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Bajar la inflación

"Para bajar la inflación soy monetarista, estructuralista y todo lo que sea necesario", dijo en 1989 el economista Adolfo Canitrot, por entonces viceministro de Economía de Alfonsín. Esta semana el Indec informó que los precios al consumidor subieron 7% en agosto respecto de julio y lo hicieron 78,5% en la medición interanual, acumulando un alza de 56,4% en los primeros ocho meses del año. Con perspectivas poco alentadoras para lo que resta del año, hoy vuelve a cobrar vigencia la frase del funcionario alfonsinista.

Los datos difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) muestran que hubo una pequeña baja en la inflación de agosto respecto a la medición que se realizó en julio, cuando se registró 7,4%, pero esa leve mejora no es suficiente para considerar que uno de los principales problemas de la economía comenzó a resolverse. Es más, existe el temor que el índice de inflación de este año llegue a los tres dígitos y si eso ocurre al gobierno nacional no le quedará mucho margen de maniobra para aplicar un programa de estabilización para bajar la inflación. Llegado el momento (si es que ese momento no es ahora) el Ministerio de Economía de la Nación tendrá que decidir entre aplicar políticas drásticas o continuar con un gradualismo que corre con la gran desventaja de no mostrar resultados en lo inmediato. Un aspecto a tener en cuenta es que en breve comenzarán a llegar las tarifas de electricidad sin el subsidio del Estado nacional a muchos usuarios y lo hará en un momento de alta inflación, con todo lo que eso significa para el bolsillo de la gente. El problema es que una alternativa frente al gradualismo es una intervención más rápida, con más impacto y por lo tanto también más dolorosa.

Algunos aseguran que el titular de Economía de la Nación, Sergio Massa, está haciendo hoy lo que haría un ministro de Economía de la oposición. Así las cosas, la pregunta es: ¿Cómo se baja una inflación que, medida a lo largo del año, puede llegar a estar cerca de los tres dígitos? Existen muchos caminos alternativos para llegar a ese objetivo, pero básicamente lo que se necesita es un acuerdo amplio de toda la dirigencia política para avanzar con las reformas estructurales que necesita la economía nacional. En marzo pasado la vocera presidencial dijo que nuestro país tiene "una economía de oligopolios, donde la formación de precios está en manos de unos pocos", y remarcó que eso contribuye a que esos pocos formadores de precios tomen decisiones unilaterales respecto a los valores de algunos productos. En rigor, tiene razón. En el país existen oligopolios en distintos sectores industriales. Por ejemplo, solo tres empresas manejan 91% de la facturación total de aceites; también son tres empresas la que concentran 98% de la oferta de aguas y gaseosas; 100% de la producción de los jugos en polvo están en manos de solo dos empresas; mientras que el negocio del azúcar está en manos de tres compañías. En el caso de las cervezas son dos las empresas que manejan el 98% del mercado; en la leche una sola empresa controla 78% del mercado y en la harina, dos firmas acaparan 82% .

Esto es algo impensable, por ejemplo, en países como Estados Unidos donde existen leyes federales (ley Sherman anti trust de 1890 y la ley Clayton de 1914) que establecen fuertes multas y hasta penas de prisión para responsables de empresas a los que se les comprueben prácticas oligopólicas que alteran las reglas del libre mercado.

Tal como se informó ayer, la región del noreste argentino registró 7,6 por ciento de inflación en agosto, superando así el promedio nacional, para alcanzar 80,4 por ciento acumulado anual. Los datos del Indec dan cuenta, además, que en todo el país hubo un alza muy fuerte en prendas de vestir y calzados, lo que no deja de ser llamativo porque son sectores beneficiados con protecciones estatales que impiden el ingreso de esos productos desde el exterior. Otro tema que preocupa es que se aceleró la suba de precios de los alimentos y eso quiere decir que el golpe más duro lo recibirán las familias más pobres, que son las que destinan más de 60% de sus magros ingresos a la compra de productos que se llevan a la mesa.

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