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Sergio Schneider

Columnista

¿Estado presente o impresentable?

El Estado, en la Argentina, tiene una dimensión que le da visibilidad permanente. No solo eso, sus sucesivas administraciones lo han tornado tan demandante que el Estado nos saca dinero todo el tiempo.

Se queda con tajadas importantes, muy poco usuales en el mundo, cuando compramos alimentos en el supermercado (nuestro IVA de 21% es altísimo), cuando cargamos combustible, cuando circulamos por las rutas, al adquirir moneda extranjera para intentar salvar algo de nuestros ingresos de la inflación eterna, en los salarios, al viajar, al quedarnos. Este año un informe privado enumeró la existencia de 167 impuestos de orden nacional, provincial y municipal en la Argentina.

A su vez, la exigencia de pago de esos tributos es cada vez más apremiante, pese a que el propio Estado es el responsable central de una crisis que hace que los particulares y el grueso de las empresas se vean en serias dificultades para cumplir con sus compromisos fiscales.

La incapacidad del Estado para generar condiciones favorables para la actividad económica ahoga a los contribuyentes –sean estos personas físicas o jurídicas-, pero eso no lo mueve a aflojar la soga que les pone al cuello.

El fisco aprieta como si quienes deben pagar sus cargas estuvieran viviendo en un país de prosperidad arrolladora. Los impuestos, claro, deben existir, tienen un sentido esencial. Surgieron con la organización misma de las comunidades humanas.

Es plasmar el concepto de que todos aporten a la construcción, sostenimiento y renovación de un proyecto común. En los países que vemos como ejemplos de eficiencia y civilización, los tributos no solamente existen, sino que además suelen ser elevados.

La diferencia es que, a cambio, los ciudadanos reciben servicios que les brindan bienestar, seguridad y calidad de vida. Salud, educación, transporte público, infraestructura, servicios, con niveles de excelencia. Todo desemboca en convivencias que nosotros, desde las tierras del desmadre, miramos con envidia.

La pobreza, que era de 16% en 1986, hoy pisa el 40%, pese a que desde entonces no dejaron de multiplicarse los planes que, en teoría, estaban dirigidos a combatirla (fotografía tomada el mes pasado durante una protesta frente a la Casa de Gobierno, en Resistencia).

SOLUCIONE S Y PROBLEMAS

"Tenemos un Estado presente", nos repiten una y otra vez los encargados de gestionarlo. Eso no se discute y no podría tomarse como algo negativo en sí mismo. En el Chaco, las empresas Sameep y Secheep se salvaron de la ola privatista de los ’90 y continúan siendo compañías del Estado gracias a una carambola política que fue afortunada.

El peronismo y el radicalismo bloquearon la venta de esas empresas en la reforma constitucional de 1994 porque no estaban en el gobierno (el PJ posiblemente las hubiera entregado si hubiese estado a cargo de la provincia, para alinearse con el liderazgo nacional de Carlos Menem, promotor del achicamiento del sector público) y para complicar la gestión de Acción Chaqueña, pero más allá de esa circunstancia fue la mejor decisión.

Mirando lo que sucede en Buenos Aires y en otras jurisdicciones que privatizaron esos servicios básicos, no hay dudas de que la gestión pública es la mejor alternativa para la energía eléctrica y el agua, mucho más en un distrito como nuestra provincia.

Ese criterio, sin embargo, no puede aplicarse a todos los casos. La privatización de la telefonía, también ejecutada en el país por el menemismo, le puso fin a una hegemonía estatal en ese rubro que era nefasta. Había familias que llevaban décadas esperando que su pedido de una línea fija domiciliaria fuese resuelto. Cuando sucedía, el hogar conectado lo vivía como si hubiese sacado la lotería.

La aparición de Telecom y Telefónica cambió esa realidad por completo (aunque con una característica nada menor: el modelo de concesión ideado por Menem y su ministro Roberto Dromi, en lugar de fomentar una competencia que protegiera de abusos a los usuarios, repartió el territorio nacional en dos monopolios privados).

Es decir, la idea del "Estado presente" no está mal. Es hasta lo deseable. Para eso nació, para garantizar que la sociedad funcione y que las relaciones que se dan en ella sean lo más constructivas y armoniosas posibles.

