CARTAS DE LECTORES

Cuiden el puente

Señor director de NORTE:

Solicito al director la publicación de esta carta que tiene como objetivo primordial exponer algunas consideraciones técnicas respecto  de la situación actual que presenta el Puente Chaco – Corrientes. Solo pretende alertar sobre las condiciones en que se halla funcionando el mismo.

Se refiere a las importantes deformaciones que se observan en la calzada, o banda de rodaje, que presenta grandes descensos en dovelas, a ambos lados de las columnas centrales que sustentan los tensores, es decir, la rasante se ve modificada perdiendo continuidad y produciendo un badén extendido un desnivel pronunciando la calzada.

Transitando el mismo, se observa que los descensos en los apoyos de las dovelas son cada vez más notorios  y aun superiores a las ocurridas en varios años atrás, cuando tuvieron que intervenir los obenques para corregir los descensos.

Estos descensos de la línea de la calzada hacen que el tránsito del transporte pesado produzca grandes impactos sobre la estructura, que resultan muy superiores  a los tenidos en cuenta en su diseño de cálculo, puesto que el reglamento correspondiente prevé la sobrecarga por impacto para una rasante continua sin desniveles en la misma.

De esta manera, la estructura del puente está recibiendo una sobrecarga adicional, originando solicitaciones no previstas que contribuyen a su deterioro.

En este caso, el fenómeno se agrava aún más, dada la repetida frecuencia de la ocurrencia del impacto, provocada por el transporte de carga sobre el propio tablero del puente, atento lo fluido del mismo.

Esos esfuerzos son los que aumentan la velocidad de deterioro, seguramente acortando su vida útil y es sobre lo que deseo alertar.

A esta inquietud se suma el hecho de no existir información seria al respecto, ni medidas correctivas por parte de las autoridades responsables para por lo menos paliar este estado de situación que está sufriendo nuestro puente, el único que tenemos —y debemos tenerlo— por varios años más, seguramente.

Por ello, considero que actualmente el puente requiere de un estricto control y mantenimiento que va más allá de corregir una junta, colocar una carpeta, pintar las barandas o mejorar la iluminación.

Es, además, realizar los estudios, controles en apoyos, tensores, uniones, con seguimiento de la evolución de las posibles anomalías en forma sistemática, dando a conocer el resultado de los mismos, sobre todo, atendiendo particularmente los años en servicio que tiene y el gran caudal de tránsito que se incrementa en forma exponencial.

Estimo que es absolutamente perentorio y concluyente cuidar lo que hoy tenemos para optimizar y extender en el tiempo su prestación, ya que la concreción de otro puede llevar varios años.

Con lo expuesto no quiero decir que el puente vaya a colapsar. De ninguna manera. Menos aún si es atendido como corresponde, con medidas operativas de funcionamiento, control y mantenimiento preventivo y correctivo, en toda su extensión.

Para concluir señalo algunas medidas que a mi entender son las más importantes:

1) Control de carga mediante colocación de balanzas para el ingreso del transporte pesado.

2) Exigir el cumplimiento de cargas máximas.

3) Fijar una velocidad más baja para el transporte pesado, estableciendo su paso en horas del día de bajo tránsito.

Estas medidas deberían anunciarse con suficiente anticipación y difusión a la población en general  y en particular a los entes que tienen que ver con el transporte automotor pesado.

En cuanto a las medidas técnicas operativas, sugiero un control minucioso y sistemático de apoyos, tensores, juntas y todo aquello que contribuya a un mayor conocimiento sobre la salud del puente.

Difusión de las medidas tomadas y de los resultados obtenidos para el pleno conocimiento de la población y en particular los habituales usuarios a tiempo real.

Finalmente, señor director, escribir esta carta me hizo recordar la fortuna que tuve de haber visto la construcción de ese puente hace más de cincuenta años, siendo entonces estudiante de la carrera, junto con profesores y compañeros de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

RUBÉN MÓNACO

DNI 7898567

RESISTENCIA 

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Escuela Normal: no a "tirar la piedra y esconder la mano"

Señor director de NORTE:

Sobre el conflicto en la Escuela Normal, cabe aclarar que la evaluación de los impactos ambientales no es un "juego" ni una "exquisitez": es una obligación legal, pero además, está legitimizada por un auténtico (verdadero) interés en preservar el lugar en donde se intervendrá, sin crear conflictos ambientales traumáticas para los usuarios y el propio valor patrimonial.     

