Protestas en Perú encienden a una nación dividida
En la ciudad fronteriza de Desaguadero, sur de Perú, la manifestante indígena Adela Pérez se muestra desafiante después de casi ocho semanas de manifestaciones que han sacudido al país.

El país de unos 34 millones de habitantes ha estado en medio de las más grandes protestas en décadas desde la abrupta destitución y arresto del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre, después de que trató de cerrar ilegalmente el Congreso para evitar un juicio político.
Hijo de campesinos, Castillo había sido un defensor de los grupos indígenas y pobres de las zonas rurales que lo impulsaron a ocupar el cargo en 2021, a pesar de incumplir sus promesas de distribuir la riqueza minera y ser golpeado por investigaciones de corrupción periódicas.
Su derrocamiento encendió una ira profundamente arraigada en las provincias rurales, especialmente en el sur rico minero, contra la élite política y adinerada en la capital Lima, con manifestantes apuntando al Congreso y a la mandataria Dina Boluarte, anterior vicepresidenta de Castillo. La represión a las protestas ya deja más de 50 muertos.
Las protestas, que no muestran signos de disminuir, comienzan a dificultar las exportaciones de cobre del segundo productor del mineral en el mundo y a desestabilizar al gobierno, con escasas señales de solución política a la crisis debido a la parálisis del Congreso por enfrentamientos internos.

Los manifestantes reclaman que se celebren nuevas elecciones, Boluarte renuncie y se cierre el Legislativo. Muchos quieren una nueva Constitución para reemplazar el texto de 1993 sancionado por la dictadura de Alberto Fujimori y centrado en los beneficios del mercado. Las encuestas nacionales muestran un fuerte apoyo a estas demandas.
"Señora Boluarte, no puedes mandar ni militarizar estos lugares", dijo Pérez, cerca de un corte de ruta en la frontera entre Perú y Bolivia que ha bloqueado el flujo de camiones durante semanas en la región de Puno, en el corazón de las protestas. "Aquí no puedes mandar militares porque los militares son nuestros hijos", agregó.
Puno, hogar del lado peruano del icónico lago Titicaca, compartido con Bolivia, fue el lugar de mayor represión a las protestas hasta el momento, con 18 manifestantes muertos en la ciudad de Juliaca, así como un policía que falleció calcinado en su automóvil.
Las protestas, aunque se centraron en el sur, se han extendido por todo el país, con cientos de bloqueos de carreteras con árboles, rocas y neumáticos de automóviles que obstruyen el tráfico. El negocio turístico ha sufrido mucho con el cierre de Machu Picchu a principios de este mes.

También ha desatado una crisis democrática sin una salida clara más allá del plan de celebrar rápidamente nuevas elecciones, que Boluarte ha convocado pero que un Congreso dividido aún no ha ratificado.
"No importa que nos quiera matar, que nos mate, hijos y todo. Nunca nos vamos a rendir hasta que ella (Boluarte) renuncie‘, dijo Carmen Inofuentes, una manifestante en Lima, donde murió una persona por disparos policiales en la última semana.
"Cuando ella renuncie, nos vamos a ir. Si es necesario, dormiremos en la calle, no hay otra. Ella nos está dando esta guerra (...) y con la policía nos vamos a enfrentar porque tenemos una cólera y esa cólera es una ira que explota, ya sale de control", advirtió.
"Estamos sufriendo"
Los manifestantes han marchado con pancartas llamando a Boluarte "asesina" y refiriéndose a las muertes de los manifestantes como "masacres". Algunos llevan hondas o látigos; otros sostienen banderas Wiphala multicolores a cuadros de los grupos indígenas andinos. "Soy sangre inca", dijo Cirilo Yupanqui, con una máscara de gas mientras protestaba en la capital Lima. Además, rechazó la afirmación del gobierno de que las protestas estaban siendo dirigidas y provocadas por "grupos criminales". "No soy terrorista, como ellos dicen. No soy delincuente. Yo trabajo formalmente. Miren cómo nos tienen".

La dura represión a las manifestaciones despertó el fantasma de la violencia de años pasados en Perú, incluidos los enfrentamientos entre grupos rebeldes maoístas y el gobierno en las décadas de 1980 y 1990 en los que murieron miles de personas.
"¿Cuántas personas están muriendo? Por el amor de Dios, salte Dina, salte del gobierno. No nos hagas más daño", afirmó uno de los manifestantes en Lima, quien pidió no ser identificado, y agregó que la inflación y las dificultades económicas estaban agudizando la ira de la gente. "Estamos sufriendo, todas las cosas están subiendo, no tenemos ni para comer", se quejó. La inflación de Perú terminó 2022 en torno al 8,5%, y los analistas dijeron que muchas de las regiones de protesta fueron las más afectadas.
Jackelyn Broncano, una manifestante en la capital, abogó por la atención mundial sobre lo que estaba sucediendo. "Quiero que todos empiecen a tomar conciencia y apoyen esta lucha porque es ahora o nunca", reclamó, y opinó que el gobierno actual necesita un cambio. "Ellos no se pueden quedar con el poder del Perú"
(Reporte de Alexander Villegas, Marco Aquino y Monica Machicao para Reuters)
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