Por eso, se instala un serio trastorno cuando ese Estado, que fue creado para organizar de la mejor manera posible el funcionamiento del conjunto social –y la interacción entre sus actores, sectores e intereses-, invierte el juego y se convierte en el propio fin de sus acciones.

Es lo que sucede desde hace bastante en la Argentina. El Estado no aporta las soluciones, sino los problemas. Y, a partir de allí, sus "políticas activas" son apenas intentos de atenuarlos.

CASOS TESTIGOS

Un ejemplo claro es lo que los gobiernos han venido haciendo para "luchar contra la pobreza". En 1986, con 16% de pobres en la nación, el gobierno de Raúl Alfonsín implementó un programa de asistencia social que el peronismo –oposición en aquel tiempo- criticó duramente por considerarlo clientelista y electoral. Consistía en la entrega de una caja con un lote de alimentos. Esa ayuda, hoy tan naturalizada y extendida, era toda una novedad en la vida de los argentinos.

Las "cajas PAN" (por el nombre del programa, Plan Alimentario Nacional) llegaban cada mes a 5,6 millones de personas. Era una ayuda módica. A partir del estallido económico y social de 2001, el Estado se dedicó con fruición a crear nuevos instrumentos asistenciales. Los programas actuales conforman una lista tan poblada de planes que nadie podría citarlos a todos de memoria.

Los perciben 22 millones de personas, cuatro veces más que en el ’86 y once veces más que los dos millones que percibían el Plan Jefes de Hogar en 2002. Y entretanto, la pobreza, a nivel país, ya pisa a casi 40% de los habitantes, según los datos del Indec difundidos la semana pasada.

Lo realmente loco de todo esto es que los anuncios de nuevos programas de auxilio a personas pobres e indigentes se efectúan con discursos casi festivos. El Estado chocó el barco, pero el capitán y su tripulación nos invitan a aplaudir el reparto de salvavidas.

DOS REALID ADES

No es lo único que se degradó mientras la parte de la sociedad que trabaja y produce tiene que dejar cada vez más porciones de sus ingresos en pos de un progreso colectivo que se aleja más y más.

Aunque las crisis, por definición, son centralmente períodos en los que los recursos son inferiores a los necesarios y deberían ser manejados con máxima prudencia, la industria del empleo público nunca deja de estar en auge, en contraposición a lo que viven las empresas privadas, y sobre todo las pymes.

En 2011 había en el país 2,5 millones de empleados públicos, y ya por entonces se hablaba de oficinas superpobladas en la Nación, provincias y municipios. Aun así, diez años después, en 2021, los trabajadores estatales ya eran 3,3 millones.

Es decir, un incremento de casi 30%, muy por encima de la variación demográfica de la Argentina en el mismo período. ¿Y qué pasó con el empleo privado en esos mismos diez años? Cayó 5%, de 6,1 a 5,8 millones.

Otra forma de leer los números: por cada puesto de trabajo perdido en el sector privado, el Estado creó tres en sus dependencias. Algo que, por supuesto, se paga con los recursos de todos. En 2021, el "Estado presente", al conducir 34 empresas nacionales de su órbita, tuvo un déficit global de 3700 millones de dólares. Este año superaría los 4000 millones. Lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Sin contar YPF, 83% del gasto de esas empresas son erogaciones corrientes, es decir salarios y otros rubros burocráticos. El caso de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) es paradigmático: tiene gastos por 11.882 millones calculados para 2022, e ingresos por apenas 47,5 millones. Es decir que financia por sí misma apenas 0,4% de sus gastos. El resto lo financia el Tesoro. O sea, los contribuyentes.

No se trata de entrar en una discusión de "Estado sí, Estado no", tramposa desde el vamos. Pero sí de que quienes administraron, quienes administran y quienes administrarán lo que es de todos asuman de una bendita vez que lo que tienen entre manos es total y absolutamente ajeno. Y que gobernar no se trata de resolver sus adicciones al poder ni las necesidades de empleo de familiares, amigos y aplaudidores.

Se trata de escuchar a los que sostienen el conjunto, de cuidar a los que aguantan las paredes y de hacerles sentir que el amor por el lugar en el que viven les es correspondido.