La falta de un estudio de impacto ambiental explica en gran parte los problemas psicosociales y estructurales que se han producido y se siguen dando en la Escuela Normal, ya que al no ser consideradas distintas cuestiones con el rigor necesario, se generaron desajustes en las acciones emprendidas, tales como graves falencias en lo que hace al área pedagógica como técnica de los Ministerios de Educación e Infraestructura. 

El primero es el organismo responsable de atender especialmente lo inherente al arte de educar, tiene la obligación técnica, administrativa y política de conocer y prever todo lo referente a lo pedagógico y a los impactos psicosociales de medidas inconsultas y de corte autoritario, que incluso se siguen produciendo en torno al tema, creando falsas expectativas en la comunidad educativa, pues prometen tiempos de terminación de los trabajos que son imposibles de cumplir, debido a la irracional destrucción del edificio y la "evacuación masiva" (jamás antes ocurrida en toda la historia de la escuela) apoyado todo por un silencio llamativo de técnicos y autoridades. Éstos, en reuniones posteriores, han creado en docentes, alumnos y padres la ilusión de una "pronta ocupación del local" que obviamente, dado el estado en que se encuentra la Escuela Normal  por la destrucción realizada por la empresa, jamás podría darse. La nota publicada en NORTE el martes 1 del corriente, pone en evidencia que muchos padres han sido manipulados groseramente por parte de los funcionarios principales de ese Ministerio, ya que muestran un alarmante convencimiento de que los "culpables" de estos atrasos en la obra son los integrantes de la Comisión de Patrimonio Provincial, que paradójicamente fuimos los últimos en enterarnos de los desastres cometidos, y por eso solicitamos una inspección sobre terreno y explicaciones al respecto.

Lo cierto es que las obras habían comenzado un mes antes, sin comunicación oficial a la mencionada Comisión, y la denuncia inicial la realizó la comisión de exalumnos de la Escuela Normal, en defensa de ese valioso patrimonio. Si los funcionarios gubernamentales hubiesen realizado los trabajos que se pretenden hacer ahora de una sola vez y con "urgencia", a medida que los iban presentando las autoridades de la Escuela Normal en estos últimos años (cosa que en cualquier país civilizado y con funcionarios identificados con su función y respetuosos de los saberes básicos acerca de normas legales y práctica psicopedagógicas acordes con la población que atiende) no hubiese habido "urgencias" y mucho menos autoritarismos y abuso, y nada del escándalo actual se habría producido.

Me consta como rector que fui durante siete años del Nivel Terciario de Formación Docente, las largas horas de espera y decenas de notas que hay que hacer para que algún funcionario del Ministerio atienda a los Directores y Rectores, y el nivel de asombro que no podían disimular algunos técnicos que nos atendían (acompañado a veces de sorna) cuando sugeríamos soluciones sencillas y efectivas, o criticábamos propuestas faraónicas que sabíamos que no conducirían a nada, salvo a más pérdida de tiempo y dilaciones.

El mismo ministro reconoció en una de las reuniones posteriores con los padres que antes "no había presupuesto" para atender los numerosos reclamos, pero sorpresivamente, ahora sí hay varios cientos de millones para pagar las obras, que en lugar de ser "de construcción", terminaron siendo de destrucción masiva, seguramente porque de esa manera la empresa (y los funcionarios que deben controlar) quizá imaginaban que nadie se metería a opinar o a criticar los desmanes, que fueron múltiples y comenzaron el mismo día que se decidió realizar estos trabajos, y siguió cuando tras las vacaciones de julio, les comunicaron a los padres la "evacuación" del local escolar, y los nuevos destinos: otras tres escuelas que sin duda se han resentido grandemente en su prestación del servicio educativo propio, con la llegada de nuevos usuarios, por cambios de horarios, reducción de encuentros, amontonamiento, etc., etc.

Todo ese manejo y las intenciones quedan expuestas ahora: el ministro convenció tan fácilmente a los padres de la "culpa" de la Comisión de Patrimonio porque ante esta destrucción innecesaria de la Escuela, cualquier ofrecimiento que lleve cierta "calma" tranquiliza a quienes están desesperados por el futuro de sus hijos. 

