distributiva.
Por otra parte, están quienes atribuyen la suba de precios a la emisión monetaria y, al mismo tiempo, quienes observan que durante la gestión de Macri (en 2018 redujo la emisión a cero, además de bajar el gasto público en casi un 25%, medido en dólares) quedó en evidencia que las políticas de cero emisión no aseguran una inflación de un dígito, aunque -en rigor- si se observan los resultados obtenidos en las últimas dos décadas tampoco se puede afirmar que poner más plata en la calle no genera inflación.
Analizar lo que pasó en el país en los últimos 40 años en materia económica permite afirmar que el mayor desafío de esta hora es poner en marcha un plan integral que frene la suba de precios. Hasta ahí, todos estamos de acuerdo. Pero, como también revela la historia reciente, esa es una condición necesaria pero no suficiente. Ese plan debe tener el respaldo de un amplio consenso político que sirva de apoyo para resolver los problemas estructurales de la economía.
El problema es que resulta difícil lograr que los dirigentes de las principales fuerzas políticas se pongan de acuerdo en unos lineamientos básicos para frenar la inflación. Hay mucha mezquindad, en un sector y en otro. Y eso es muy peligroso en un momento en el que la dinámica inflacionaria es muy elevada, porque todos los sectores parecen empeñados en querer ir por delante de los demás en una carrera en la que perdemos todos.
Insistir con medidas aisladas que no abordan las principales variables que producen inflación de manera simultánea no resolverá la cuestión de fondo. Hay que decir también que la suba sostenida de precios no es sólo una cuestión que implica variables económicas.
Es también un asunto que incumbe a la dirigencia política, que es la que debe generar acuerdos mínimos y reglas de juego que sirvan de punto de partida para generar confianza, alinear precios relativos y promover el crecimiento, la igualdad de oportunidades, el desarrollo con inclusión y la lucha contra la pobreza.