Pero la estrategia de "tierra arrasada" (la misma que emplea la Municipalidad de Resistencia, con miles de millones que nadie sabe de dónde salen) es la que hace que los usuarios invadidos, ninguneados y abusados, opten por aceptar esos argumentos falaces, atribuyendo a la Comisión de Patrimonio del Chaco una malicia y "tosudez" que "atenta" contra la salud y educación de sus hijos, sin pensar que el manoseo fue antes, incluyendo a la misma Comisión de Patrimonio, última en enterarse de lo que se había armado en oficinas de los Ministerios de Educación y de Infraestructura.

Es imperioso que los padres mantengan la buena fe y la unidad en sus reclamos, pero deben reconocer que la destrucción fue sistemática y planificada unilateralmente por la empresa ante la pasividad (y por ende la complicidad) de los Ministerios de Educación y de Infraestructura. 

En la Justicia seguramente se defina mejor cuál fue la participación.

De haberse evaluado los impactos ambientales, se habría previsto la hecatombe social actual y cómo preservar los bienes materiales e inmateriales de la Escuela Normal. 

Pero la estrategia de "tierra arrasada" para "negociar" sobre los escombros, pone ahora a los entes oficiales y a la empresa en una situación comprometida que deberán aclarar.

No se puede decidir unilateralmente la evacuación de una Escuela de un día para otro, sin preparación previa de la comunidad educativa. Si lo hicieron, son los responsables directos. Y si no consultaron a la Comisión de Patrimonio sobre las obras en la Escuela, cabe igualmente una sanción, que la mencionada Comisión deberá exigir más allá de las relaciones políticas, comerciales o institucionales que pudieran existir. 

Acá hubo, al menos, incompetencia de parte de los funcionarios, que aceptaron las condiciones de la empresa, poniendo en evidencia una enorme dosis de deslealtad hacia la ciudadanía nunca antes vista de tal magnitud y –por el momento- de tanta impunidad y mala fe. 

De haberse efectuado el estudio de impacto ambiental, se hubiesen podido preservar y resguardar los elementos propios del bien patrimonial, pero la ignorancia de las partes negociadoras transformó lo que debió ser un proyecto honestamente reparador para bien del pueblo, en una destrucción innecesaria y lo que preocupa a padres (eso que escriben en NORTE, que la Escuela Normal sea "funcional" y no un "museo") es atendible integrando una verdad que ni ellos ni los funcionarios implicados parecen conocer: el Patrimonio Cultural debe ser considerado siempre como parte indisoluble e interrelacionada del ambiente natural y cultural. 

Aparte del Decreto N° 1377 del año 2002, por el que se declara Patrimonio Cultural del Chaco a la Escuela Normal "Sarmiento", el artículo 12, de la Ley 1400-E sostiene que "Son funciones de la Comisión: a) Velar por la protección del conjunto de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico Cultural y Natural de la Provincia; Dirigirse en forma directa e inmediata a cualquier autoridad u organismo internacional, nacional, provincial, municipal, privado o personas físicas en cometido del cumplimiento de la presente ley; e) Realizar constataciones permanentes para el cumplimiento de la presente ley. 

Nuestra Constitución Provincial, en su artículo 38, expone que "todos los habitantes de la provincia tienen el derecho inalienable a vivir en un ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en las decisiones y gestiones públicas para preservarlo, así como el deber de cuidarlo y defenderlo". 

Llegó la hora de que los diputados y gobernantes se enteren de una vez por todas que no somos "denuncieros", sino ciudadanos ejerciendo nuestros derechos de cuidar y defender lo que es de todos. No queremos ser cómplices.

También es hora de poner en evidencia el triste papel que desempeñaron las autoridades y organismos técnicos del estado provincial, por no encarar la situación con criterios psicopedagógicos oportunos y reparatorios, haciendo uso, en cambio, de prácticas que parecen desleales al aceptar las imposiciones de la empresa constructora y sus estrategias mercadocráticas; haciendo declaraciones que faltaron a la verdad, dando una imagen errónea de nuestra Comisión de Patrimonio ante la comunidad educativa, siendo que quienes originaron el problema fueron los ministerios de Educación e Infraestructura, con la venia, seguramente, de algún funcionario superior. 

La Comisión de Patrimonio del Chaco cumple sus funciones como la Constitución y las leyes mandan.

JORGE CASTILLO MIRÓ

(Egresado de la Escuela Normal Mixta "Sarmiento" (1963). Organizador del Grupo de Documentación en el Nivel Secundario (1980-81). Exrector del Nivel Terciario de Formación Docente. Cofundador y miembro desde su origen de la Comisión de Patrimonio del Chaco).

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